Misiones busca aliviar el bolsillo de las familias: proponen un plan para refinanciar deudas

El diputado provincial Cristian Castro (PAYS) presentó un proyecto de ley para crear un programa de desendeudamiento familiar en Misiones. La iniciativa apunta a refinanciar, reestructurar o cancelar deudas de consumo de los residentes más vulnerables.

¿En qué consiste el Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar y Personal?

La propuesta, ingresada en la Cámara de Representantes, establece un mecanismo para que los misioneros con problemas financieros puedan consolidar sus deudas en un único crédito. Ese nuevo préstamo estaría destinado exclusivamente a cancelar o reestructurar los compromisos existentes, y no podría utilizarse para generar nuevo consumo.

El programa alcanzaría a personas con domicilio real en Misiones cuyos ingresos no superen los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, deberán acreditar que sus obligaciones financieras representan al menos el 30% de sus ingresos mensuales netos y que se encuentran en situación de sobreendeudamiento, mora o riesgo de mora.

¿Qué deudas podrían incluirse?

Entre las deudas que podrían incorporarse se encuentran los préstamos personales bancarios, saldos de tarjetas de crédito, créditos otorgados por compañías financieras, mutuales, cooperativas y otras entidades crediticias legalmente habilitadas. También contempla las obligaciones que se descuentan directamente de cuentas bancarias o haberes, en particular los préstamos instrumentados mediante códigos de descuento para empleados de la Administración Pública Provincial, organismos descentralizados y entes autárquicos.

Condiciones financieras del nuevo crédito

La iniciativa fija condiciones financieras mínimas para los créditos otorgados dentro del programa. Entre ellas establece una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35%, un plazo de devolución no inferior a 24 meses y un sistema de amortización mediante cuota fija.

También propone eliminar gastos administrativos, comisiones de otorgamiento y cargos de intermediación, además de permitir la cancelación anticipada total o parcial sin penalidad. Otro punto incluido es la prohibición de capitalizar intereses moratorios, punitorios o gastos durante la vigencia del nuevo crédito.

Protección de los salarios

El proyecto presta especial atención a los trabajadores cuyos préstamos son descontados directamente de sus haberes mediante códigos de descuento. En esos casos, la refinanciación podría implicar la sustitución, reducción o cancelación de los códigos existentes. La nueva cuota, según establece la propuesta, deberá ser inferior a la carga financiera que sustituye y respetar los límites de afectación de haberes que determine la reglamentación.

Castro plantea que el mecanismo debe evitar que los descuentos comprometan los ingresos necesarios para cubrir las necesidades esenciales del trabajador y su grupo familiar. La iniciativa también prevé condiciones especiales de acceso para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, familias con niños, niñas o adolescentes a cargo, trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo y personas que hayan sufrido una reducción significativa de sus ingresos.

Banco Macro y otras entidades

El proyecto propone que Banco Macro, en su carácter de agente financiero de la Provincia, sea invitado prioritariamente a participar del programa. La Autoridad de Aplicación, que sería el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, quedaría facultada para celebrar convenios con el banco y establecer líneas especiales destinadas a cancelar, refinanciar o reestructurar las deudas alcanzadas.

También se habilitaría la adhesión de otros bancos, compañías financieras, mutuales, cooperativas y entidades crediticias. Las entidades participantes deberían ofrecer condiciones equivalentes o más favorables a las previstas por el programa y cumplir con requisitos de información, transparencia, control y auditoría.

Exención de Ingresos Brutos

Otro de los puntos centrales de la propuesta es la creación de un régimen fiscal especial para las operaciones realizadas dentro del programa. El proyecto plantea eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los intereses, comisiones y demás conceptos financieros generados por los créditos destinados exclusivamente a cancelar, refinanciar, reestructurar o sustituir las deudas comprendidas.

El beneficio alcanzaría a Banco Macro y a las demás entidades que adhieran al programa, pero estaría condicionado a que el ahorro fiscal sea trasladado a los beneficiarios mediante una reducción efectiva del costo financiero y de las cuotas. Además, se establece que las entidades no podrán compensar la exención aumentando tasas, comisiones, seguros, gastos administrativos u otros cargos.

Los datos que fundamentan la iniciativa

Para fundamentar la iniciativa, Castro cita datos del Banco Central de la República Argentina sobre la evolución de la morosidad de las financiaciones destinadas a las familias. Según el proyecto, la irregularidad pasó del 10,6% en enero de 2026 al 12,8% en mayo, con un crecimiento sostenido durante esos meses. Los fundamentos señalan además que el deterioro estuvo impulsado principalmente por los préstamos personales.

El diputado también incorpora información sobre los créditos no bancarios y menciona que, en febrero de 2026, la irregularidad de los préstamos destinados a la compra de electrodomésticos alcanzó el 44,3% a nivel nacional. En el caso de Misiones, el proyecto cita un informe publicado en junio de 2026 sobre la base de datos de la Central de Deudores del BCRA, según el cual el 30,5% de los deudores misioneros registra atrasos superiores a 90 días, por encima del promedio nacional estimado en 26,9%.

El documento también menciona que la Provincia cuenta con un límite del 39% para los descuentos por préstamos aplicados sobre los haberes de empleados públicos y jubilados, y sostiene que esa medida constituye un antecedente que evidencia la necesidad de avanzar hacia un esquema más amplio de refinanciación.

Control y seguimiento

La propuesta establece que el Poder Ejecutivo podrá asignar recursos presupuestarios al programa y desarrollar mecanismos de fondeo, garantías, subsidios de tasa y bonificaciones destinados a reducir el costo de las operaciones. Además, se crearía un Registro Provincial de Entidades Adheridas, mientras que la autoridad de aplicación debería realizar controles periódicos sobre los créditos otorgados.

El Ministerio de Hacienda también tendría que presentar a la Cámara de Representantes un informe semestral con datos sobre la cantidad de beneficiarios, monto de las deudas refinanciadas, operaciones realizadas, códigos de descuento sustituidos o cancelados, tasas aplicadas, costo financiero total promedio, entidades adheridas, distribución territorial y recursos públicos destinados al programa. El plazo para solicitar el acceso no podría ser inferior a 180 días corridos desde la implementación, con posibilidad de prórroga por parte del Poder Ejecutivo.