El intendente de Monteros, Francisco “Panchito” Serra, se pronunció recientemente sobre la investigación de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), que se centra en el manejo de fondos en varios municipios, incluyendo Monteros, Famaillá, Banda del Río Salí y San Isidro de Lules, así como en localidades de Salta y Catamarca.
A través de La Gaceta, Serra destacó que, a pesar de que ha habido una reciente cobertura periodística sobre el tema, “nosotros todavía no hemos sido notificados” por parte de la Justicia.
El jefe municipal aseguró que el municipio está preparado para colaborar con las autoridades judiciales. “De todas maneras, tenemos todo lo que la Justicia requiera y lo vamos a poner a su consideración cuando ellos lo decidan”, afirmó Serra, subrayando su disposición a facilitar cualquier información necesaria.
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Serra también mencionó que el Concejo Deliberante de Monteros ha resuelto todas las ejecuciones presupuestarias correspondientes al período en cuestión, que abarca desde enero de 2023 hasta junio de 2024. En este sentido, el intendente expresó que están “tranquilos” y que desean transmitir esa tranquilidad a los vecinos de Monteros.
Asimismo, el intendente resaltó el trabajo realizado tanto por el gobierno municipal como por el provincial, afirmando que “han trabajado con mucho profesionalismo sobre los fondos públicos”. Serra invitó a la comunidad a visitar Monteros y otros municipios mencionados para observar el crecimiento en infraestructura, acción social y funcionamiento general. “Desde ese lugar estamos muy tranquilos”, reiteró.
En relación a las extracciones de cheques por ventanilla, Serra especuló que podrían estar relacionadas con “el pago de los no jornalizados o algunas otras nomenclaturas que tenemos dentro de nuestro municipio”. Sin embargo, enfatizó su respeto por los tiempos de la Justicia y reafirmó que el municipio ha trabajado de manera profesional, estando “a total disposición de la Justicia Federal”.
Detalles del Informe de Procelac
Según el informe de la Procelac, se señala que los municipios tucumanos habrían extraído más de $17.000 millones sin justificación suficiente que convenciera a las autoridades del Banco Macro, entidad que gestiona las cuentas públicas en la provincia.
En cumplimiento de la ley antilavado, el banco alertó a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre la situación, lo que llevó a la remisión de los detalles de la investigación a la Procelac.
Falta de Notificaciones
A pesar de la gravedad de las acusaciones, hasta el momento, ningún municipio tucumano ha asegurado haber sido notificado por la Justicia. Las extracciones millonarias se han registrado en todo el país, pero el mayor número de informes bancarios provino de Tucumán, Salta y Catamarca.
En este contexto, el municipio bandeño se destacó en el ranking de Registros de Operaciones Sospechosas (ROS).