Milei dijo que echó 20.000 "terroristas" y una respuesta oficial lo dejó en offside

El Presidente repitió en LN+ que este año ya deportó a 20.000 "terroristas", pero un pedido de acceso a la información pública reveló que las expulsiones reales son 25 veces menos que las que dijo. La Dirección Nacional de Migraciones respondió con números que contradicen al mandatario y desnudan una cifra armada sin sustento.

La charla fue grabada y emitida por LN+. En un momento, Javier Milei le preguntó a Luis Majul si sabía cuántos "terroristas" había echado este año. "El año pasado 10 mil. Este año ya llevamos 20 mil", contestó él mismo. Majul quiso saber de qué nacionalidad eran. La respuesta: "son gente que se infiltran de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino".

El diálogo no es un invento: fue copiado de la transcripción que envió la oficina de Milei, donde el texto oficial decía "periodista" en lugar de "Luis Majul". Ningún periodista hubiera dejado pasar esa conversación sin repreguntar.

El pedido que desarmó la cifra

El Destape ya había hecho un pedido de acceso a la información pública a fines de agosto, cuando Milei habló de 10.000 deportados por terrorismo. La solicitud pedía el origen de la afirmación, estadísticas diarias, motivos de deportación, países de destino y las resoluciones judiciales que respaldaran esos casos.

La Dirección Nacional de Migraciones, a cargo de Sebastián Pablo Seoane, respondió a medias. Solo entregó estadísticas anuales de expulsiones e incidentes fronterizos. Alcanzó con eso para desmentir al Presidente.

Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, los expulsados del país fueron 744. Los incidentes de entrada, es decir, personas que no llegaron a ingresar y quedaron frenadas en la frontera, sumaron 18.947.

La diferencia es clave: para ser expulsado hay que haber estado adentro del país. Los demás nunca entraron. Los expulsados son 25 veces menos que los frenados en el ingreso. Y ni de casualidad se acercan a los 30.000 que menciona Milei sumando un año y otro.

Puede inferirse que el Presidente sumó expulsados e incidentes de entrada para redondear los 20.000. Pero el detalle de esos incidentes termina de derrumbar la falacia: la mayoría son infracciones migratorias menores, no terrorismo.

Quiénes son los que no pudieron entrar

El desglose oficial de los frenados en la frontera muestra un panorama muy distinto al que pinta Milei:

- Infracciones migratorias (falso turista, flagrancia, alertas): 8.008 personas, el 42% de los casos.
- Impedimentos judiciales (capturas, condenas): 4.566 personas, el 24%.
- Documentación falsa, adulterada o robada: 33 personas, el 0,17%.
- Residencia cancelada y rechazados: 42 personas, el 0,22%.
- Sin documentación habilitante: 6.298 personas, el 33%.

Milei habló de "gente terrorista" que se infiltra para "dinamitar el modelo argentino". Nada en los números respalda esa descripción. Aun tomando solo a los que tenían impedimentos judiciales, la cifra es un cuarto de la que dijo el Presidente. Y no hay ningún dato que los vincule con terrorismo. Delincuente y terrorista son categorías bien distintas. Turista con pasaporte vencido, ni hablar.

El Gobierno tampoco respondió sobre las resoluciones judiciales que acrediten la condición de terroristas. Todo indica que no existen.

El registro de terroristas que ya se aplica de hecho

No se trata solo de una manipulación de cifras. En el proyecto de ley de Control Social, camuflado bajo el título de Defensa de la Soberanía Nacional, hay un capítulo dedicado al registro público de personas y entidades vinculadas al terrorismo.

El artículo 114 crea el RePET y establece que la inscripción requerirá "motivos razonables para sospechar" que una persona o entidad está vinculada con actos de terrorismo o su financiamiento. El texto oficial agrega que esa incorporación "no estará condicionada a la existencia de una acción penal".

La inscripción se hará por resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF), con intervención de Cancillería, el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Inteligencia del Estado y el Ministerio de Justicia. Todos organismos que dependen del Presidente. Es decir: el Poder Ejecutivo podrá poner a quien quiera en una lista de terroristas sin que exista una causa judicial de por medio.

La ley aún no se trató en el Congreso, pero Milei ya la aplica de hecho: dice que todos los que no pudieron ingresar al país son terroristas. Su afirmación choca además con lo que declaró el jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, ante la Bicameral de Inteligencia, donde descartó la existencia de amenazas terroristas en el país. ¿Milei inventa terroristas o el jefe de la SIDE miente?

Un periodista hubiera preguntado cómo puede infundir miedo un turista con el pasaporte vencido, un estudiante extranjero con la residencia mal tramitada o un delincuente menor. También quiénes eran esos miles de terroristas, qué juez los investigó y a qué países se los deportó. Nada de eso se preguntó porque nada se podía contestar.

La misma ley de Control Social prevé penas de 5 a 12 años de prisión para quienes "procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva". En otras palabras: meter presos a periodistas que publiquen lo que el Gobierno no quiere que se sepa. ¿Incluirá publicar estos datos?