Misiones: quieren que las chatarrerías rindan cuentas por cada cable que compran

El diputado Martín Arjol presentó un proyecto de ley que busca ponerle un freno a un negocio que golpea directo a los servicios esenciales: la venta de cables y metales robados como si fueran material de descarte. La iniciativa propone un sistema de trazabilidad para todos los metales no ferrosos que se compran, acopian, comercializan o reciclan en la provincia.

El objetivo es claro: dificultar que los materiales que salen de hechos delictivos vuelvan a entrar al circuito comercial. El proyecto alcanza a chatarrerías, recuperadoras, recicladoras, depósitos, metaleras y cualquier establecimiento que compre, reciba, venda, acopie, almacene, reduzca, funda, transforme o recicle este tipo de metales.

La lista de materiales incluidos es amplia: cobre, aluminio, estaño, plomo, níquel, zinc, bronce y latón, entre otros. También quedan comprendidos los metales que forman parte de cables, piezas y componentes de infraestructura.

Un registro único para toda la provincia

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación del Registro Provincial de Operadores de Metales No Ferrosos. Allí deberán inscribirse todos los que desarrollen estas actividades con fines comerciales o industriales. El registro será único para toda la provincia y dependerá del Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, a través de la Subsecretaría de Comercio e Integración.

Además, cada compra o recepción de materiales deberá quedar asentada con los datos del vendedor o “entregante”, la descripción y cantidad del material, la procedencia declarada, el precio y la documentación respaldatoria cuando corresponda. Esa información deberá conservarse durante cinco años y quedar disponible para las tareas de fiscalización.

El control especial sobre cables y medidores

El proyecto pone la lupa sobre aquellos elementos que, por sus características, pueden provenir de infraestructura pública o de servicios esenciales. Cables y conductores eléctricos o de telecomunicaciones, transformadores, medidores, elementos de alumbrado público, componentes de redes eléctricas, telefónicas o de saneamiento, tapas, rejillas y elementos de señalización, entre otros, solo podrán ser adquiridos o comercializados cuando se acredite su legítima procedencia.

Para estos casos no alcanzará con una manifestación verbal sobre el origen del material. Deberá existir documentación que respalde la procedencia y, además, incorporarse al registro al menos una imagen que permita individualizar sus principales características.

La iniciativa también obliga a los operadores a verificar la identidad de quienes entregan los materiales, conservar la documentación respaldatoria y mantener correspondencia entre lo registrado y las existencias que efectivamente se encuentren en los establecimientos.

Atacar un eslabón clave de la cadena

Con estas herramientas, Arjol busca atacar uno de los eslabones que permite que los elementos robados se vendan como material de descarte o reciclaje, generando perjuicios sobre los servicios esenciales y sobre toda la comunidad. La propuesta apunta a establecer mayores controles sobre el circuito de comercialización y reciclado de metales, con herramientas de trazabilidad que permitan conocer de dónde provienen los materiales y evitar que bienes sustraídos de redes eléctricas, telecomunicaciones o infraestructura urbana terminen en el mercado formal.

El proyecto fue presentado la semana pasada y se analiza en la Comisión de Comercio, Industria, Derecho de Usuarios y Consumidores y Turismo.