Minera celebró el apoyo de cuatro comunidades, pero en Peñas Negras denuncian violencia y piden que intervenga la Justicia

Un comunicado de Amalaya S.A. expuso la fractura entre las comunidades originarias del norte de Belén: mientras cuatro caciques respaldan la prospección en Aguas Calientes, la comunidad de Peñas Negras denuncia hostigamiento y falta de respuestas judiciales.

La empresa minera Amalaya S.A. difundió un comunicado fechado el 8 de septiembre en el que agradece el respaldo de las comunidades de Aguas Calientes, Carachi, La Angostura y Corral Blanco, junto a sus caciques, al trabajo de prospección que la firma desarrolla en el paraje Aguas Calientes, en Villa Vil, al norte del departamento Belén.

En ese mismo texto, la compañía relató que personal y vecinos que colaboraban en tareas de muestreo superficial fueron atacados a pedradas y con hondas lanzadas desde las alturas por un grupo de personas no identificadas, muchas ajenas a la zona, que se autodenominan de la comunidad "Peñas Negras". La firma descalificó a ese sector por carecer de existencia registral y personería reconocida.

Según el comunicado, el episodio interrumpió las tareas y dejó a una persona de Aguas Calientes herida, que fue trasladada a un centro asistencial. Personal policial se presentó en el lugar y tomó las denuncias. Amalaya S.A. anticipó que, junto a los agredidos, formalizará denuncias penales contra los responsables y subrayó que la minería "es y seguirá siendo una actividad lícita, de trascendental importancia", recordando que Catamarca sigue entre las provincias con mayor producción y exportación de minerales del país.

La versión de Peñas Negras

La comunidad de Peñas Negras sostiene una versión opuesta. El domingo 6 de septiembre, su representante legal, Andrea Morales Leanza, solicitó la intervención de la Fiscalía Penal de Belén por hechos de violencia, amenazas y hostigamiento ocurridos, según denunció, en territorio comunitario. El planteo exige medidas urgentes para resguardar la integridad física de los comuneros y que personal judicial se traslade al lugar para recibir testimonios, preservar evidencia y constatar lesiones.

La presentación también pide que se identifique a las personas que, de acuerdo con la denuncia, ingresarían al territorio sin autorización, algunas circulando en motocicletas sin identificación visible y sin exhibir orden judicial que justifique su presencia.

En diálogo con Mañana Central, de Ancasti Streaming, la abogada calificó la situación como "catastrófica" y aseguró que el territorio permanece cercado, sin posibilidad de ingreso desde Laguna Blanca. Cuestionó la validez legal de los pedimentos mineros otorgados este año por carecer de informe de impacto ambiental y de consulta previa a la comunidad indígena. Detalló que el conflicto afecta directamente a unas 36 familias de Peñas Negras y, junto a la vecina comunidad salteña de Jasimaná, a alrededor de 1.000 personas.

Morales Leanza dijo haber presentado el reclamo ante la Fiscalía de Belén, con copia al Fiscal General y a la Procuración de la Corte, sin obtener acompañamiento ni la custodia policial que pidió para transitar la ruta habitual. Por ese motivo, terminó ingresando al territorio por la localidad salteña de Jasimaná.

Un diálogo que no se cierra

El cacique Bernardo Gutiérrez, de la comunidad de La Angostura —una de las cuatro que respaldan a Amalaya S.A.—, contó que se había gestionado una reunión entre caciques, autoridades municipales y el Ejecutivo provincial para el domingo pasado, mediada por el delegado municipal de Villa Vil. El encuentro se canceló a último momento porque el "cacique Sebastián", en alusión al referente que impulsa el reclamo, rechazó el diálogo.

Gutiérrez insistió en los reclamos históricos de su comunidad: caminos, energía eléctrica y un colegio secundario propio en Aguas Calientes. Además, evitó avalar las denuncias de represión policial: dijo haber visto a la distancia gritos entre ambos sectores y a la Policía acercarse para bajar la tensión.

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Juan Carlos Ledesma, coincidió en el diagnóstico de una comunidad dividida. Explicó que en la zona hay cinco comunidades originarias con personería jurídica reconocida, todas favorables a la minería, mientras que el sector que protesta sería una escisión de una de ellas. El legislador remarcó que esa comunidad corta no solo el tránsito de camiones, sino también el paso de trabajadores que, subrayó, pertenecen a su vez a comunidades originarias de otras localidades de la provincia.

Sostuvo que, de acuerdo con lo que averiguó con las autoridades, no se registraron episodios de violencia ni disparos, aunque de todos modos solicitará informes al área de Seguridad provincial. Llamó a "conversar, dialogar y tratar de aunar criterios" para alcanzar un punto intermedio y remarcó que en toda negociación "tienen que ceder ambas partes".