Molino Fénix: cuatro nombres nuevos en la causa y una cifra que todavía puede crecer

La investigación por el presunto desvío de fondos públicos en el Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes volvió a moverse. La Fiscalía sumó cuatro sospechosos y el expediente ya reúne a diez personas investigadas, en una causa que apunta a la administración del organismo cultural durante la gestión anterior.

La decisión la tomó el fiscal adjunto Marcelo Palacio el viernes 16 de octubre. Los nuevos involucrados fueron notificados formalmente de su condición conforme al artículo 38 del Código Procesal Penal de San Luis, un paso inicial dentro del proceso.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que habría existido una estructura organizada para usar bienes, recursos y fondos estatales en beneficio propio, de terceros y para actividades políticas. El perjuicio estimado hasta ahora ronda los $900 millones, aunque la cifra es provisoria porque las pericias contables siguen abiertas.

Quiénes son los cuatro nuevos sospechosos

La Fiscalía N° 3 identificó a las cuatro personas que se incorporan a la causa:

Mauro Gustavo Aguilar, comerciante de la ciudad de San Luis, investigado como presunto coautor de asociación ilícita y fraude a la administración pública.

Carlos Jalid Ismael, vinculado a tareas contables dentro del Molino Fénix, sospechado de participar en maniobras de administración fraudulenta.

Germán Lunardi, relacionado con el área de mantenimiento del complejo, investigado por presunto peculado y destrucción de elementos probatorios.

Hugo Orlando Escudero, también ligado al mantenimiento, señalado por los mismos presuntos delitos que se le atribuyen a Lunardi.

La notificación es apenas el comienzo para estas personas. Falta que la Fiscalía pida las audiencias de formulación de cargos, donde deberán precisarse las acusaciones y garantizarse el derecho de defensa.

Lucero y otros dos acusados siguen detenidos

El expediente tuvo su punto más alto el 24 de agosto, cuando el juez de Garantía N° 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, dictó la prisión preventiva de la exdiputada provincial Anabela Lucero, su hermano Enzo Lucero y su cuñado Exequiel Scarel.

Los tres quedaron tras las rejas después de una audiencia en la que se ampliaron las acusaciones por presunta asociación ilícita, administración fraudulenta y ocultamiento o destrucción de evidencia. Para la Fiscalía, habrían armado una estructura destinada a disponer de manera irregular de recursos del Estado provincial.

El diputado Joaquín Beltrán, pareja de Lucero, también está señalado como presunto jefe de la organización. Su caso tiene una particularidad: los fueros parlamentarios impiden avanzar con una detención preventiva mientras no se resuelva el desafuero.

Otro imputado, Diego Torres, cumple arresto domiciliario y ya declaró en la causa.

Facturas falsas y cheques para sacar fondos

La pesquisa también alcanzó al empresario Cristian Becher, detenido en septiembre y luego bajo prisión preventiva. Según la acusación fiscal, habría usado su estructura empresarial y distintas sociedades para facturar servicios que nunca se prestaron y cobrar cheques emitidos desde el organismo público.

Los investigadores creen que esas operaciones podrían haber permitido retirar fondos del Molino Fénix y ocultar su destino. Para reconstruir el recorrido del dinero, la Fiscalía revisa documentación administrativa, movimientos bancarios, comprobantes de pago y registros contables.

La participación de personas de las áreas de contabilidad y mantenimiento abre una nueva línea para determinar cómo se habrían ejecutado y encubierto las maniobras.

El monto del perjuicio, bajo la lupa

Uno de los ejes centrales del expediente es establecer cuánto daño se le causó al patrimonio provincial. La estimación fiscal ronda los 900 millones de pesos, pero el número podría cambiar cuando terminen las pericias contables.

La Fiscalía de Estado, que representa los intereses patrimoniales de la Provincia, busca determinar el destino de los recursos y la responsabilidad que eventualmente le corresponda a cada involucrado.

Los hechos investigados, según la acusación, habrían ocurrido entre 2020 y 2023, durante la administración del complejo cultural y la Casa de la Música. Los fiscales también intentan establecer si parte del dinero público se usó para financiar actividades ajenas al funcionamiento institucional.

La semana que define las detenciones

La ampliación de la causa llega en un momento clave: el 24 de octubre vence el plazo de dos meses de prisión preventiva dispuesto el 24 de agosto contra Lucero, su hermano y Scarel.

Por eso el Ministerio Público Fiscal deberá pedir una prórroga si quiere que los acusados sigan detenidos mientras avanza la investigación. El fiscal José Olguín anticipó que solicitará una extensión de 60 días, aunque la última palabra la tendrá el juez interviniente.

En paralelo, las defensas mantienen planteos sobre la validez de algunas acusaciones y sobre la competencia del juzgado que tramita la causa.

Qué viene ahora

Con los cuatro nuevos sospechosos, el expediente del Molino Fénix llega a diez involucrados y sigue sumando líneas de investigación sobre el manejo de recursos públicos.

Los próximos pasos son la formulación de cargos, la resolución de las medidas cautelares y la finalización de las pericias contables. La Fiscalía busca reunir los elementos necesarios para una eventual elevación a juicio.

Por ahora, todos los involucrados mantienen la presunción de inocencia y las responsabilidades penales deberán definirse por las resoluciones judiciales correspondientes.

La causa se sostiene como una de las investigaciones por presunta corrupción de mayor impacto económico y político en San Luis, tanto por el monto del perjuicio denunciado como por la participación de exfuncionarios y dirigentes provinciales.