Este miércoles el Ministerio Público Fiscal ordenó la detención de cinco individuos vinculados a las fuerzas policiales, lo que desencadenó un operativo de allanamiento en una vivienda en León Rouges, departamento Monteros.
Más de 10 allanamientos se llevaron a cabo en toda la provincia, resultando en la detención de tres personas hasta el momento. La fiscal Mariana Rivadeneira, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, fue quien solicitó estas medidas, en las cuales participó el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
Tras las pericias realizadas a los teléfonos secuestrados en relación a un caso de instigación a cometer sedición, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPF, solicitó cinco órdenes de detención y más de 10 allanamientos en diversos puntos de la provincia, incluyendo la capital y localidades como Tafí Viejo, El Colmenar, Río Chico, Leales, San Andrés, Simoca, Ranchillos, Villa Mariano Moreno, León Rougés y Leales.
Hasta el momento, se han detenido a tres individuos, supervisados por los auxiliares de fiscal Juan Pablo Godoy y Brenda Deroy, en compañía del ECIF y personal policial.
Investigación y Teoría del Caso de Sedición Policial
Según la investigación, el grupo de Whatsapp “Sueldo Policial 2024” fue creado por cuatro efectivos policiales y un empleado municipal de Lules, junto a otros miembros de la fuerza, con el fin de organizar un levantamiento debido a descontento salarial.
El grupo llegó a tener más de mil integrantes, enviando mensajes que incitaban al acuartelamiento y realizando publicaciones en redes sociales como TikTok para instigar a otros policías a cometer sedición, llamando a huelgas y acuartelamientos en contra de sus superiores, poniendo en riesgo el orden público y la seguridad.
La fiscal Rivadeneira destacó la complejidad de la evidencia digital y las particularidades del caso, señalando que las pruebas apuntan a la existencia de un grupo de Whatsapp con numerosos integrantes y la utilización de redes sociales como medio para incitar a la sedición. El 27 de febrero, cinco acusados fueron formalmente imputados, a los que se sumó un abogado el 1 de marzo.
