Milei planea un fondo millonario para armamento: el polémico destino del dinero por las ventas del Estado

El Gobierno de Javier Milei evalúa una iniciativa que podría destinar una parte significativa de los ingresos por la venta de activos públicos a un objetivo específico: la compra de armamento. La creación de un fondo que canalice el 10% de lo recaudado por privatizaciones y enajenación de bienes estatales para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas está sobre la mesa, en lo que marcaría un giro en la política de defensa y en el uso de esos recursos extraordinarios.

La propuesta se enmarca en lo que desde Balcarce 50 describen como una nueva etapa de la reforma del Estado, que buscan acelerar durante este año. El plan consiste en vincular directamente una porción de los recursos que ingresen por estas ventas con inversiones de capital para Defensa. El objetivo declarado es doble: reducir los activos públicos y, al mismo tiempo, reforzar la capacidad material de las Fuerzas Armadas.

¿Cómo se instrumentaría este fondo?

El Ejecutivo ya habilitó nuevas herramientas para ejecutar las privatizaciones previstas en la Ley Bases y su reglamentación. Paralelamente, la Agencia de Administración de Bienes del Estado tiene vía libre para impulsar la venta de inmuebles nacionales declarados “innecesarios para la gestión estatal”, incluyendo predios de las propias fuerzas que han estado en la mira del oficialismo.

Sin embargo, en la Casa Rosada reconocen que el punto más delicado no es la venta en sí, sino el destino de los fondos. La Ley de Administración Financiera (24.156) establece que los recursos con afectación específica deben surgir por ley, lo que genera una discusión técnica sobre la viabilidad de crear este fondo únicamente por decreto. Los asesores jurídicos del Gobierno admiten que esa ingeniería normativa todavía se encuentra en estudio.

Un antecedente clave y los proyectos en carpeta

La referencia inmediata para este debate es el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado en 2020 para financiar el reequipamiento militar. Aquella norma estableció una asignación específica, pero la Ley de Presupuesto 2026 derogó el inciso central que le otorgaba una fuente automática de financiamiento. El nuevo esquema que evalúa Milei apuntaría a llenar ese vacío y darle financiamiento a un paquete de reequipamiento que va más allá de las compras ya cerradas.

El Gobierno ya activó la incorporación de vehículos blindados Stryker para el Ejército, sostiene el programa de aviones F-16 con entrenamiento de pilotos y oficializó el financiamiento para helicópteros navales livianos para la Armada. A esto se suman proyectos abiertos por submarinos y buques, entre otras adquisiciones de alta complejidad y costo.

En la Casa Rosada realizan cálculos ambiciosos: estiman que podrían reunir entre 1.500 y 3.000 millones de dólares para nutrir este fondo en distintas etapas, siempre que logren acelerar los procesos de venta. La apuesta es que esta caja permita sostener compras de gran magnitud sin depender completamente de los ingresos corrientes del Tesoro Nacional.

El mapa de las privatizaciones que lo harían posible

Para que este fondo sea una realidad, el Gobierno necesita concretar el amplio mapa de privatizaciones previsto para 2026. En el oficialismo ubican entre los procesos más avanzados a Intercargo, Belgrano Cargas y AYSA. Correo Argentino avanza bajo un esquema de concesión, mientras que otros expedientes, como el de Nucleoeléctrica, presentan mayores demoras. Los equipos técnicos también trabajan en los planes sobre SOFSE, YCRT y nuevos tramos de Corredores Viales.

La iniciativa, que podría ser instrumentada por decreto o con una herramienta de mayor alcance normativo, refleja la intención de priorizar el gasto en defensa en un contexto de ajuste fiscal. El destino final de miles de millones de dólares provenientes del patrimonio del Estado ahora depende de una decisión que combina estrategia militar, ingeniería financiera y una profunda reforma del sector público.