Milei sumó $250.000 millones para pagar juicios de jubilados: el nuevo techo que fijó

El Gobierno nacional amplió este viernes el presupuesto destinado a cancelar las deudas previsionales que los jubilados y pensionados tienen reconocidas por la Justicia o por acuerdos administrativos. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, eleva el límite anual para esos pagos a casi un billón de pesos.

Mediante la Decisión Administrativa 26/2026, la Jefatura de Gabinete sumó $250.000 millones al tope que fija el artículo 40 del Presupuesto 2026 para afrontar sentencias judiciales, deudas administrativas y acuerdos transaccionales vinculados con reajustes de haberes. Con este refuerzo, el margen disponible en el ejercicio pasó a $962.288 millones.

Un refuerzo que se repite

El crédito original que había establecido la Ley de Presupuesto 27.798 era de $212.288 millones. En mayo, el Gobierno ya había utilizado la facultad de ampliarlo y sumó $500.000 millones, lo que llevó el límite a $712.288 millones. Ahora, con los $250.000 millones adicionales, el techo quedó un 353,3% por encima del monto inicial.

La norma explica que el incremento busca reforzar los recursos para cancelar sentencias de origen previsional reconocidas en sede judicial y administrativa, y también las deudas establecidas en acuerdos transaccionales celebrados en el marco de la Ley 27.260. El mecanismo alcanza a los retroactivos generados por ajustes en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a cargo de la ANSES.

Qué implica este nuevo límite

Que el techo haya subido no significa que los $962.288 millones se vayan a desembolsar automáticamente ni que todos los jubilados con sentencia vayan a cobrar ese monto. La decisión administrativa solo eleva el máximo que puede destinarse durante el año a cancelar esas obligaciones.

Y la diferencia importa porque el universo de reclamos previsionales excede ampliamente el margen anual. Un relevamiento del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) estimó que los juicios previsionales acumulan una deuda superior a los $3,1 billones. El mismo informe señaló que el Estado explicaba más de la mitad de los recursos que llegaban a la Corte Suprema y que la ANSES concentraba más del 90% de los conflictos estatales incluidos en ese análisis.

El nuevo límite de $962.288 millones representa una porción significativa, pero no cubre por sí solo el stock total de obligaciones judicializadas. Las cifras, además, no son estrictamente equivalentes: una cosa es la deuda acumulada por los litigios y otra el presupuesto anual que el Ejecutivo habilita para pagar.

La promesa de acelerar los pagos

El Gobierno sostiene que está apurando la resolución de estos expedientes. La ANSES informó que su nuevo esquema busca reducir el tiempo de procesamiento de las sentencias de 650 a 120 días hábiles, y que contempla un procedimiento extraordinario para actualizar los haberes de quienes ya tienen sentencia firme pero todavía no recibieron el reajuste.

Durante la gestión de Mariano de los Heros al frente del organismo, se había anunciado una modificación del procedimiento para acelerar la actualización de haberes. En ese momento, el entonces titular de ANSES reveló que existía un stock de unos 92.000 juicios y planteó un mecanismo para separar la actualización del haber mensual del pago del retroactivo. Hoy, la ANSES sostiene que las sentencias condenatorias deben cumplirse dentro de los 120 días hábiles desde la recepción del expediente, con prioridad para los casos de períodos anteriores y para los beneficiarios de mayor edad.

El aumento de los fondos para atender los fallos convive, sin embargo, con una política previsional que durante la gestión de Milei quedó atravesada por el objetivo de reducir el gasto público. En ese marco, el reconocimiento presupuestario de mayores obligaciones judiciales funciona también como una señal de los límites del ajuste cuando existen derechos previsionales que fueron reclamados en los tribunales y terminaron reconocidos por sentencias firmes.