Milei gastó millones en Malvinas y espionaje: la deuda que ahoga a los argentinos

El Gobierno de Javier Milei destinó casi $80.000 millones extra a la SIDE en apenas 50 días y asignó US$142 millones para la base de Ushuaia, mientras el ajuste golpea jubilaciones, salud y educación. La cadena nacional sobre Malvinas fue un golpe de efecto que se desinfló en 72 horas, según el relevamiento mensual de Ad Hoc: el volumen de conversación sobre la causa cayó un 78% entre el viernes posterior al anuncio y el lunes siguiente.

Humo digital y el negocio detrás de la pirotecnia

La imagen de Milei en las redes acumulaba siete meses consecutivos de balance negativo al momento del anuncio. En agosto, el 55,6% de las menciones fueron negativas contra apenas 31,6% positivas. La figura presidencial además perdió volumen: de picos de más de 12 millones de menciones mensuales en la era del escándalo $LIBRA, cayó a 5,5 millones.

De esa caída surgió el manotazo a Malvinas como una causa transversal capaz de reposicionarlo en el centro de la escena. El efecto fue efímero. Así las cosas, la imagen digital mejoró apenas en los primeros días de septiembre, aunque siguió en terreno adverso: 47% de menciones negativas, 32% positivas y 21% neutras.

Diluido el efecto, quedó expuesto el negocio detrás de la pirotecnia: la reasignación de recursos para espionaje y geopolítica colonial. A horas del discurso, el Gobierno amplió el presupuesto reservado de la SIDE en $30.519 millones mediante el decreto 867/2026. Sumada a la suba de julio —con la excusa de la visita del Papa León XIV—, la agencia recibió casi $79.780 millones extra en apenas 50 días, hasta llevar su presupuesto anual a unos $176.915 millones, 82% por encima de los $97.135 millones que habían sido aprobados por el Congreso.

En simultáneo se asignaron unos US$142 millones, cerca del 30% del costo total, para acelerar la base naval integrada de Ushuaia. La obra, iniciada en 2010, apenas alcanzaba el 9,13% de avance físico en 2023 y no registró progreso durante los primeros dos años de gestión libertaria. Todavía no está definido de dónde saldrá el resto del financiamiento, aunque el ministro de Defensa, Carlos Presti, se mostró confiado en recibir aportes del tesoro estadounidense.

El interés de Estados Unidos por la base fueguina es público y notorio: el propio Milei, cuando visitó el predio en 2024 junto a la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, definió a la base como "la puerta de entrada al continente blanco" en un acto donde se entonó el himno del país norteamericano.

Por lo pronto, el gobierno ya sumó a la lista de gastos la compra de cuatro helicópteros Black Hawk a Estados Unidos por hasta US$140 millones, vía el programa de Ventas Militares al Exterior, que profundiza la dependencia logística de largo plazo con la infraestructura estadounidense.

La deuda que mata

La reasignación de partidas para espionaje y pertrechos militares expresa las prioridades de un gobierno que descarga el peso del ajuste sobre jubilaciones, salud y educación. Las consecuencias de esas políticas dejan saldos letales.

Según el Sistema Nacional de Información Criminal, 5.209 personas se quitaron la vida en la Argentina durante 2025, un 22,6% más que el año anterior. Con una tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes, el país pasó a ser el segundo de Sudamérica en la materia, detrás de Uruguay.

Un relevamiento del Observatorio de Psicología Social de la UBA determinó que el 55,91% de quienes atraviesan una crisis personal la atribuyen a problemas económicos, ingresos bajos y deudas, y que los jóvenes de 18 a 29 años son el grupo con mayor riesgo suicida, agravado cuanto más bajo perciben su nivel socioeconómico. "Es imposible una buena salud mental poblacional en un contexto socioeconómico-político desastroso", resumió el psiquiatra Santiago Levin.

Los números públicos prueban la relación directa entre el ajuste, la deuda y la crisis en salud. Según el informe ejecutivo de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), en agosto el Gobierno recortó el gasto primario un 10,2% interanual en términos reales para pagar un 60,5% más de intereses de deuda.

La subejecución golpea de lleno en las partidas sociales: Incluir Salud, el programa que cubre a personas con discapacidad, dejó sin gastar más de $135.000 millones durante 2025, y de las 90.791 solicitudes de pensión por invalidez iniciadas desde enero de 2024 apenas se resolvieron 10.374. En 2025 se ejecutó apenas el 31,2% del presupuesto en salud mental, parte de un plan de vaciamiento que se sostiene en lo que va de 2026.

