Multa, apuro y un fallo que llegó en 24 horas: el Gobierno zafó de pagar por la ley universitaria

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente las multas diarias que el juez federal Martín Cormick había fijado contra el gobierno de Javier Milei por no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La medida se conoció este jueves, mientras se desarrollaba la quinta Marcha Federal frente al Congreso.

El tribunal hizo lugar a la queja del Ministerio de Capital Humano y ordenó al juzgado de primera instancia tramitar el recurso del Estado con efecto suspensivo. La apelación apunta contra la resolución de Cormick, que había intimado al Ejecutivo a acatar la cautelar y le había impuesto una sanción de $100.000 por cada día de incumplimiento.

Qué decía el fallo que ahora quedó en suspenso

Cormick había dado por acreditado el incumplimiento de una orden judicial que exigía actualizar los salarios universitarios y garantizar los fondos para becas estudiantiles. Ya había intimado al Poder Ejecutivo a cumplir esas obligaciones: el 22 de septiembre le dio un plazo de cinco días y advirtió que, si el incumplimiento continuaba, aplicaría sanciones bajo apercibimiento de multas.

Frente a esa resolución, la cartera que conduce Sandra Pettovello recurrió a la Cámara y sostuvo que la cautelar ya se había cumplido en su totalidad. El Gobierno argumentó que la decisión judicial afecta el funcionamiento del Estado porque lo obliga a hacer pagos sin que se hubieran determinado con precisión las sumas adeudadas ni el alcance concreto de la obligación. El tribunal aceptó la presentación y ordenó al juzgado de origen adoptar las medidas necesarias para conceder la apelación con efecto suspensivo.

En su fallo, la Cámara señaló que la providencia apelada "adolecía de diversas vaguedades, entre las que resaltaba la imposibilidad de determinar la medida de la cuantía del cumplimiento parcial, lo cual motivó el planteo para conocer cuál era concretamente el incumplimiento endilgado".

El argumento salarial del Gobierno

La apelación también planteó que, entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, se otorgaron incrementos salariales que alcanzaron el 226,80%, por encima del acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que exige la norma (226,40%). Según el Gobierno, los meses siguientes debían negociarse en paritarias y se propusieron incrementos adicionales —proyectados por encima del 6% para el trimestre— para sostener el cumplimiento sobre la base de la inflación.

Además, cuestionó la interpretación del juez sobre las becas universitarias (artículo 6 de la ley), al aclarar que las becas Progresar corresponden a otro programa de la Secretaría de Educación y que la ley alude específicamente a las becas Manuel Belgrano.

Las universidades reclaman 2,5 billones de pesos extra

Las casas de estudio estiman que el gobierno de Milei debe girar unos 2,5 billones de pesos adicionales para cumplir con la Ley de Financiamiento, sancionada en agosto de 2025. El texto establece que el Ejecutivo debe actualizar los fondos destinados a las universidades en concepto de gastos de funcionamiento, salarios, hospitales universitarios, becas e investigación, para terminar con el atraso acumulado bajo la actual gestión, con períodos diferenciados según cada concepto.

El Congreso insistió con su sanción después del veto presidencial, pero el Gobierno la judicializó y evita su aplicación plena, incluso cuando ya tiene un fallo desfavorable de la Corte Suprema, de junio pasado.

En el proyecto de Presupuesto 2027, que ya comenzó a debatirse en las comisiones del Congreso, se establecen fondos para las universidades nacionales por un total de 7,2 billones de pesos. Sin embargo, esto resulta largamente insuficiente. El titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, precisó a El Destape que "para cumplir con la ley deberían llevar la proyección del presupuesto 2027 de 7,2 billones de pesos que presentaron a 9,7 billones". Es decir, 2,5 billones de pesos más, una diferencia del 34%.

El punto más sensible: los salarios

Un aspecto especialmente delicado es el monto de actualización de los salarios de los trabajadores universitarios, tanto docentes como no docentes. No solo porque afecta directamente al bolsillo, sino porque representa un 87% del presupuesto total de las universidades.

Las agrupaciones gremiales de docentes universitarios estiman que la recomposición salarial debería ser de entre un 33% y un 40% para recuperar los montos que percibían en noviembre de 2023. Francisca Staiti, secretaria General de la CONADU Histórica, precisó a El Destape que el Gobierno debería aumentar los salarios de docentes y nodocentes en un 33% para empardar el poder adquisitivo perdido desde la asunción de Milei.

Para la CONADU, la cifra es incluso mayor. Su secretario de Finanzas, Pedro Sanllorenti, señaló a este medio que para regresar al poder de bolsillo de diciembre de 2023 los salarios de los trabajadores universitarios deberían aumentar un 36%. Carlos De Feo, extitular de la CONADU hasta 2025, aseguró que la pérdida llega incluso al 40% acumulada durante el actual Gobierno.