Milei apura la sesión por Soberanía, pero un capítulo clave se le cae en el recinto

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) ya tiene fecha en el radar: busca llevar el miércoles 18 de noviembre al recinto de Diputados el proyecto de "soberanía nacional" y quedarse con la media sanción. La aprobación en general, dicen, no corre peligro. El problema está en los detalles: hay artículos del texto que impulsa el asesor presidencial Santiago Caputo que no logran juntar los votos de los bloques aliados.

Así lo confirmaron fuentes parlamentarias: la intención del oficialismo es debatir ese día el texto, que nació de una suerte de "malvinización" momentánea del presidente Javier Milei. Tampoco se descarta que el temario sume otro tema caliente: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Los votos están, las dudas también

Según señalaron las mismas fuentes, los números para la media sanción en general del proyecto de "soberanía" están. Sin embargo, el articulado despierta reparos. Al oficialismo le hicieron llegar cuestionamientos sobre los puntos "relacionados a los alcances penales del dolo en diversas situaciones".

Desde un bloque aliado precisaron que "están trabajando sobre el capítulo 7", denominado "Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones". Ese apartado tipifica la figura del financiamiento exterior para campañas políticas y reforma el Código Penal para agravar las penas. La advertencia fue directa: "Así como está, no lo votamos".

El dictamen y la sombra de Estados Unidos

A fines de octubre, las comisiones de Defensa Nacional, de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto le dieron dictamen al proyecto, después de que el oficialismo presentara una batería de modificaciones al texto. Desde el peronismo habían sugerido que esos cambios fueron pedidos por Estados Unidos.

Esa misma semana, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, había visitado la Argentina y se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y Santiago Caputo.

Qué cambió en el texto

Entre las modificaciones se incluyó, en el régimen de sanciones para quienes exploten recursos sin autorización extranjera, garantías pertinentes para quienes desconocieran el destino ilícito de sus servicios. Un punto que beneficiaría a las compañías estadounidenses que operan en las Islas Malvinas.

También se excluyó del concepto de campañas de injerencia extranjera, clandestinas de engaño o ilicitud al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática legítima y la expresión pública atribuida de expresiones extranjeras. Además, se sumó al Ministerio de Seguridad al Consejo de Seguridad y se creó una Bicameral de seguimiento.