A pedido del Equipo de Investigación de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros encabezado por la fiscal Mónica García de Targa, este viernes (4 de junio) se realizó una audiencia para iniciar oficialmente Investigar, presentar denuncias y exigir medidas coercitivas. Ayer jueves por la tarde, la policía detuvo a un delincuente durante un allanamiento en una vivienda de San Miguel de Tucumán.
El incidente del que fue acusado, tuvo lugar en Famaillá alrededor de las 10 a.m. del 21 de mayo. Según los cargos, el sospechoso viajaba con otra persona no identificada que conducía una motocicleta roja, y de repente comenzaron a seguir a una mujer que ingresó a la ciudad desde una rotonda en una motocicleta.
Los agresores siguieron de cerca su recorrido durante unas cuadras hasta llegar a la calle Lavalle, altura del Colegio Brigadier General Juan Manuel de Rosas de dicha ciudad. Allí impactaron el lado izquierdo de la motocicleta de la víctima ocasionando la caída de la víctima.
La mujer logró sacar rápidamente la llave del carrete, por lo que el atacante le apuntó con un revólver y le pidió que le entregara la llave. Por miedo, la víctima accedió y le entregó también el teléfono. Finalmente, el acusado se montó en la motocicleta robada y comenzó a escapar a toda velocidad.
Luego de que la víctima presentara una denuncia, la UFI solicitó que se le diera al imputado una orden de allanamiento y arresto, la cual fue ejecutada por policías ayer por la tarde.
Medidas preventivas e imputación
Durante el juicio, el fiscal adjunto Bernardo Sassi presentó cargos contra el imputado con base en la calificación legal provisional de “robo grave con armas”. Como prueba, el fiscal mostró registros de cámaras de seguridad que observaron la persecución criminal hacia mujer en la calle.
También proporciona seguimiento del teléfono móvil de la víctima, que registra la ruta tomada por el agresor después del robo. A su vez, los representantes del MPF solicitaron la prisión preventiva del hombre, y la investigación aún necesita aportar pruebas.
Al realizar la solicitud, la UFI involucrada tomó en cuenta la gravedad de los hechos, los riesgos procesales y los antecedentes del imputado. El juez en funciones aprobó la medida por dos meses.