Efectos políticos: la lección de Marcos Juárez

El feroz programa de gobierno tuvo un prematuro test electoral. El pasado domingo 6 de septiembre, en la localidad cordobesa de Marcos Juárez, un candidato peronista ganó la intendencia después de 53 años. Germán Font, del sello local Generación MJ, se impuso con 46,09% de los votos, 26 puntos por delante del oficialista Pedro Dellarossa. El radical filolibertario Gerardo Pasquali quedó tercero.

El peronismo celebró la unidad como clave del triunfo: detrás de Font se alinearon sectores que en la interna nacional están en guerra abierta, del cordobesismo de Martín Llaryora y el massismo, al cristinismo, el PJ tradicional y el movimiento que alienta la candidatura de Áxel Kicillof. "Marcos Juárez es el kilómetro cero de la unidad peronista" se entusiasmó un dirigente, trazando una exótica elipsis con la historia del PRO, que anotó su primer triunfo en ese distrito cuando Macri decidió extender la experiencia de CABA al país.

Una lectura más fina del resultado matiza el entusiasmo. El peronismo local venía creciendo de manera sostenida —pasó de 4.944 votos en 2014 a un techo de unos 6.200 en 2018 y 2022—, y Font logró romper el techo con 7.075 votos, pese a que la elección tuvo la participación más baja de las últimas cuatro contiendas municipales: 64,1%. El ausentismo castigó al oficialismo.

La coalición PRO-UCR, que en 2022 había retenido la intendencia con el 58% de los votos, se dividió en dos fracciones que, sumadas, ahora arañaron el 37,3% de los votos. Una sangría propiciada por reproches locales y, también, por impacto de la política nacional.

La derecha oficialista pagó consecuencias locales del ajuste mileísta: Metalfor, fabricante de maquinaria agrícola con unos 600 trabajadores y dueño referente del PRO local, acumuló deudas y embargos, y el Sanatorio Sudeste, única clínica con cobertura de PAMI en la ciudad, cerró en abril y dejó a 5.500 jubilados sin atención a menos de 120 kilómetros.

La propia oferta electoral reflejó el desgaste de las marcas nacionales: ni PRO, ni UCR, ni PJ, ni La Libertad Avanza —que había negociado una alianza que nunca se concretó— aparecieron en las boletas principales, reemplazadas por etiquetas como Generación MJ, Marcos Juárez Puede o Marcos Juárez Despierta.

Días después del triunfo, la dirigencia peronista se reunió en el hotel Savoy de Buenos Aires para homenajear a José Manuel de la Sota, fundador del peronismo cordobesista. Con el envión del triunfo reciente, el evento rebosó en optimismo de la voluntad. "Lo de Marcos Juárez demuestra que la realidad le saca votos a Milei y si nos unimos ganamos", se dijo a repetición.

Las encuestas nacionales, sin embargo, matizan el razonamiento. Según el relevamiento de Alaska y Trespuntozero la desaprobación de Milei tocó en agosto un piso histórico de 64,8%, con solo 32,2% de aprobación; el núcleo duro opositor —peronistas, kirchneristas y antimileístas— llegó a 37,7% y superó por diez puntos al núcleo duro libertario, de 27,1%.

La misma consultora ubicó a Kicillof en 39,7% de imagen positiva, segundo detrás de Cristina Kirchner, aunque registró también que el rechazo a Kicillof entre quienes votaron a Milei en 2023 llega a 85,5%. El dato sugiere que el malestar con el gobierno no migra como voto a la oposición. Se vuelca, más bien, al voto en blanco o al ausentismo.

En Marcos Juárez, la apatía electoral contribuyó al triunfo de la oposición. Pero el peronismo se equivoca si cree que sacará provecho automático del sufrimiento que provoca el mal gobierno de Milei. La unidad electoral, mantra repetido por dirigentes de todas las tribus, es condición necesaria para llegar competitivo a las urnas, pero no alcanza para ganar. La memoria reciente del Frente de Todos sigue generando rechazo en buena parte del electorado no peronista, y ese rechazo no se disuelve solo porque la gestión libertaria acumule cierres de empresas y una curva de daños sin precedentes.

La propuesta de una alternativa nítida, plausible y sustentable —por ejemplo, revertir la distribución regresiva con una reforma fiscal que se sostenga en equilibrio premiando la producción y el trabajo en lugar de la renta extractivista— puede aportar el caudal de votos que el exceso de tacticismo repele.