La reforma ya tiene fecha de arranque, pero no mira hacia atrás: las 16 empresas del Estado empezarán a rendir cuentas desde 2027 y lo que pasó antes no se revisa. Qué dijo Bianco sobre las multas y el patrimonio de los responsables.
El Tribunal de Cuentas de Misiones ya trabaja en la letra chica de una norma que cambiará la manera en que se vigila la plata pública provincial. La modificación de la Ley Orgánica del organismo, impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua y aprobada por unanimidad en la sesión del 29 de octubre, incorpora al control a 16 empresas y sociedades con participación estatal, tanto provincial como municipal.
La puesta en marcha está fijada para el 1° de enero de 2027. Así lo confirmó la presidenta del Tribunal de Cuentas, Fabiola Bianco, quien explicó que el trabajo de reglamentación está en marcha y que la normativa interna podría estar lista en los próximos días.
Qué cambia con la reforma
Bianco detalló que la fiscalización se adaptará a la naturaleza jurídica de cada entidad. Si una sociedad recibe un aporte no reintegrable del Estado provincial, el Tribunal lo tratará como un subsidio y exigirá una rendición de cuentas compatible con el destino que fijó la norma que otorgó esos recursos.
El otro punto que preocupa al organismo es no interferir con la ley 19.550, que regula el funcionamiento de las sociedades comerciales. "Lo que sí vamos a tener muchísimo cuidado es no lastimar la normativa de fondo", sostuvo Bianco, y aclaró que esas empresas ya cuentan con órganos propios de control interno y externo, como la sindicatura.
La funcionaria anticipó que será necesario capacitar a los presidentes y responsables financieros de las sociedades, que deberán inscribirse en el portal de cuentadantes, igual que ya lo hacen los responsables de los tres poderes, los municipios y las personas físicas o jurídicas que reciben aportes del Estado.
Sin retroactividad y con antecedentes
La fiscalización alcanzará las cuentas ejecutadas desde enero de 2027 en adelante, sin efecto retroactivo. "Las normas no son retroactivas", remarcó Bianco, y agregó que la diversidad de cierres de balance de cada sociedad obligará a coordinar los tiempos de control.
De todos modos, el Tribunal no llega a esta etapa sin experiencia previa. Desde 2018-2019, el organismo realiza auditorías sobre todas las sociedades del Estado bajo un plan anual aprobado por norma propia. El procedimiento incluye el pedido de documentación, el análisis de esa información y un informe final con observaciones cuando corresponda.
"Ahora cambia sustancialmente dado que a la norma de la ley orgánica del tribunal se incorporan las sociedades para el control", explicó la titular del organismo.
Multas, cargos patrimoniales y la experiencia con el BID
Consultada sobre las sanciones, Bianco aclaró que el Tribunal aplica multas ante incumplimientos formales, pero que la cuestión central es otra: el cargo que se le imputa al responsable y que equivale a la indemnidad del Estado. Es decir, si el dinero no se destinó al fin previsto, quienes rindieron cuentas deben responder con su propio patrimonio, tal como ocurre hoy con los tres poderes, los municipios y los beneficiarios de aportes provinciales.
"La indemnidad es el principio", afirmó. Y sumó: "Rendir cuentas es una obligación principalísima", una herramienta que consideró esencial para el Estado de derecho y la democracia.
El organismo también llega fortalecido por su paso por organismos internacionales. Bianco valoró los cuatro meses de monitoreo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que derivaron en una calificación positiva y en la posibilidad de auditar los recursos que la provincia reciba en concepto de programas para áreas de gobierno. El primer desembolso del BID llegaría el año próximo, tras el convenio que el gobernador suscribió con el ministro Luis Caputo.
Con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), en tanto, la provincia recibió dos programas: uno vinculado a ecología, cuyo informe de auditoría ya fue emitido, y otro de la línea 32, que aún está en preparación.
