Monti apuntó contra los "jeques" de las cámaras de proveedores mineros y pidió eliminar las intermediaciones

El diputado provincial Francisco Monti volvió a apuntar contra el sistema que regula el acceso de los proveedores locales a las contrataciones mineras y denunció que los dirigentes de las cámaras sectoriales actúan como intermediarios que deciden quién puede trabajar con las empresas del sector. Los calificó de "jeques" y sostuvo que el Gobierno provincial avala un mecanismo que, según dijo, deja afuera a trabajadores y emprendedores catamarqueños.

En una entrevista con Tiempo Real, de Ancasti Streaming, el legislador cuestionó las exigencias que enfrentan los proveedores para inscribirse en el Registro Provincial de Proveedores de Empresas Mineras (REPEM), el esquema que obliga a las mineras a destinar el 70% de sus contrataciones de bienes y servicios a firmas locales y deja el 30% restante para compañías de otras jurisdicciones.

Para Monti, la intervención de las cámaras se transformó en una barrera para quienes no forman parte de esas organizaciones. "Tenés que andarle pidiendo permiso a los 'jeques árabes' que se han establecido en los distintos departamentos de la provincia, que se creen amos y señores y son los jefes de las cámaras", afirmó.

Consultado sobre esa comparación, respondió: "Son los que parten, reparten y se llevan la mejor parte". Y agregó: "¿Qué pasa si la cámara no te quiere meter? ¿Qué pasa si la cámara no te quiere aceptar?".

Quejas en el oeste y el "tongo" con las cámaras

El diputado aseguró que recibió quejas en Belén, Tinogasta, Andalgalá y Santa María y que existen decenas de testimonios sobre representantes de cámaras que ofrecerían negocios o condicionarían oportunidades según vínculos personales y disputas internas. "Si no tenés el tongo con la cámara no podés ser proveedor", sostuvo.

Monti comparó la facilidad con la que se abre un comercio con las dificultades que, según su denuncia, enfrenta quien quiere venderle a las mineras. "¿Cómo puede ser que vos sos un trabajador o microemprendedor de Tinogasta o de Santa María y para que te tomen como trabajador o proveedor local en Catamarca tenés que estar inscripto en una cámara?", planteó.

Contó además que recibió el mensaje de una persona que llevaba tres años intentando resolver su situación para acceder al sistema. Aclaró que su cuestionamiento no apunta a la existencia de las cámaras, sino al rol que les atribuye en las decisiones sobre el acceso a las contrataciones.

Rechazó que el Estado delegue en entidades privadas lo que considera una potestad pública y advirtió que esa intermediación permite imponer condiciones a trabajadores y empresas interesadas en prestar servicios. Como alternativa, propuso modificar el mecanismo de inscripción para que cualquier catamarqueño pueda registrar directamente sus datos y los de su emprendimiento en una plataforma pública de internet, sin depender de una cámara. "Nosotros no queremos ningún tipo de intermediación", insistió.

Críticas a la respuesta de Jalil

El legislador vinculó sus críticas con los conflictos registrados entre proveedores locales y compañías mineras, y cuestionó la respuesta del gobernador Raúl Jalil, que mantuvo reuniones con representantes de las cámaras tras los reclamos por una mayor participación de firmas catamarqueñas.

"Jalil, la solución que le da a esto es reunirse con parte del problema, porque acá a quien hay que darle una solución es a la gente, a los trabajadores, a los emprendedores, no a los intermediarios", manifestó. A su entender, el Gobierno debería revisar el papel de esas organizaciones en lugar de limitarse a negociar con sus dirigentes.

Monti sostuvo que los reclamos se repiten en sus recorridas por el oeste provincial y los relacionó con la percepción de que la minería no deja beneficios suficientes en las comunidades. "La minería sentimos que no nos cambia la vida", resumió. En ese marco, consideró que la discusión sobre los proveedores forma parte de un debate más amplio sobre cómo se distribuyen las oportunidades económicas que genera la actividad.

El armado opositor para 2027

En la misma entrevista, Monti confirmó que trabaja en la construcción de una alternativa provincial para las elecciones de 2027 y evitó involucrarse en las discusiones y acuerdos entre dirigentes opositores. "Las fotos van y vienen. Vos andás por Catamarca y nadie te está preguntando por ninguna foto", afirmó.

Sostuvo que el espacio que integra deberá enfrentar al peronismo, que, según estimó, podría postular a Gustavo Saadi o a Fernando Jalil. Planteó que la definición de candidaturas debe surgir de las recorridas por el interior y de acuerdos sobre propuestas de gobierno. "La construcción de la alternativa de poder no es un carnaval de dirigentes, es una idea común", señaló.

Denuncia por los fondos de regalías mineras

Monti también cuestionó la administración del Fondo Fiduciario de Regalías Mineras, junto al diputado provincial Mamerto Acuña. El legislador presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por una diferencia de más de $3.200 millones entre los registros de recaudación y los ingresos declarados, y pidió una auditoría especial para esclarecer las diferencias entre los registros de ARCAT y las rendiciones del fideicomiso.

Según el cotejo realizado, el organismo recaudador registró $17.907 millones entre junio de 2025 y mayo de 2026, mientras que el fideicomiso informó ingresos por $14.655 millones entre julio de 2025 y junio de 2026. La diferencia asciende a $3.251 millones y compara períodos desplazados un mes, bajo el supuesto provisional de que las regalías ingresan al Fondo al mes siguiente de su recaudación. Monti pidió determinar si la brecha responde a transferencias pendientes, diferencias contables u otras causas.

"No estamos diciendo que alguien se quedó con la plata", aclaró el legislador, que también reclamó documentación bancaria y la rectificación de las rendiciones semestrales. "Si los números cierran, que lo muestren con papeles. Si no cierran, alguien tiene que dar explicaciones", sostuvo.

Por su parte, Acuña advirtió sobre la falta de control legislativo de las obras financiadas con esos recursos. En una entrevista con Tiempo Real de Ancasti Streaming, afirmó que los presupuestos del fideicomiso no pasan por la Legislatura y que los informes enviados por el Ejecutivo no permiten identificar las obras financiadas, las empresas contratistas ni el avance de los trabajos.

"Los presupuestos del fideicomiso jamás han pasado por la Legislatura Provincial", señaló. Según explicó, para este año estaban previstos $14.000 millones provenientes de regalías mineras, pero dijo desconocer cuánto se percibió y cuánto se ejecutó efectivamente.

Acuña también puso el foco en un aporte adicional del Estado provincial de $7.750 millones, cifra que atribuyó a información periodística. Aclaró que esos aportes están contemplados, pero cuestionó que los diputados no cuenten con información para establecer por qué se necesitan ni a qué proyectos se destinan. "Son dos hojitas de recursos", cuestionó sobre las rendiciones semestrales, que tampoco precisan montos de contratos, porcentajes de ejecución ni fechas de finalización de obras.

El Ancasti informó en su edición de ayer que el pasado 22 de septiembre el Gobierno de la Provincia le otorgó un "aporte en concepto de asistencia financiera" al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras de $7.751.931.506,57, destinado "a cubrir pagos pendientes correspondientes a los distintos certificados de obras que se ejecutan con fondos de Regalías Mineras". La inyección de dinero se conoció días pasados en el Boletín Oficial, con la publicación del decreto nº970/2026 del Ministerio de Hacienda y Obra Pública.