Milei jugó fuerte por Malvinas en Hamburgo, pero la oposición ya le marcó una jugada sospechosa
La delegación argentina se plantó en Hamburgo con un equipo jurídico de peso y un objetivo claro: frenar Sea Lion. Pero mientras la defensa se mostraba sólida, desde la oposición apuntaron a una cesión que complica el relato oficial.
La Casa Rosada llevó la pulseada por las islas a un tribunal internacional. El Gobierno de Javier Milei formalizó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) su reclamo para frenar la explotación de hidrocarburos en Malvinas por parte de compañías petroleras británicas, en un giro discursivo que busca instalar la disputa de soberanía en el terreno jurídico.
El Ejecutivo sostuvo "firmemente que el Reino Unido no puede negarse a negociar la soberanía y, simultáneamente, avanzar sobre la explotación de los recursos del territorio en disputa". La presentación se dio en el marco de la primera audiencia para escuchar los planteos de ambas partes, realizada en Hamburgo, Alemania.
La jornada de este martes dejó abierta la expectativa: se aguarda la respuesta británica y una segunda ronda de exposiciones prevista para el miércoles.
El proyecto que desvela a la Argentina
Como se anticipaba, la delegación argentina apuntó todos sus cañones contra Sea Lion, el plan que contempla una explotación petrolera durante 35 años, con 23 pozos de producción y nuevas etapas de desarrollo proyectadas."Nuestro país ha rechazado sistemáticamente las licencias y decisiones unilaterales británicas y reiteró su disposición al diálogo en agosto de este año, convocatoria que fue desestimada por Londres", remarcaron desde la comitiva.
Quiénes defienden la posición argentina
Para la misión oficial en Hamburgo, el Gobierno armó un equipo jurídico de peso. La delegación está integrada por María Ibarzábal Murphy, Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; Mario Oyarzábal, Consejero Legal de la Cancillería, en calidad de agente ante el Tribunal; la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como co-agente; y los reconocidos internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver, a cargo de la defensa jurídica, acompañados por el asesor jurídico Agustín Giustiniani.
Desde la delegación remarcaron que se trató de "una defensa jurídica sólida y contundente". Sin embargo, el frente interno no tardó en complicarse: la oposición asegura que la Casa Rosada cedió a intereses estadounidenses en la redacción de la Ley de Soberanía Nacional.
Los pasos previos del reclamo
El camino hacia el tribunal había comenzado el 28 de septiembre, cuando el Gobierno comunicó su decisión de iniciar un procedimiento de arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Ese acuerdo internacional, suscripto en 1982, contempla al TIDM entre los organismos habilitados para intervenir en disputas relacionadas con su cumplimiento.
Ya el 13 de octubre, la Argentina formalizó ante el Tribunal un pedido de medidas provisionales con el objetivo de detener el avance del proyecto petrolero Sea Lion. La iniciativa está impulsada por la compañía israelí Navitas, que concentra el 65% de la participación, y la firma británica Rockhopper, que cuenta con el 35% restante.
El plan contempla iniciar la producción de hidrocarburos en 2028, en la cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros al norte de las islas.
