Millán quiso frenar una multa de $836.154, pero un detalle del decreto lo complicó

¿Qué argumentó Millán para zafar de la multa y por qué el Gobierno lo rechazó de plano? El decreto dejó asentado un punto que la empresa no pudo discutir.

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Millán quiso frenar una multa de $836.154, pero un detalle del decreto lo complicó
Millán quiso frenar una multa de $836.154, pero un detalle del decreto lo complicó

El Gobierno de Mendoza ratificó la sanción contra Millán S.A. por haber trabado una inspección en uno de sus locales. La vicegobernadora Hebe Casado firmó el rechazo del recurso que la empresa había presentado para intentar revertir la multa, según quedó asentado en el decreto 2113.

El episodio que originó el expediente ocurrió en diciembre de 2024, cuando un inspector se presentó en un establecimiento de la firma y, de acuerdo con lo que sostiene el Gobierno provincial, no lo dejaron entrar. Ese accionar fue considerado una infracción a normas nacionales y provinciales.

Qué dice el decreto sobre la inspección

El texto oficial es contundente al describir la conducta que se le imputa a la empresa: "La obstrucción de la labor inspectiva del organismo al impedirse el ingreso del inspector al establecimiento". Y agrega un punto que pesó en la decisión: "Asimismo, se destacó que el administrado jamás alegó que el hecho de que se le impidió al inspector ingresar al establecimiento no hubiera ocurrido".

Para el Ejecutivo provincial, la sanción está respaldada por hechos que se dieron por comprobados y por las normas que se citaron en el expediente. Por eso descartó los argumentos que la empresa había llevado al recurso: falta de motivación, defectos de tipicidad, arbitrariedad y una supuesta violación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

El monto y la firma de la decisión

Con ese panorama, Casado resolvió mantener la multa tal como había sido aplicada: $836.154. La firma de la vicegobernadora cerró la vía administrativa que Millán había abierto para revisar la sanción.

La resolución deja en claro que, para la Provincia, el impedimento de ingreso al local no fue un episodio menor ni una discusión formal: lo tomó como una obstrucción concreta a la tarea de los inspectores y así lo plasmó en el decreto que ahora queda firme.

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