Milei quiere que cada obra social fije el arancel de discapacidad: qué se esconde detrás

El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno nacional envió al Congreso incluye un artículo que cambia de raíz cómo se pagan las prestaciones para personas con discapacidad. El artículo 39 modifica el artículo 7° bis de la Ley 24.901 y elimina los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas, el arancel único que hasta ahora regía para todo el país.

Hasta hoy, ese nomenclador fijaba un mismo piso que debían respetar por igual el Estado nacional, las obras sociales, las prepagas, PAMI e Incluir Salud a la hora de pagar servicios como transporte especial, acompañamiento terapéutico, centros de día, apoyo escolar y rehabilitación.

Con el cambio propuesto, cada obra social, prepaga o jurisdicción podrá fijar sus propios aranceles. El texto sostiene que la “universalidad” de las prestaciones no implicará “la homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento entre las jurisdicciones”, sino apenas un “piso mínimo prestacional común”.

Cuando el ente obligado sea el Estado nacional, los valores los fijará trimestralmente la Secretaría Nacional de Discapacidad. Si esa determinación no se concreta en el plazo previsto, los aranceles quedarán sujetos a lo que disponga el Ministerio de Salud tomando como referencia el IPC.

Qué advierten los especialistas

La iniciativa no es nueva: ya había aparecido dentro de un proyecto anterior llamado “Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que no avanzó y ahora reaparece dentro del articulado del Presupuesto.

Organizaciones, prestadores y especialistas vienen advirtiendo sobre los efectos de esta desregulación desde que se conoció la primera versión del proyecto. El principal riesgo que señalan es que, sin un arancel de referencia nacional, los valores pasarán a negociarse directamente entre cada obra social o prepaga y cada prestador. Esa pulseada, dicen, es desigual: el financiador tiene mayor poder para imponer el precio final del servicio.

Según los propios prestadores, esa desigualdad tiene una consecuencia directa sobre la calidad de la atención. “Cuando se precariza al prestador, también se deteriora la calidad de las prestaciones”, sostienen. Y remarcan que en discapacidad los servicios no son opcionales, sino de necesidades básicas: una persona con discapacidad no puede usar cualquier silla de ruedas o cualquier insumo, todo debe estar adaptado a su necesidad.

La organización Discapacidad en Alerta Máxima planteó el riesgo de fondo en términos de acceso: “Desregular el nomenclador significa convertir derechos fundamentales en mercancías, quien tenga dinero accederá a tratamientos, quien no lo tenga quedará excluido”.

El antecedente que ya juega en contra del NEA

El sistema vigente reconoce un adicional del 20% sobre el arancel básico por “zona desfavorable”, pero ese reconocimiento se aplica exclusivamente a las provincias de la Patagonia, para compensar los mayores costos de prestación en esas jurisdicciones.

Las provincias del NEA, entre ellas el Chaco y Misiones, nunca contaron con un adicional equivalente, pese a que también enfrentan grandes distancias para acceder a tratamientos especializados y una menor disponibilidad de prestadores formados en determinadas terapias. Ese costo hoy ya recae sobre las familias en forma de traslados y tiempos de espera.

En un esquema donde cada jurisdicción o financiador fija sus propios valores sin una referencia nacional obligatoria, una provincia que ya parte de una posición más débil queda en una situación de negociación todavía más desfavorable. Menos prestadores dispuestos a trabajar por los valores que se fijen localmente puede traducirse en menos oferta de servicios privados para las familias chaqueñas, que terminarán recayendo sobre el sector público.

Un ajuste sobre un sistema ya golpeado

La reforma llega sobre una base que arrastra dificultades desde hace años. Según relevamientos del sector, las obras sociales pagan a los prestadores con demoras que en algunos casos superan los 180 días, y el nomenclador nacional estuvo prácticamente congelado durante casi dos años antes de las actualizaciones parciales aplicadas en 2025 y 2026.

Esas actualizaciones, denuncian organizaciones y prestadores, tampoco alcanzaron a recomponer el atraso acumulado frente al aumento de los costos operativos. En ese contexto, el Presupuesto 2027 no llega a un sistema estable al que simplemente se le agrega flexibilidad, sino a un esquema ya golpeado al que además se le retira la única herramienta de referencia común que garantizaba un mismo piso de derechos para las personas con discapacidad en todo el país.