Motos con escape libre: si no las retiran, tendrán un final sin retorno

El Concejo Municipal de Rosario debate un proyecto que busca enviar a compactación las motos secuestradas por escapes antirreglamentarios que no sean retiradas de los corralones en 15 días. La iniciativa, presentada por el concejal Federico Lifschitz, apunta a los motovehículos con caños de escape libres, modificados o adulterados que superan los límites de ruido permitidos.

El texto propone un procedimiento específico para estos vehículos, que hoy terminan acumulados en los depósitos municipales. Según los fundamentos, la presencia de estas motos no solo afecta la convivencia urbana sino que también instala una sensación de impunidad frente a conductas expresamente prohibidas.

Multas que pueden superar los $3 millones

Uno de los ejes del proyecto es el aumento de las sanciones. La iniciativa modifica el artículo 293 del Código de Convivencia Ciudadana para elevar las multas de 1.000 a 1.500 Unidades Fijas (UF), cuando hoy el rango va de 30 a 200 UF. Con el valor actual de la UF en $2.092, las multas podrían oscilar entre $2.092.000 y $3.138.000.

El cambio más profundo, sin embargo, está en el destino final de las motos. El proyecto incorpora un apartado especial al régimen de disposición final de vehículos: si el titular no retira el rodado dentro de los 15 días corridos desde su remisión al corralón, podrá iniciarse el proceso de descontaminación, compactación y posterior venta como chatarra.

El debido proceso antes de la compactación

Para llegar a esa instancia, la Municipalidad deberá notificar fehacientemente al titular registral y publicar edictos. Luego se otorgará un plazo mínimo de cinco días corridos para que el propietario o alguien con derecho legítimo se presente, acredite la titularidad y retire el vehículo, cumpliendo antes con las obligaciones pendientes.

Si ese plazo vence sin que nadie reclame la moto, el vehículo será declarado abandonado y avanzará el procedimiento de disposición final. Quedarán exceptuados los motovehículos alcanzados por medidas judiciales, administrativas o registrales que impidan su disposición, o aquellos con controversias jurídicas que requieran resolución previa.

Lifschitz sostiene que el problema no es solo la infracción inicial, sino también la permanencia prolongada de estos vehículos en los corralones. Según los fundamentos, la guarda de motos y autos genera costos de conservación y administración, y compromete la capacidad operativa de esos espacios municipales.

El concejal fue contundente al respecto: "El que se anime tendrá consecuencias graves, hasta llegar al rodado compactado".

La iniciativa también alcanzaría a las motos que ya están en dependencias municipales por infracciones vinculadas con escapes deficientes, libres o antirreglamentarios. En esos casos, podrán sumarse al procedimiento siempre que se respeten las garantías y el debido proceso.

Ruidos molestos: el marco normativo

El proyecto se apoya en normas municipales y nacionales que ya restringen la emisión de ruidos y las condiciones técnicas de los vehículos. Menciona el Código de Tránsito de Rosario, que prevé la remisión a corralones de vehículos que no cumplan con las exigencias técnicas, y el Código de Convivencia, que sanciona la circulación con escapes deficientes o antirreglamentarios.

Además, la ordenanza que regula la disposición final de vehículos depositados ya contempla mecanismos de descontaminación, declaración de abandono, compactación y enajenación como chatarra. La propuesta busca aplicar ese régimen de manera específica a las motos retenidas por este tipo de faltas.

Otro punto es la obligación de informar periódicamente sobre el funcionamiento del sistema: cuántos motovehículos fueron sancionados y remitidos por escapes antirreglamentarios, cuántos se declararon abandonados, cuántos terminaron compactados y cuántos se vendieron como chatarra. También deberá detallarse cuántas motos fueron recuperadas para uso municipal.

El objetivo declarado por el autor es que la sanción no quede solo en una multa, sino que exista una consecuencia real para los vehículos que permanecen en los depósitos sin ser retirados. Ahora la propuesta deberá ser analizada por el Concejo antes de avanzar hacia una eventual modificación de la normativa vigente.