Milei dijo que presentó 60 propuestas y 180 notas por Malvinas: cuando se las pidieron, respondió con un link
Milei aseguró en cadena nacional que su gobierno presentó más de 60 propuestas y envió cerca de 180 notas por Malvinas. Cuando pidieron copia de esos documentos, la Secretaría de Malvinas respondió con un link al discurso y un argumento diplomático. ¿Qué hay detrás de esa negativa?
El presidente Javier Milei aseguró en cadena nacional que su gestión presentó “más de 60 propuestas formales” contra acciones británicas y envió “cerca de 180 notas de desaliento” a empresas y países con proyectos en las islas. Cuando un medio pidió ver esos papeles, la respuesta oficial fue un enlace al video del discurso.
El pedido lo hizo El Destape con base en la ley 27.275 de acceso a la información pública. La cartera que debía responder es la Secretaría de Malvinas, a cargo de Paola Iris Di Chiaro, y la negativa llegó sin ningún documento adjunto: solo el link a la cadena nacional y a los comunicados presidenciales.
Qué dijo exactamente el Presidente
En el anuncio de su giro discursivo sobre la cuestión Malvinas, Milei afirmó: “Durante los últimos tres años nuestro gobierno ha impulsado nuestro reclamo de soberanía a partir de la nueva relevancia geopolítica de nuestro país. Hemos obtenido 18 resoluciones y declaraciones de organismos y foros internacionales en apoyo a nuestro reclamo y presentado más de 60 propuestas formales frente a acciones unilaterales del Reino Unido”.
Más adelante sumó: “La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”.
Frente a esas cifras, la pregunta que quedó flotando es simple: si las propuestas y las intimaciones existen, ¿por qué negarse a mostrar copia?
El decreto que usan como escudo
Entre los argumentos para bloquear la entrega aparece el decreto 780/2024, con el que Milei modificó la reglamentación del acceso a la información pública. La norma establece que “las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público”.
Para el periodismo, ese cambio ya es un golpe a la transparencia: deja a resguardo cómo se toman las decisiones públicas. Pero en este caso puntual ni siquiera encaja, porque el propio Presidente habló de propuestas presentadas y de notas enviadas, no de borradores, deliberaciones internas ni exámenes preliminares.
El argumento diplomático
La excusa central que esgrimió el Ministerio fue que revelar esos documentos podría exponer la estrategia argentina. Según la respuesta oficial, la difusión “podría exteriorizar estrategias, posiciones, instrucciones, evaluaciones y líneas de negociación cuya publicidad anticipada resultaría susceptible de debilitar la posición negociadora de la REPÚBLICA ARGENTINA, condicionar el desenvolvimiento de las gestiones diplomáticas en curso y ocasionar un perjuicio concreto a los intereses nacionales”.
Di Chiaro insistió en esa línea: “la divulgación de dicha información presenta un riesgo concreto de afectar el desenvolvimiento y el resultado de las negociaciones diplomáticas actualmente vigentes y, consecuentemente, la conducción de la política exterior de la REPÚBLICA ARGENTINA y la defensa de los intereses vinculados con su soberanía”. Y concluyó que “el acceso deberá circunscribirse a aquella información que revista carácter público y cuya divulgación no comprometa los intereses señalados”.
El razonamiento deja varias dudas abiertas: ¿qué negociación secreta se pondría en riesgo si se conocieran propuestas enviadas a Londres? ¿Qué se compromete al publicar notas de intimación a empresas y Estados? Para el medio requirente, la negativa apunta en otra dirección: sugiere que esos documentos no existen.
Quién firma la negativa
La funcionaria que bloqueó el acceso, Paola Iris Di Chiaro, continúa al frente de la Secretaría de Malvinas pese a una revelación previa de Nicolás Lantos en El Destape: su participación en la formación de dirigentes, diplomáticos, intelectuales y empresarios dentro del programa Chevening, que depende del Foreign Office, la cancillería británica.