Miles de familias sanjuaninas vivieron años en casas que no eran suyas: qué pasó con las escrituras

Al asumir, la gestión provincial se topó con un problema que llevaba años sin resolverse: unas 12.000 viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) estaban adjudicadas pero nunca habían sido escrituradas. Según datos de la Asesoría Letrada de Gobierno, ya se regularizaron alrededor de 3.000 y otras 1.000 están en trámite.

La regularización dominial es el trámite legal que acredita la propiedad de una casa. Sin ese documento, miles de familias vivieron durante años con la posesión material del inmueble, pero sin respaldo formal de dominio. Si se completan los expedientes en curso, el total escriturado llegará a unas 4.000 viviendas sobre el universo inicial detectado.

Por qué la escrituración no es automática

El proceso no se limita a emitir un papel. En muchos casos hubo que reconstruir documentación, resolver cuestiones jurídicas y administrativas y destrabar situaciones que impedían la transferencia formal a los ocupantes.

Parte de esas dificultades proviene de barrios construidos o adjudicados a través de cooperativas, mutuales y asociaciones civiles, que actuaron como intermediarias en distintas operatorias habitacionales. Cuando esas entidades arrastran documentación incompleta, conflictos institucionales o pendientes legales, la regularización queda condicionada.

Por eso el avance exige la intervención coordinada de distintos organismos y profesionales para resolver cada caso antes de llegar a la escritura definitiva.

Una licitación para destrabar los casos más complejos

La Provincia informó que el IPV lanzó una licitación para contratar servicios profesionales que revisen la situación institucional, contable, fiscal y legal de esas organizaciones. Esa contratación alcanza a 1.697 viviendas repartidas en 26 barrios.

El objetivo es destrabar expedientes en los que la situación de cooperativas, mutuales y asociaciones civiles frena la transferencia definitiva de los inmuebles. El alcance de la medida confirma que la regularización no involucra solo a adjudicatarios individuales, sino también a estructuras intermedias que deben ordenar su documentación para habilitar el trámite.

Qué cambia para las familias

La regularización dominial impacta de lleno en la seguridad jurídica: permite acreditar legalmente la propiedad de la vivienda recibida. Para quienes habitan esas casas desde hace años, la escritura cierra el proceso habitacional iniciado con la adjudicación y deja el inmueble en regla para trámites posteriores.

El seguimiento del programa seguirá centrado en concluir los expedientes en trámite y resolver los casos vinculados a entidades intermedias.