Montaron una "aduana" a orillas del Bermejo: cobraban por cada vehículo y bulto, pero un detalle los delató
Una finca a orillas del río Bermejo escondía una "aduana paralela" que movía casi 3 mil millones de pesos. La fiscalía contó cómo funcionaba, pero hay un dato que todavía no se conoce.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta comenzó este martes el juicio contra 12 personas acusadas de integrar una organización dedicada al contrabando de importación que operaba en una finca a dos kilómetros de Aguas Blancas, sobre la ruta nacional 50, con salida directa al río Bermejo. La causa la lleva la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, a cargo del fiscal Marcos Romero.
Los imputados están señalados como miembros de una asociación ilícita, con funciones organizativas y logísticas, y como partícipes necesarios del delito de contrabando de mercadería agravado por el número de intervinientes y por el monto. Los hechos ocurrieron en distintas fechas entre julio y agosto de 2025.
La lista de acusados la integran José Luis Segundo Suárez, Francisca Milagro Cardozo, Jorge Miguel Cardozo, Carmen Janette Cardozo, Gladys Gloria Salazar, Pedro Abel Del Rivero, María Fernanda de los Ángeles Segundo, María Rosa Basco, Virginia Ayelén Orellana, María Laura Tintilay, Cintia de los Ángeles Gutiérrez y Benito José Cardozo.
Por el mismo caso hay otros tres imputados detenidos después de la elevación a juicio. Entre ellos figura el presunto jefe de la organización, apresado el 8 de agosto pasado en Bolivia.
La "aduana paralela" que funcionaba en la finca
Ante los jueces Domingo Batule, Gabriela Catalano y Diego Matteucci, el fiscal Romero presentó la acusación surgida de una investigación preliminar iniciada el 26 de mayo de 2025, a partir de indicios de actividad ilegal en la finca conocida como "Carina".
El predio tiene dos catastros y está ubicado a la vera de la ruta nacional 50. Su parte posterior desemboca en el río Bermejo, límite natural con Bolivia. Según la fiscalía, los acusados conformaron un grupo estable, con permanencia en el tiempo y división de roles, cuyo objetivo era el contrabando de importación de mercadería proveniente del país limítrofe, actividad con la que obtenían "una importante ganancia económica".
Para concretarlo, según la acusación, montaron una "Aduana paralela" repartida en dos parcelas. La primera arranca en la ruta 50 y fue comprada el 10 de febrero de 2025 por Gladys Salazar a su hermano Alfredo, por 20 millones de pesos. La otra figura a nombre de Blanca Cortez, pero desde hace años estaba ocupada materialmente por la familia Cardozo. Esa segunda parcela resultaba clave: tiene contacto directo con la costa del Bermejo, por donde llegaban los gomones con la mercadería desde Bolivia.
Gomones, caminos clandestinos y una cifra millonaria
De acuerdo con lo expuesto por el fiscal, en la costa se hacía la carga inicial y después los vehículos subían por un camino interno hasta la ruta nacional. Ambos inmuebles están unidos por un camino que los acusados habilitaron y mantuvieron de manera clandestina.
Sobre ese escenario, la organización montó puntos de cobro donde percibía un arancel por cada vehículo y por la cantidad de bultos transportados. La investigación determinó un movimiento aproximado de 300 vehículos por día y un ingreso diario cercano a los tres millones de pesos, provenientes exclusivamente de la actividad ilegal.
Un informe de la División Aduana de Orán (ARCA-DGA) calculó que los movimientos económicos derivados de la mercadería ilegal que circulaba por la finca ascendían a $2.975.392.851,56.
El fiscal señaló que la organización operaba en subgrupos con roles determinados y que la pesquisa requirió tareas de campo e inteligencia. En ese marco destacó el trabajo de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Orán de Gendarmería Nacional, las intervenciones telefónicas y el uso de un "agente revelador", clave para confirmar la actividad ilícita.
Fue el allanamiento del 4 de agosto pasado el que detuvo el accionar de la banda. En el procedimiento se detuvo a 11 de los imputados, se secuestraron numerosas evidencias y se dispuso la clausura de la propiedad.
Tras los alegatos de apertura de la fiscalía y las defensas, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes 29 de septiembre.