Misiones ya dejó de dar la cena en una facultad: el Presupuesto 2027 lo pone peor

El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 volvió a poner a las universidades públicas contra la pared, y en la Universidad Nacional de Misiones la discusión ya no es teórica. La Facultad de Ciencias Económicas dejó de brindar el servicio de cena, redujo a la mitad el comedor y recortó partidas de investigación, congresos, fotocopias, limpieza y mantenimiento. Y el nuevo ejercicio, según su decano, no trae alivio.

Horacio Simes, decano de esa unidad académica, lo planteó sin vueltas en diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones: "Nos deja quizás incluso peor que la situación actual en términos del funcionamiento que requerimos o de los fondos que necesitamos para funcionar como universidades nacionales".

La comparación que explica la brecha

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había pedido para el Presupuesto 2026 un mínimo de $7,32 billones. El proyecto oficial contempla para 2027 alrededor de $7,35 billones: casi la misma cifra nominal un año después. El CIN, en cambio, calcula que el sistema necesitará $11 billones el próximo ejercicio.

"El sistema universitario estaría requiriendo en este momento alrededor de 11 billones de pesos, con lo cual estamos más de un 30% por debajo de las previsiones", sostuvo Simes. El propio CIN planteó esta semana ante diputados y senadores que la cifra oficial queda aproximadamente 33% por debajo de lo solicitado.

"Nos hemos achicado en todo lo que hemos podido"

La Facultad ya venía ajustando desde antes. En agosto había informado que la insuficiencia presupuestaria la obligó a disminuir servicios para sostener el funcionamiento cotidiano. "Ya hemos ajustado algunos servicios, como el comedor. Quizás fue el de mayor impacto porque dejamos de brindar la cena y reducimos a la mitad el comedor", recordó el decano.

La cadena sigue con recortes menos visibles: menor participación de docentes e investigadores en congresos y eventos, menos gastos de fotocopias y limpieza, y postergaciones en infraestructura. "Nos hemos achicado en todo lo que hemos podido", resumió.

El mantenimiento edilicio empieza a mostrar las consecuencias, mientras las partidas extraordinarias para tecnología, equipamiento y obras dejaron de llegar con la regularidad de otros períodos. Aun así, los calendarios académicos se cumplen: "Hacemos un gran esfuerzo toda nuestra comunidad para sostener las actividades", destacó.

El 90% se va en salarios

Simes explicó que alrededor del 90% de los recursos del sistema se destina a salarios, por lo que el margen para absorber restricciones se concentra en funcionamiento, investigación, extensión e infraestructura. Tras los acuerdos de este año, los ingresos de docentes y no docentes siguen alrededor de 30% por debajo del poder adquisitivo de fines de 2023. Los informes del CIN habían calculado en marzo una pérdida salarial del orden del 32% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026.

En junio, el Gobierno y las representaciones universitarias acordaron una actualización de la masa salarial del 24,33% en tramos, mientras el CIN mantiene el reclamo por la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario. Simes agregó que sigue pendiente una recomposición comprometida para gastos de funcionamiento.

Cuando el ajuste llega a la ciencia

El decano remarcó que una universidad pública no solo dicta clases: investigación, extensión y vinculación tecnológica son funciones esenciales que quedan relegadas cuando los fondos se reducen. "También nos ha llevado a ajustar las partidas vinculadas a investigación y extensión", explicó, y advirtió que el sistema público realiza una parte sustancial de la investigación científica del país.

Su conclusión es que el argumento fiscal no alcanza para explicar el nivel de restricción: la inversión universitaria y científico-tecnológica local, medida sobre el Producto Bruto Interno, permanece por debajo de los niveles de economías desarrolladas.

Una ley vigente que todavía está en disputa

La discusión de 2027 se superpone con un conflicto no resuelto: la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La Justicia ordenó al Poder Ejecutivo aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la recomposición salarial y con programas de becas; la Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó la cautelar y la Corte Suprema dejó firme esa decisión.

"Estamos a la espera de que el Gobierno nacional cumpla con lo dispuesto por el Congreso", señaló Simes, para quien esa es la urgencia inmediata. "Ya llevamos casi 330 días; 35 días más y será un año", expresó.

El costo de estudiar también expulsa alumnos

El deterioro del ingreso familiar golpea la permanencia estudiantil: alquiler, alimentación y transporte pesan más en los hogares mientras los salarios no acompañan. La Facultad amplió formatos híbridos de cursado para que algunos estudiantes reduzcan traslados o trabajen sin abandonar la carrera, y destacó herramientas provinciales como el Boleto Estudiantil Gratuito y distintas becas.

Pero Simes admitió que ya perciben una reducción en la cantidad de alumnos. Medirla es complejo: un estudiante no presenta renuncia, simplemente deja de cursar y recién después cambia su condición administrativa. "Recién con una perspectiva de dos años podemos ir haciendo algunas evaluaciones", explicó.

Octubre puede traer una quinta Marcha Federal

Ante la falta de respuesta, el sistema universitario analiza nuevas medidas. Simes confirmó que se trabaja en una quinta Marcha Federal Universitaria, probablemente en octubre, impulsada por las representaciones gremiales en reclamo de mejoras salariales, mayor presupuesto y cumplimiento de la ley.

El decano pidió que el reclamo no se lea como una disputa corporativa: "No estamos defendiendo privilegios". Para él, lo que está en juego es sostener una institución que funciona como puerta de entrada a la educación superior para amplios sectores, algo con particular peso en Misiones, donde muchos estudiantes son la primera generación universitaria de sus familias.

Mientras el Congreso inicia el tratamiento del Presupuesto 2027, la UNaM llega a esa discusión después de haber hecho buena parte de los ajustes que estaban a su alcance. El dato que resume la preocupación es concreto: el proyecto propone para 2027 casi la misma cantidad nominal de recursos que el sistema consideraba necesaria para empezar 2026, cuando las necesidades actuales ya se calculan en $11 billones.