Montero apuntó contra el Presidente por los recortes en discapacidad: "Es el responsable principal"
Los cambios que se vienen en el presupuesto nacional por discapacidad ya tienen un número que preocupa en Córdoba: la provincia viene absorbiendo un gasto que casi se duplicó en un año, y ahora advierten quién debería hacerse cargo. Lo que dijo Montero sobre el responsable y el detalle que nadie mencionó en la reunión del Consejo Federal.
La secretaria general de Salud y Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, apuntó directo al Ejecutivo nacional por los cambios que el proyecto de presupuesto 2027 introduce en materia de discapacidad y advirtió que el costo terminará recayendo sobre las provincias.
"El que firma el proyecto de elevación del presupuesto nacional es el presidente de la República y es el responsable principal de los recortes que se pretenden hacer en materia de discapacidad", disparó la funcionaria, y agregó que esas modificaciones afectan "derechos consagrados, no solamente en las leyes vigentes, en la ley de emergencia, sino también en los pactos internacionales a los que Argentina adhiere".
Montero repasó además el recorrido del tema en el Congreso y la Justicia: la ley de emergencia fue sancionada, luego vetada por el Ejecutivo, después ratificada por el Congreso y aun así necesitó de la intervención judicial para exigir su cumplimiento. Pese a ese derrotero, varios aspectos de la norma vencen en los próximos meses sin haberse implementado.
Los dos cambios que encienden las alarmas
El primer punto crítico es la eliminación del arancel único de prestaciones. Hoy, sin importar el tipo de cobertura médica, todas las prestaciones para personas con discapacidad están equiparadas. Si ese esquema se rompe, según Montero, los prestadores tenderán a atender a quienes paguen más y quedarán en desventaja los afiliados de obras sociales sindicales con menor capacidad de pago frente a los usuarios de prepagas de mayor costo.
El segundo cambio, que la funcionaria calificó de "gravísimo", es el regreso al concepto de pensiones no contributivas por invalidez, en lugar del paradigma de protección para las personas con discapacidad. Para Montero, se trata de una decisión política deliberada orientada a sostener el equilibrio fiscal.
Córdoba ya absorbió un 80% más de gasto
El impacto en la provincia no es teórico. Montero precisó que en 2024 Córdoba aportó al sistema de discapacidad unos 130.000 millones de pesos, mientras que en 2025 esa cifra trepará a cerca de 228.233 millones, un incremento de casi el 80%. A eso se suma un fondo específico de 2.000 millones de pesos que el gobernador debió disponer para evitar el cierre de instituciones del sector.
La funcionaria también reveló un dato llamativo: durante la reunión del Consejo Federal de Salud del lunes, con el ministro Pieckenstainer presente y seis horas de debate sobre discapacidad, en ningún momento se mencionó que estas modificaciones serían incorporadas al presupuesto.
