Milei le puso fecha límite al Reino Unido y activó una jugada legal que puede cambiar el mapa de Malvinas

El Gobierno le puso un plazo de dos semanas al Reino Unido para frenar la explotación petrolera en Malvinas y ya activó un arbitraje internacional. Si Londres no responde, el próximo paso podría ser en un tribunal de La Haya. ¿Qué pasará si no cumple?

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Milei le puso fecha límite al Reino Unido y activó una jugada legal que puede cambiar el mapa de Malvinas
Milei le puso fecha límite al Reino Unido y activó una jugada legal que puede cambiar el mapa de Malvinas

El Gobierno nacional intimó formalmente al Reino Unido para que en dos semanas detenga la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en el marco del proyecto Sea Lion. La orden, firmada por Javier Milei, exige a Londres que adopte las medidas necesarias para "impedir el inicio o la continuación" de esas actividades en la Cuenca Malvinas Norte.

La intimación no quedó solo en palabras: el Presidente instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar un arbitraje internacional bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo declarado es frenar la explotación de hidrocarburos y evitar que se otorguen nuevos permisos sobre los recursos de la Plataforma Continental Argentina.

Si Londres no responde en el plazo fijado, el Gobierno anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar sus derechos soberanos. Según el comunicado oficial, la explotación unilateral de esos recursos es "contraria al derecho internacional" y genera un "perjuicio irreversible e irreparable".

"Se defienden con hechos, no palabras"

Tras difundir el texto, Milei publicó en sus redes sociales: "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras". En el mismo comunicado, el Ejecutivo expresó su "rechazo categórico" a la respuesta británica al discurso presidencial ante la Asamblea General de la ONU y cuestionó la denominación de "Territorio Británico de Ultramar" y el referéndum de 2013, al que calificó como unilateral y no reconocido internacionalmente.

Para respaldar su postura, el Gobierno citó la Resolución 2065 (XX) de la ONU, que reconoció la disputa de soberanía e instó a ambas partes a negociar una solución pacífica, y la Resolución 31/49, que llama a evitar modificaciones unilaterales de la situación mientras el reclamo siga vigente. Según las autoridades, el proyecto Sea Lion contraría esa norma.

"La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina", enfatizó el comunicado.

Sanciones por sobrevuelos entre Punta Arenas y Malvinas

Además de la intimación, el Gobierno informó la detección de operaciones de la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea que conecta las Islas Malvinas con Punta Arenas, Chile, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización argentina.

Por eso, Milei ordenó a los equipos de Gobierno "dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes".

El texto cierra con una advertencia: "La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e Internacional. Las Malvinas son argentinas".

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