Un episodio de violencia se registró este lunes por la noche en la ciudad de Simoca, luego de que un grupo de vecinos intentara linchar al cura del pueblo. Desde el Centro Judicial Monteros investigan, si existe algún tipo de relación entre el sacerdote y una menor de 17 años.
Según consigna Bajo La Lupa, fuentes judiciales afirmaron que en la jornada de ayer, ocurrió una discusión entre la menor de 17 años y sus familiares, a raíz de dicha situación.
Los familiares habrían seguido a la menor cuando esta fue a la iglesia. En las afueras del templo tuvo lugar una discusión, instante en el que salió el cura y se produjo una tensa comunicación verbal, seguido de una agresión física contra él, de acuerdo a lo transcendido en las redes sociales.
La policía había actuado previamente de oficio, pero los familiares habían denunciado el caso. “Antes no querían hacerlo porque no exponían a los menores”, confían fuentes judiciales a los medios.
Por el hecho, tomó intervención la Unidad Fiscal de Integridad Sexual del Centro Judicial Monteros.
Aún no se habría dado a conocer una versión oficial por parte de la Justicia, sobre si en realidad existiría o no, algún tipo de relación entre la menor y el cura. Tampoco lo hubo por parte de la Diócesis de la Santísima Concepción.
Designan nuevos defensores oficiales para el Centro Judicial Monteros
Dos nuevos defensores oficiales fueron designados el pasado 5 de mayo por la mañana, para el Centro Judicial Monteros. Los postulantes forman parte de los 13 pliegos enviados por el gobernador interino, Osvaldo jaldo, a la Legislatura de Tucumán.
Se trata de Silvia Rivero (defensora oficial Penal de la II Nominación) y de Se trata de Carlos Paliza (defensor oficial Civil y del Trabajo).
Jaldo, por primera vez desde que asumió como titular del Poder Ejecutivo, utiliza facultades para cubrir vacantes judiciales de una terna propuesta por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
Los nombramientos deben ser aprobados por la legislatura: sólo entonces los candidatos elegidos podrán prestar juramento en el Centro Judicial Monteros.
Falleció uno de los policías que prestaba servicio en Tribunales
Un cabo de la Policía de Tucumán, que prestaba servicio en uno de los anexos del Centro Judicial Monteros, falleció el domingo 13 de marzo. Sucedió, luego de que protagonizara un siniestro vial en Tafí del Valle.
Según informaron fuentes policiales, Sergio Luis Carrizo, oriundo de la ciudad de Simoca, se movilizaba a bordo de un Ford Ka. Por razone que se tratan de establecer, cerca de las 12.30, su auto impactó contra un árbol en la zona del barrio Costa 2.
Foja cero para el caso Espinosa
El caso Luis Espinosa, investigado por el Centro Judicial Monteros, volvería a fojas cero mientras se espera que se establezca una fecha de juicio. Desde la justicia federal deberán actuar por la causa de la muerte del trabajador rural que habría sido asesinado por la Policía de Tucumán.
Según señala La Gaceta en su portal, en uno de los hechos de violencia institucional de más alto perfil de los últimos tiempos. Tres jueces de la Cámara de Casación Penal dispusieron que el caso sea resuelto por un juez federal, por lo que el proceso debe reabrirse. Mientras se esperaba la fecha para que comience el debate, los jueces ordinarios ya no pueden intervenir.
Luis Espinosa recibió un disparo en la espalda que le causó la muerte, en medio de un incidente de cuadrera ilegal. Hecho de sangre registrado el pasado viernes 15 de mayo del 2020, en la localidad de Melcho.
Los sospechosos intentaron mantener ocultó el crimen y trataron de convencer que el muerto se escondía entre la zona de monte. Luego, según la investigación, llevaron el cuerpo a la comisaría de Monteagudo. Finalmente fue arrojado desde un acantilado en Catamarca, donde se encontró el cuerpo tras una intensa búsqueda.
Los policías José Morales (oficial), Rubén Montenegro (comisario), Miriam Gonzalez, Víctor Salinas, René Adi Elles, Claudio Zelaya y Gerardo González, fueron imputados por la fiscal Mónica García de Targa. Todos, por cometer el delito de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte y desaparición forzada de persona.
El décimo involucrado, Fabio Santillán, no se vio afectado por la situación porque, aunque es un vigilante ciudadano, no forma parte de la policía.
El expediente pasó al régimen definitivo, al entrar en vigor en la provincia el nuevo Código Procesal Penal. En abril del año pasado, el fiscal Carlos Sale pidió su juicio. El expediente finalmente fue entregado a la Sala I, que siguió todos los trámites procesales para presentar alegaciones antes de fin de año.
