Milei no pone un peso en las represas, pero destinará casi $40.000 millones a vigilar quién las construye

El Gobierno nacional dio un nuevo paso administrativo en torno a las represas hidroeléctricas del río Santa Cruz. Mediante la Resolución 274/2026, publicada este viernes 30 de octubre en el Boletín Oficial, la gestión de Javier Milei autorizó el llamado a una Licitación Pública Nacional para contratar una consultora encargada de la inspección técnica, ambiental, contractual y administrativa de los trabajos.

El presupuesto oficial fijado para esa contratación asciende a $39.624.345.857,96. El servicio abarca los aprovechamientos hidroeléctricos La Barrancosa y la línea de extra alta tensión (LEAT), se extenderá hasta la recepción definitiva de la obra y no prevé anticipo financiero.

El cambio de comitente que habilitó la licitación

La convocatoria llega tras una modificación en el esquema de administración del proyecto. En abril de este año, el Decreto 238/2026 oficializó la salida de Energía Argentina S.A. (ENARSA) como comitente de las represas y trasladó esa responsabilidad a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que depende de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

Con ese movimiento, el organismo pasó a hacerse cargo de las funciones, derechos y obligaciones derivados de los contratos y sus adendas, además de las actuaciones administrativas necesarias para sostener el proyecto.

La medida se enmarca en el proceso de privatización de ENARSA y en la reorganización de responsabilidades sobre la obra. El mismo decreto instruyó a la Secretaría de Energía y a la empresa estatal a garantizar una transición ordenada que asegure la continuidad de las tareas.

Qué deberá controlar la consultora

La Secretaría de Obras Públicas tiene la obligación de garantizar el seguimiento y la fiscalización de los trabajos. Por eso, la resolución habilitó la contratación de servicios especializados de inspección.

La Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, había planteado la necesidad de sumar asistencia técnica para asegurar un control adecuado durante la ejecución de las obras.

La firma que resulte adjudicataria deberá intervenir en cuatro áreas: inspección técnica, ambiental, contractual y administrativa. El servicio de supervisión le dará al organismo comitente herramientas para seguir el desarrollo del proyecto.

El procedimiento se hará mediante una licitación de etapa múltiple y bajo el sistema de ajuste alzado.

Una señal sobre el futuro de las represas

Más allá de la contratación en sí, el llamado a licitación representa una señal de que el gobierno de Milei busca avanzar con el proyecto hidroeléctrico de Santa Cruz.

La medida no implica por sí misma el reinicio de las tareas de construcción ni constituye una adjudicación de nuevos trabajos a la UTE contratista. Sin embargo, pone en marcha el procedimiento para conformar el esquema de inspección y control que deberá acompañar la ejecución de la obra.

En marzo de este año, La Opinión Austral informó en exclusiva sobre la firma del acuerdo entre ENARSA y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) —integrada por Electroingeniería, China Gezhouba Group e Hidrocuyo— que permitió establecer condiciones para planificar el reinicio de los trabajos.

Ahora, con el cambio de comitente ya instrumentado y la convocatoria para contratar una consultora de inspección, Nación suma otro paso administrativo vinculado a la continuidad de las represas.

Según la normativa vigente, la convocatoria deberá permanecer publicada durante 15 días en el Boletín Oficial, con una anticipación de 20 días.