Milei negocia con EE.UU. cambios en la Ley Malvinas y un aliado clave ya avisó que votará en contra

El oficialismo convocó a un plenario de comisiones para este martes a las 16 con la intención de firmar los dictámenes del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, pero antes debe resolver dos frentes que amenazan con complicar la jugada: las observaciones de Estados Unidos y las objeciones de sus propios aliados.

La reunión será en la Cámara de Diputados y abarcará las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, que presiden los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.

La negociación la lleva adelante la diputada oficialista Silvana Giudici, que mantiene conversaciones con los bloques cercanos al Gobierno para acercar posiciones antes del encuentro. En La Libertad Avanza creen que la reunión puede ser el último paso previo a la firma de los dictámenes, aunque todavía no hay un acuerdo cerrado.

“En cada reunión de comisiones, nosotros tenemos la intención de firmar los dictámenes”, dijo a TN una de las autoridades del plenario.

Desde el Congreso y la Casa Rosada sostienen que el tratamiento sigue activo y que el oficialismo trabaja para consensuar los cambios con los bloques dialoguistas, que ya presentaron sus propuestas.

El aliado que se planta en contra

El frente más complicado para el Gobierno es Argentina Federal, la bancada que conduce Oscar Herrera Ahuad y que tiene vínculos con los gobernadores de Misiones y Salta. Ese espacio fue clave en las negociaciones por la nueva ley de discapacidad, pero ahora mantiene reparos al proyecto sobre soberanía.

El diputado misionero Alberto Arrúa, uno de los nueve integrantes del bloque, anticipó que votará en contra de la iniciativa.

“El proyecto no se limita a proteger los recursos argentinos vinculados con Malvinas: también modifica normas de defensa, seguridad interior e inteligencia. El Gobierno obliga al Congreso a discutir la causa Malvinas junto con reformas que deberían tener tratamiento autónomo. Según la versión debatida, contempla penas de prisión de cinco a doce años vinculadas con la alteración de procesos electorales y las campañas de desinformación”, advirtió el legislador.

La reunión del martes será decisiva para saber si La Libertad Avanza logra las firmas necesarias para un dictamen de mayoría. Si no las consigue, Zapata podría convocar a un nuevo plenario, aunque el oficialismo perdería impulso político en la discusión.

Caputo redobla la apuesta

El asesor presidencial Santiago Caputo defendió la prioridad que el Gobierno le asigna al proyecto y lo ubicó dentro de su estrategia sobre la cuestión Malvinas.

“La Ley Malvinas es prioridad de este Gobierno porque la causa Malvinas como ya ha dicho el Presidente es una causa sagrada para los argentinos y ningún gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro. La mayoría de los gobernadores ya han expresado su apoyo al proyecto como así también la mayoría de los bloques aliados tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores”, afirmó.

Sin embargo, el oficialismo todavía debe resolver los cuestionamientos de sus aliados y las observaciones que llegaron desde Estados Unidos sobre el alcance de las sanciones previstas en el texto.

Qué cambios negocia el Gobierno por los planteos de EE.UU.

El viernes hubo reuniones en la Casa Rosada entre el presidente Javier Milei y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. En esos encuentros, la administración estadounidense advirtió sobre las posibles consecuencias para sus empresas de las sanciones contempladas en el primer capítulo del proyecto.

Ese apartado apunta contra las compañías vinculadas con el proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, y alcanza también a empresas asociadas con ellas en otros emprendimientos.

En paralelo, diputados libertarios mantuvieron reuniones para revisar la letra del proyecto que se llevará al plenario. Giudici y Adrián Pagán, secretario parlamentario de la Cámara baja, participaron de esos encuentros.

Entre los cambios en discusión figura una delimitación de las sanciones para otras empresas que sean operadoras directas, licenciatarias, proveedoras o accionistas de proyectos considerados ilegales por el Gobierno argentino. De esa manera, el oficialismo buscaría contemplar los planteos de la administración estadounidense, en una negociación en la que también tuvo un papel relevante el embajador Peter Lamelas.