Sin embargo, el monterizo José Luis Robles, abogado defensor de Zelaya, pidió que el caso sea tramitado por el fuero federal. Lugar de donde debe ser imputado por desaparición forzada dentro de la investigación.
El fiscal Pablo Camuña y el juez federal Fernando Poviña objetaron. Aunque el fiscal Gustavo Gómez accedió a la solicitud, la propuesta llegó a la Cámara Federal, pero también declinó.
Gómez y Robles decidieron apelar, que fue continuado por representantes de la fiscalía a pesar de que la defensa dejó de seguir adelante con la propuesta. Un tribunal integrado por Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos ordenó este miércoles que el expediente se realice dentro del fuero federal.
Una vez finalizado este fallo, solo hay una forma de apelar: llevar la opinión disidente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un proceso que podría demorar entre dos y tres años.
Ahora, si no se sigue este proceso, el caso pasará a manos de los fiscales federales, quienes deberán presentar nuevos cargos contra los acusados. Luego deben ser llamados nuevamente a declarar, y finalmente se definirá si se procesan o no.
Este proceso lleva varios meses. Todos los imputados cumplirán dos años en prisión preventiva, por lo que deberán quedar en libertad para continuar con el proceso. Además, dado que ninguno de los policías ha sido condenado, podrán solicitar su reincorporación al cuerpo.
Allegados a las víctimas y defensores se sorprendieron con la resolución mientras esperaban ansiosos el inicio del juicio. Decidieron no hacer ninguna declaración hasta que se les notifique la sentencia.
“90 días de prisión preventiva para un motochorro”
Por requerimiento de la Unidad Fiscal de Investigación y Enjuiciamiento de Delitos Contra la Propiedad de Monteros, que conduce Mónica García de Targa, se llevó a cabo una audiencia. La misma, se realizó con el objeto de formalizar cargos y solicitar medidas de coerción en contra de un sujeto acusado de cometer tres violentos robos a mano armada.
Se encuentra acusado de cometer un raid delictivo que protagonizó el 10 de agosto del año pasado en Famaillá, Monteros y Río Seco.
Se trata de un delincuente con antecedentes, oriundo de Aguilares y sobre el cual pesaba una orden de captura, por lo que fue atrapado en la ciudad de Concepción por personal policial por un hecho de similares características.
En virtud de su detención la fiscalía de Monteros solicitó una audiencia donde el auxiliar fiscal Bernardo Sassi le formuló cargos por los delitos de Robo agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor cometido en tres oportunidades.
Luego de acumularle los legajos y enumerar las evidencias reunidas, entre las cuales figuran las filmaciones de las cámaras de seguridad donde se observa el accionar del imputado, el representante del MPF solicitó la prisión preventiva para el mismo para avanzar con la causa.
Entre sus fundamentos, Sassi hizo mención al peligro de fuga, falta de arraigo y el peligro procesal de entorpecimiento de la investigación. También hizo hincapié en las características del hecho; en ese sentido resaltó la impunidad en el accionar del encartado, que usó un arma de fuego y una motocicleta a fines de cometer los ilícitos.
El juez interviniente hizo lugar a los planteos del Ministerio Fiscal y ordenó la prisión preventiva para el acusado por el plazo de 90 días, tiempo que la fiscalía consideró razonable para cerrar la investigación y requerir la apertura de juicio.
Seguidilla de robos
Tres son los hechos que se le atribuyen al acusado, todos cometidos el 10 de agosto de 2021.
El primero ocurrió en Famaillá, a las 20.30 horas. Una mujer llegaba en su motocicleta a la casa de su suegra en el barrio Elías Pérez de esa ciudad, cuando al bajarse fue abordada por el imputado que, con un arma de fuego tipo revólver, le exigió la entrega del vehículo.
La víctima se negó en un primer momento por lo que el delincuente efectuó un disparo al aire, tomó la moto y se dio a la fuga.
A los 20 minutos, el malviviente protagonizó otro hecho, esta vez en la ciudad de Monteros, en un almacén del barrio San Francisco.
El imputado dejó estacionada en el cordón cuneta una motocicleta e ingresó al local donde apuntó con un arma a una de las empleadas a la que le exigió que entregue su celular.
El tercer hecho sucedió a las 21:15 de ese mismo día, en la localidad de Río Seco. Dos menores se encontraban atendiendo una perfumería familiar cuando de pronto apareció el acusado y las apuntó con el revólver, para llevarse consigo dos celulares pertenecientes a las víctimas.