Mujeres presas por narco: el "castigo extra" que revela un estudio regional

Un relevamiento regional sobre mujeres detenidas por delitos vinculados al crimen organizado en Argentina, Colombia y México destapó una realidad que suele quedar oculta: el encierro no se limita a la privación de la libertad, sino que se convierte en un "castigo extra" que golpea con particular dureza a las mujeres y a sus familias.

El informe, elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) junto a otras organizaciones, documenta violencias durante la detención, el proceso judicial y el encarcelamiento. Entre los hallazgos: capturas con violencia, agentes que no se identifican, manipulación de evidencia, amenazas a los hijos y un aislamiento que roza la tortura.

Un relevamiento con voces propias

El estudio, titulado "Castigo extra. Violencias hacia las mujeres en la lucha contra el crimen organizado", se basó en más de 40 entrevistas a encarceladas, liberadas y familiares de personas privadas de la libertad en los tres países, realizadas entre julio y diciembre de 2025. También participaron operadores judiciales, personal de salud y defensores.

La cifra que grafica la magnitud del problema: en la región, la cantidad de mujeres detenidas por estos delitos creció un 212% entre 2000 y 2024. Las organizaciones lo atribuyen a "políticas de drogas punitivas" que persiguen de manera desproporcionada a mujeres de contextos vulnerables, con violencia de género y discriminación en el acceso a la justicia.

El informe denuncia que estas políticas se ejecutan "de manera sistemática y arbitraria" en los tres países, y que muchas veces carecen de fundamento normativo o de estándares de transparencia.

Violencias que se multiplican

Las entrevistadas relataron que sus hijos fueron amenazados y agredidos por las autoridades, incluso durante allanamientos en los que los agentes entraron con armas apuntando a los niños. También reportaron robos y destrucción de pertenencias durante los cateos.

El encierro profundiza el daño: aislamiento prolongado, vigilancia constante que impide cualquier privacidad, y restricciones que afectan el vínculo con los hijos. "Las mujeres no pueden abrazar a sus hijos cuando los van a visitar", ejemplifica Macarena Fernández Hoffmann, coordinadora del Equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del Cels.

El estudio identifica dos causas principales de esta discriminación: la falta de perspectiva de género en el diseño de las políticas y la aplicación de medidas que no distinguen el grado de participación de cada mujer en las estructuras criminales.

La situación en Argentina

En el país, el informe se centró en Rosario y Buenos Aires, con entrevistas a cuatro mujeres detenidas y nueve familiares. Argentina endureció los regímenes penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal, y el Comité contra la Tortura de la ONU ya señaló que estas políticas no respetan los estándares internacionales.

Los números: en 2020 había 1.283 mujeres presas por delitos vinculados al crimen organizado; en 2024, la cifra trepó a 1.909. Santa Fe, por su parte, aprobó una ley que creó el régimen de "internos de alto perfil", que alcanza a quienes tengan vínculos con organizaciones narcocriminales, y el Ministerio de Seguridad Nacional estableció un sistema similar a nivel federal.

Según datos oficiales, 132 personas están sometidas al régimen de alto riesgo en el sistema federal, y 607 en el de Santa Fe, de las cuales 55 son mujeres. Sin embargo, el estudio advierte que "ninguno de los dos regímenes hace públicos los criterios de inclusión", y que allí pueden terminar personas acusadas de delitos no relacionados con el crimen organizado.

Un caso que estremece

Hoffmann relató el caso de una mujer embarazada cuya hija nació prematura. Tras el parto, a la madre no le permitieron quedarse en el hospital con la bebé, que luego llegó al penal sin las condiciones adecuadas. "La mamá decidió separarse de su bebé y que se vaya con su familia", contó. "Hablamos con un bebé de días".

El informe también detalla que las mujeres solo pueden salir de sus celdas entre dos y cuatro horas por día, en grupos reducidos, y siempre escoltadas por personal encapuchado. Las visitas son de media hora cada quince días, a través de vidrios blindados, y las llamadas telefónicas se limitan a 20 minutos semanales.

La defensa, pública o privada, también resultó deficiente: muchas mujeres no fueron informadas adecuadamente sobre su proceso y los defensores solían recomendarles aceptar cargos para evitar penas mayores.

El rol de las mujeres y el lazo social

El estudio documenta que las mujeres ingresan al crimen organizado por coerción de sus parejas, lazos familiares, falta de oportunidades o búsqueda de ingresos. Ocupan roles que van desde el cuidado y la limpieza hasta el transporte de mercadería o la administración de puntos de venta, aunque el poder real sigue en manos de los hombres.

Hoffmann explicó que "tener alguna relación familiar ya te hace pasible de entrar en estos regímenes", y que eso es "bastante discrecional". Para ella, estas medidas "ponen en suspenso ciertos derechos" y recaen peor sobre las mujeres, configurando ese "castigo extra".

La investigadora también reflexionó sobre el objetivo del castigo: "Muchas veces son las relaciones las que están criminalizadas, por ejemplo las relaciones familiares. El castigo lo que busca es justamente cortar ese lazo social".