Muertes viales: el caso Villouta destapa dos reformas penales que prometen sacudir la Justicia

El trágico desenlace del caso Alan Villouta no solo conmocionó a Mendoza, sino que encendió la mecha de dos proyectos de ley que buscan reformar el Código Penal para que las muertes en accidentes de tránsito tengan penas más duras. La noticia cayó como un baldazo de agua fría en el sistema judicial, que ahora se ve obligado a mirarse en el espejo de la impunidad.

Este martes, después de una reunión con el padre de Alan, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza confirmó que la diputada nacional Pamela Verasay tiene en sus manos una propuesta concreta para modificar el Código Penal de la Nación. La iniciativa, que comenzó a gestarse en 2024, ahora busca su lugar en el Congreso.

En paralelo, y como si el destino hubiera querido poner el dedo en la llaga, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti recordó en sus redes sociales un proyecto de reforma que ella misma impulsó en 2022, justo después de que se conociera el sobreseimiento del empresario Alejandro Verdenelli en la causa por la muerte de Villouta.

¿Qué busca cambiar el Ministerio de Seguridad y Justicia?

La ministra Mercedes Rus fue la encargada de explicar los puntos más salientes de la propuesta. Uno de los ejes centrales es que las penas reflejen la gravedad real de las conductas, sobre todo cuando alguien mata en la vía pública y se da a la fuga o circula a velocidades que duplican las permitidas. “Cuando mata en la vía pública y se da a la fuga, cuando ha sobrepasado o duplicado la velocidad máxima permitida”, sostuvo Rus.

El borrador parte de una premisa contundente: conducir un vehículo no es una actividad jurídicamente neutra. El Estado debe dar respuestas adecuadas frente a conductas viales que pongan en riesgo a terceros. Y ahí es donde la reforma apunta a cambiar las reglas del juego.

¿Cuáles son las nuevas penas que se proponen?

Uno de los cambios más fuertes es elevar la pena mínima para el homicidio vial simple, que hoy está en el artículo 84 bis del Código Penal. La propuesta establece una pena de 3 a 5 años de prisión, más una inhabilitación para conducir de 4 a 8 años. El objetivo es que estos casos dejen de ser excarcelables y que los responsables cumplan la pena en la cárcel.

Para los homicidios viales agravados, la escala subiría a 4 a 10 años de prisión, con una inhabilitación de 8 a 12 años. Y las lesiones graves o gravísimas también tendrían un castigo mayor: de 2 a 10 años de prisión.

Otro punto que llamó la atención es la incorporación de la alcoholemia como delito autónomo cuando el nivel supere 1 gramo de alcohol por litro de sangre, y como agravante si se superan los 2 gramos.

¿Por qué Rus considera injusta la escala penal actual?

La ministra fue directa: “La escala penal actual es injusta”. Y puso un ejemplo que duele: un homicidio vial agravado tiene hoy una pena máxima de seis años, la misma que una estafa simple. “No nos parece justa esa máxima cuando hay un resultado fatal”, sentenció.

El proyecto también toca un tema que tomó relevancia a partir del caso Villouta: la prescripción de la acción penal. La idea es impedir que las demoras en los procesos judiciales hagan que las causas por delitos graves prescriban antes de que haya una condena firme.

La reforma de Fernández Sagasti: ¿qué propone?

La senadora Anabel Fernández Sagasti recordó su proyecto de 2022, que ya obtuvo media sanción. Su objetivo principal es que la fuga después de un siniestro vial sea considerada un delito inexcarcelable. “No más maniobras de impunidad”, afirmó.

Uno de los puntos centrales es tratar la fuga como un agravante autónomo, para evitar que quien protagoniza un siniestro se beneficie del paso del tiempo y dificulte las pericias. “Hoy, quien huye del lugar del hecho dilata el tiempo para evitar pericias clave como alcohol y drogas. Al entregarse al día siguiente, el sistema lo trata con benevolencia”, cuestionó.

Más penas para los que se fugan o no auxilian

La propuesta de Fernández Sagasti aumenta las penas para quienes se fugan o no socorren a las víctimas: de 4 a 8 años de prisión, frente a la escala vigente de 3 a 6 años. También incorpora el concepto de “culpa grave” para sancionar conductas temerarias o extremadamente imprudentes al volante.

Además, plantea agravar las penas para quienes conduzcan estando inhabilitados, crucen semáforos en rojo, violen señales viales o circulen con exceso de velocidad.

“La fuga tras un hecho de ese tipo deja de ser un 'buen truco procesal'. Huir no es solo falta de empatía; es manipular a la Justicia”, sostuvo la senadora, que también remarcó que la fuga entorpece activamente la investigación, sobre todo cuando impide realizar pericias inmediatas sobre el consumo de alcohol u otras sustancias.

Las dos propuestas vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de reformar el régimen penal para los siniestros viales, con especial énfasis en las muertes por imprudencia, la fuga, el alcohol y los plazos de la Justicia. El caso de Alan Villouta se convirtió en el motor de un debate que promete dar mucho que hablar.