Mora apuntó al decreto que vendió tierras en Península de Magallanes y reveló un dato clave

La diputada provincial Agostina Mora cuestionó con dureza el decreto que habilitó "por única vez" la venta de una parcela en Península de Magallanes a capitales extranjeros. En diálogo con El Mediador, por Tiempo FM 97.5, la legisladora pidió que se presente toda la documentación vinculada a la decisión y apuntó contra el gobernador Vidal.

"Nos tiene acostumbrados a un funcionamiento del Estado muy mediático, poco institucional, respetando muy poco las instituciones de la democracia", afirmó Mora.

La diputada recordó que el mandatario había anticipado una inversión importante para la provincia, con 12 meses de trabajo previo. "Esta fue una de las cuestiones que nos encendieron la alerta", señaló. Poco después apareció la publicación del Decreto 915, el día previo a la sesión, "de manera abreviada con la comunicación de que se habrían vendido tierras en un parque, en una zona protegida de la provincia que además linda con cuerpos de agua".

El pedido de documentación

Desde la Cámara solicitaron la documentación del decreto y "todo lo que ha fundamentado esa decisión arbitraria". También convocaron al recinto al presidente del Consejo Agrario Provincial para que brinde "las explicaciones pertinentes del caso".

"Nosotros no estamos en contra de la llegada de inversiones a la provincia de Santa Cruz, somos los primeros en denunciar la pérdida de empleo privado en la provincia, sabemos la dificultad económica que atraviesan las familias santacruceñas", aclaró. Pero planteó que como legisladores deben hacer cumplir la normativa vigente.

Mora mencionó la ley 26.736, de Tierras Rurales, que prohíbe la venta de tierras que linden con cuerpos hídricos de envergadura, y el Decreto Provincial 994/17, que restringe la venta a extranjeros. Además, señaló que "el agua está considerado un bien de dominio público" y que la Península de Magallanes es una zona protegida por ley.

Capitales árabes y una sociedad creada 36 días antes

La diputada cuestionó que se informe "muy livianamente que la sociedad ASB Hospitality Calafate viene a invertir a la provincia de Santa Cruz", cuando, según dijo, "son capitales árabes de una sociedad que se creó 36 días antes de que se firmara ese decreto".

"Nosotros que tenemos normativa para las generalidades establecemos una excepción por única vez a una sola persona o a una sola empresa y eso es arbitrario", manifestó. Y agregó: "Tenés que explicar qué te lleva a romper la norma general para hacerle una excepción".

La legisladora advirtió que la decisión "abriría la puerta a que venga otro capital extranjero con las mismas condiciones de esa sociedad y que diga 'a él lo habilitaste, me tenés que habilitar a mí'".

En cuanto a los pasos a seguir, informó que primero solicitaron la documentación, luego exigirán explicaciones y, en función de lo que evalúen, definirán otras medidas. "Si es necesario, plantearemos la derogación del decreto, si es necesario deberíamos pensar en otras vías que tienen que ver con la justicia", expresó.

El impacto en El Calafate

Mora también pidió analizar el impacto económico que tendría el proyecto sobre El Calafate. Según indicó, el sector hotelero "viene planteando que ya existen camas que faltan ocupar". "Imaginate si a esa situación compleja comercial, económica y gastronómica, le sumás nueva oferta", planteó.

"Tiene que haber una dimensión de cómo llega la propuesta y cuál es el impacto que tiene en el desarrollo local, si es que lo habilita o lo retrasa", agregó.

Por último, cuestionó la falta de transparencia en la documentación: "Hay una gestión improvisada que no mide el impacto de lo que hace, hay una gestión que tiene muy poca capacidad de creerle lo que anuncia". Y remarcó: "No se puede hacer una excepción o un decreto a medida de una sola empresa, porque entonces le abrís la puerta a cualquier otro extranjero que quiera venir a comprar agua en nuestra provincia pueda hacerlo".