Miles de estudiantes se metieron en la Secretaría de Educación y armaron una sentada: el pedido que nadie esperaba

Un grupo numeroso de estudiantes universitarios protagonizó este miércoles una jornada de protesta que terminó con un hecho inusual: ingresaron al edificio de la Secretaría de Educación, en el Palacio Pizzurno, y se sentaron en el piso para exigir el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

La manifestación había comenzado en la vereda, pero la tensión escaló cuando los jóvenes avanzaron hacia el interior de las instalaciones. Allí se produjeron empujones con guardias de seguridad y efectivos de la Policía Federal. Quienes consiguieron superar el cerco policial se acomodaron en el suelo y lanzaron consignas.

“Somos estudiantes de la UBA. Vamos a hacer una sentada pacífica”, corearon los manifestantes. “Queremos tener una reunión”, insistieron, según consignó La Nación. La protesta continuó con aplausos y carteles que reclamaban por el financiamiento universitario.

Los reclamos que llevaron a los estudiantes a la Secretaría

Además del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, los estudiantes pidieron un aumento de las Becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto educativo, políticas integrales de salud mental y mayores partidas presupuestarias para residencias y comedores universitarios.

La movilización se produjo un día después de que la Justicia Federal declarara inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado la aplicación de la ley.

El fallo que cambió el escenario

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 dejó sin validez el tramo del decreto 759/2025 mediante el cual el Gobierno había bloqueado la ejecución de la norma que el Congreso aprobó y ratificó tras el veto presidencial del año pasado.

El gobierno de Javier Milei había promulgado formalmente la ley, pero nunca la puso en práctica. Al igual que ocurrió con la ley de Emergencia en Discapacidad, argumentó que el Congreso había dispuesto actualizaciones salariales y presupuestarias sin especificar las partidas concretas de dónde surgirían los recursos, lo que a su criterio incumplía la Ley de Administración Financiera.

El juez Martín Cormick consideró que la estrategia del Gobierno funcionó como un “mecanismo extraconstitucional” y una instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional. En la sentencia se intimó al Gobierno a cumplir de manera inmediata la ley y a garantizar los fondos destinados a salarios docentes, gastos de funcionamiento y becas.

La gestión libertaria debe ahora reforzar fondos y recomponer los salarios del sector universitario, en un contexto de creciente presión social y judicial.