Milei le puso fecha al Reino Unido por el petróleo en Malvinas: qué pasa si no responde

El Gobierno nacional lanzó este lunes un ultimátum al Reino Unido: le dio dos semanas para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Si Londres no responde, Javier Milei ya avisó que la Argentina irá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

El anuncio no es un gesto suelto. Detrás hay un mecanismo que ambos países aceptaron al ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), con plazos y reglas que explican por qué el plazo es de dos semanas y no de meses.

Por qué el primer paso no es Hamburgo

La Convención permite que cada Estado elija, mediante una declaración escrita, ante qué tribunal resolver sus controversias: el TIDM, la Corte Internacional de Justicia, un arbitraje del Anexo VII o un tribunal especial del Anexo VIII.

La Argentina eligió el TIDM como primera opción y, para temas de pesca, medio ambiente, investigación científica y navegación, un tribunal especial del Anexo VIII. El Reino Unido, en cambio, optó por la Corte Internacional de Justicia. Como las preferencias no coinciden, se activa la regla por defecto: la controversia va a un arbitraje del Anexo VII. Por eso el comunicado oficial habla de iniciar ese arbitraje y no de ir directamente a la sede del TIDM en Hamburgo, Alemania.

El vacío que activa el reloj

Un tribunal arbitral del Anexo VII no está armado de antemano: hay que constituirlo con árbitros que designa cada parte y otros de común acuerdo, un proceso que puede demorar meses.

Para cubrir ese lapso, la Convemar le da al TIDM una facultad especial: mientras el tribunal arbitral no esté constituido, puede dictar medidas provisionales para proteger los derechos en disputa. Ahí entra el plazo de dos semanas. La Convención establece que, si las partes no acuerdan en ese plazo qué tribunal dictará las medidas, puede hacerlo el TIDM. El ultimátum argentino coincide con esa ventana procesal.

Qué evalúa el Tribunal y qué no

Al conceder medidas provisionales, el TIDM no resuelve el fondo del conflicto. Solo verifica que el tribunal arbitral tendría, a primera vista, competencia para tratar el caso, sin necesidad de confirmarlo de manera definitiva. Además, en este supuesto la Convención exige que exista urgencia.

Si se cumplen esos requisitos, el Tribunal puede ordenar las medidas que considere apropiadas. Una vez constituido, el tribunal arbitral puede modificarlas, revocarlas o confirmarlas. Las partes están obligadas a cumplirlas.

El antecedente que ya jugó a favor

La Argentina ya recorrió este camino. En 2012, la fragata ARA Libertad quedó retenida en el puerto de Tema, en Ghana, por un pedido del fondo NML Capital ante la justicia local. El país inició un arbitraje del Anexo VII contra Ghana y el 14 de noviembre de ese año pidió medidas provisionales al TIDM. El 15 de diciembre, el Tribunal ordenó por unanimidad liberar el buque de forma inmediata e incondicional. Entre el pedido y la resolución pasó un mes.

Pero el caso Malvinas tiene un obstáculo que el de la fragata no tenía: la soberanía, que justamente está en disputa. La Convemar regula los espacios marítimos, no la titularidad de un territorio terrestre.

Un precedente es el de Chagos: en 2015, un tribunal del Anexo VII resolvió, por tres votos a dos, que no tenía competencia para decidir si el Reino Unido era el Estado ribereño del archipiélago, un reclamo de Mauricio. Sin embargo, ese mismo tribunal sí consideró que Londres había violado la Convención al crear un área marina protegida sin tener en cuenta los intereses legítimos de Mauricio. Ese antecedente muestra por dónde podría pasar la estrategia argentina: discutir el impacto de la explotación unilateral de recursos en una zona en disputa, más que la soberanía en sí.

El límite que la Argentina se puso a sí misma

Al ratificar la Convemar, el país declaró que no acepta los procedimientos obligatorios para tres categorías de controversias del artículo 298: las de delimitación marítima y títulos históricos, las referidas a actividades militares y de aplicación de la ley, y aquellas en las que actúa el Consejo de Seguridad de la ONU.

En 2012, en medio del caso Libertad, retiró esa excepción solo para actividades militares de buques y aeronaves de Estado. La Convención establece además que un Estado que hizo esa declaración no puede llevar una controversia de esas categorías contra otro sin su consentimiento. Por eso el reclamo argentino apunta a la explotación de recursos y no a la delimitación de espacios marítimos.

La respuesta que ya dio Londres

Del otro lado, el Reino Unido ya adelantó su postura. Tras el discurso de Milei en la ONU de la semana pasada, sostuvo que apoya el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales y que la legislación argentina no se aplica en las islas.

Si la Argentina finalmente presenta el pedido, el TIDM deberá resolver primero si el caso puede tramitarse y, recién después, si corresponde frenar Sea Lion mientras se constituye el tribunal arbitral.