Muerte de un operario en Roca: la investigación suma 10 imputados y un mar de pruebas

La muerte de Hugo Ariel Breppe en una obra pública de Roca sigue dando vueltas en los tribunales. Una jueza de garantías acaba de extender la investigación por seis meses más, hasta marzo de 2027, para poder analizar las 200 GB de pruebas digitales que acumuló la causa y definir la situación de los diez imputados.

La prórroga fue concedida por la jueza Claudia Lemunao durante una audiencia en el Ministerio Público Fiscal, luego de que la fiscal jefa Jessica González la pidiera por la complejidad del caso. El legajo pasó de tener cuatro sospechosos a diez el pasado 2 de septiembre, cuando se sumaron personas de la cúpula corporativa de la empresa constructora.

Una zanja que se tragó la vida de un trabajador

El hecho que originó todo ocurrió el 9 de marzo de 2026, cerca del mediodía, en la intersección de calles Mendoza y Perú. Una pared de tierra de una zanja de 2,15 metros de profundidad colapsó sobre los operarios que trabajaban adentro. Breppe murió horas después en el hospital por "politraumatismos graves y asfixia mecánica por compresión". Otros dos trabajadores resultaron heridos cuando intentaron auxiliarlo.

La fiscalía sostiene que el derrumbe fue consecuencia de una serie de negligencias: no se evaluó el terreno después de las lluvias del día anterior, no se suspendieron las tareas y, aunque la empresa tenía cajones metálicos de contención, no se instalaron los apuntalamientos ni las líneas de vida necesarias.

Firmas falsas y documentos que desaparecen

Pero la investigación no se detiene en el accidente. También se investigan maniobras posteriores que habrían buscado tapar lo que pasó. La coordinadora de obra está acusada de retirar y ocultar de noche las carpetas técnicas del obrador. Además, los peritos encontraron indicios de que el permiso de trabajo seguro fue adulterado con firmas falsas de ingenieros.

El defensor Luis Vincenty, que representa a dos de los investigados, no se opuso a la prórroga: dijo que la cantidad de información "amerita un análisis prudente". El querellante Ariel Balladini también la apoyó y reveló que faltan informes de la Secretaría de Recursos Hídricos y que se peritará la computadora de la anterior responsable de seguridad de la obra, que podría contener advertencias enviadas a directivos sobre el peligro de derrumbe días antes de la tragedia.

La fiscal González fue clara sobre el estado de la causa: "La fiscalía hoy investiga a diez personas, pero a lo mejor llegamos con menos a la formulación de cargos. Queremos ser responsables y objetivos". La jueza Lemunao consideró fundado el pedido y decretó la extensión del plazo.