El Consejo de Seguridad y el control del Congreso

El proyecto establece que el Consejo de Seguridad tendrá facultades para aceptar o rechazar inversiones de Estados o empresas con capitales extranjeros. Entre los cuestionamientos que aparecieron durante el debate está la posibilidad de que ese organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo, tenga un amplio margen para interpretar y aplicar la norma que apruebe el Congreso.

Aunque el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, no defendieron el proyecto ante la Cámara de Diputados, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, presentó un informe extenso ante el plenario.

Durante su exposición, anunció que el Poder Ejecutivo aceptó incorporar una Comisión Bicameral para hacer un seguimiento de las decisiones del Consejo de Seguridad. La propuesta había sido impulsada por el diputado aliado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), para garantizar la participación del Parlamento.

Según el cambio anunciado, el Poder Ejecutivo deberá informar a la Comisión Bicameral, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.

Otro de los puntos que el oficialismo prevé modificar es el artículo 111, que establece sanciones por la injerencia extranjera en procesos electorales y campañas de desinformación. La nueva redacción excluiría expresamente a los periodistas, la investigación académica y la actividad diplomática. El cambio responde a pedidos de sectores cercanos al Gobierno, como la Unión Cívica Radical, y a cuestionamientos de Unión por la Patria, entre ellos los planteados por la diputada bonaerense Agustina Propato.

Taiana apuntó contra la posición de EE.UU.

Desde Unión por la Patria, el diputado y excanciller Jorge Taiana volvió a cuestionar la política exterior del Gobierno y su relación con la administración de Donald Trump.

“Lo venimos advirtiendo hace tiempo: Estados Unidos no respalda el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Su posición de neutralidad se mantiene intacta, pese al alineamiento ciego de (Javier) Milei. El discurso malvinero del Gobierno se desmorona cuando choca con los intereses de (Donald) Trump”, afirmó.

Las críticas se suman al debate sobre el alcance del proyecto y las modificaciones que impulsa el oficialismo para conseguir el respaldo de sus aliados parlamentarios.

Villarruel volvió a hablar de Malvinas

Después de un período sin pronunciamientos sobre el tema, la vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió a la discusión en redes sociales. Ante la consulta de un usuario sobre si el debate legislativo estaba frenado, respondió: “Por eso los verdaderamente patriotas y malvineros hicimos silencio. Res non verba”. La frase en latín significa “cosas, no palabras”.

Villarruel también mantiene fijado en su cuenta de X un mensaje en el que desarrolla su posición sobre la soberanía de las islas y la memoria de los excombatientes.

“El conflicto por las Islas Malvinas admite dos tipos de consideraciones. Las políticas destinadas a su recuperación y el recuerdo de sus héroes. Respecto de la primera cuestión, sabemos y ratificamos que la única solución al conflicto que mantenemos con el Reino Unido es el diálogo bilateral por soberanía. Pero ellos se niegan. La presencia ilegal de los británicos en el Atlántico Sur es un tema que excede la necesaria discusión sobre la soberanía de nuestras islas; estamos hablando del presente y el futuro de nuestros intereses en el Atlántico Sur”, señala el texto.

Además, la gráfica de su página incluye la consigna “Las Malvinas son argentinas”, con una tipografía similar a la utilizada en la bandera que se exhibió durante el Mundial de Estados Unidos tras el triunfo argentino frente a Inglaterra.

En paralelo, el Senado nacional, a través de la Dirección Gesta de Malvinas, que depende de Villarruel, mantiene actividades de homenaje a los veteranos de la guerra del Atlántico Sur.

Con las modificaciones todavía en negociación, el plenario del martes será una instancia decisiva para el proyecto. La Libertad Avanza buscará reunir las firmas para avanzar hacia el recinto, mientras intenta compatibilizar las demandas de sus aliados con los cambios vinculados a las observaciones de Estados Unidos.