La Nación tocó el RIGI y muchos proveedores sanjuaninos temieron perder terreno. Pero la letra chica del decreto no roza la norma que fija el 80% de empleo local y el 60% de compras a firmas de la provincia.
El Gobierno nacional modificó los requisitos para que una empresa sea considerada proveedora argentina dentro del RIGI y en San Juan se encendieron las alarmas entre las compañías del sector. El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, salió a llevar tranquilidad y aseguró que la ley provincial que fija metas de contratación local sigue intacta.
La modificación quedó establecida mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial. La norma eliminó la exigencia de que al menos el 51% del capital o de los votos de una empresa estuviera en manos de titulares con domicilio fiscal en el país.
Desde ahora, alcanza con que una compañía esté constituida y domiciliada en Argentina para ser considerada proveedora nacional, sin importar el origen de sus dueños ni de su capital.
Qué implica el cambio en la práctica
En los hechos, las filiales argentinas de empresas extranjeras podrán contabilizarse dentro del cupo de contratación nacional que se exige a los proyectos adheridos al régimen. Así, las firmas de capital argentino deberán competir también con esas compañías por una porción del mercado que antes tenía requisitos más restrictivos.
Perea buscó diferenciar los alcances de la normativa nacional de las herramientas que San Juan desarrolló para impulsar la participación de sus empresas y trabajadores en la actividad minera.
“El Decreto 1366/2026 es una norma nacional: ajusta quién puede contarse como proveedor argentino dentro del cupo del 20% que exige el RIGI en todo el país, pero no toca ni reemplaza la herramienta que San Juan construyó para sus propios proveedores”, explicó el funcionario.
El ministro recordó que el compromiso de contratación nacional previsto en el RIGI continúa siendo del 20% de las compras de bienes y obras, tanto durante la construcción como en la operación de los proyectos, siempre que exista oferta nacional en condiciones de mercado.
Lo que cambia es qué empresas pueden contabilizarse dentro de ese porcentaje, no la obligación de contratación establecida para los proyectos. Perea remarcó, además, que ese cupo nunca estuvo destinado específicamente a San Juan, sino que comprende a proveedores de todo el territorio argentino.
“Este cambio no te saca nada. Es un ajuste administrativo en una norma nacional; no modifica ni un punto de la meta que San Juan se puso para que la minería deje trabajo y proveedores locales”, sostuvo.
La herramienta provincial que sigue vigente
El titular de Minería destacó que la principal herramienta provincial para garantizar la participación local sigue siendo la Ley 2827-M, que establece metas propias para los proyectos mineros. La normativa contempla un 80% de empleo sanjuanino y un 60% de compras a proveedores sanjuaninos, tomando como referencia para estas últimas a las empresas inscriptas en el Registro Provincial de Proveedores Mineros (RE.PRO.MIN.).
Según explicó Perea, la modificación nacional no altera estos objetivos ni el funcionamiento del registro provincial.
“La ley provincial, con sus metas de 80% de empleo sanjuanino y 60% de compras a proveedores inscriptos en el RE.PRO.MIN., sigue intacta y es la que realmente protege al proveedor local”, afirmó.
El ministro también adelantó que la reglamentación de la ley provincial se encuentra en su etapa final y será publicada próximamente, un paso necesario para que el régimen quede en condiciones de aplicarse.
Más competencia a nivel nacional, sin cambios en lo provincial
La nueva definición de proveedor argentino tiene consecuencias para la competencia dentro del RIGI. Proyectos de gran escala, como Vicuña, podrán computar dentro del cupo nacional del 20% contrataciones realizadas con filiales argentinas de empresas extranjeras.
Esto implica que las compañías de capital nacional pierden la reserva que anteriormente les otorgaba el requisito de composición accionaria y deberán competir con un universo más amplio de proveedores.
No obstante, desde la perspectiva del Gobierno sanjuanino, esa modificación no debe confundirse con las disposiciones provinciales destinadas a promover el desarrollo de empresas locales.
“No hay que mezclar dos normas distintas. Una cosa es el piso nacional del RIGI, del 20%, para todo el país, nunca segmentado por provincia; otra es la ambición de San Juan, del 80/60, con registro propio”, concluyó Perea.