Multas de tránsito: el concejal que salió a bancar a los vecinos que no pueden renovar la licencia

En Ituzaingó, un concejal de La Libertad Avanza empezó a acompañar los amparos de vecinos a los que las multas de tránsito les bloquean la renovación de la licencia de conducir. La movida apunta a un mecanismo que condiciona el trámite al pago de las infracciones, según informó Primer Plano Online.

Se trata de Hugo Equiza, edil del bloque libertario, que decidió involucrarse después de tomar un caso puntual. Ahora su rol será acompañar a otros frentistas en la presentación y tramitación de recursos de amparo ante la Justicia.

Qué dice el concejal

El planteo no pone en discusión la potestad de los municipios para sancionar infracciones ni pretende que las multas dejen de cobrarse. El eje está en otro lado: separar el pago de una infracción del derecho a renovar el registro, sobre todo cuando la sanción todavía no está firme.

“Una cosa es el cobro de infracciones de tránsito, que muchas de ellas no están firmes, y otra es que te saquen el derecho de conducir”, sostuvo Equiza en una entrevista en el programa Primer Plano, de Somos.

El concejal contó que uno de los vecinos había conseguido una resolución judicial favorable, pero que igualmente desde el Municipio se habría mantenido el impedimento para entregarle la licencia. “Si corresponde que el vecino tenga que pagar las multas no hay ningún problema, no estamos en contra de eso, lo que sí decimos es que una cosa no te puede bloquear la otra”, afirmó.

El proyecto que ya está en la Legislatura

La iniciativa local se suma a un proyecto que el bloque libertario impulsa en la Cámara de Diputados bonaerense, donde se propone que las deudas por multas de tránsito no puedan convertirse en un obstáculo para renovar la licencia.

El mecanismo cuestionado exige cancelar determinadas infracciones como condición para avanzar con el trámite. Es una práctica con respaldo normativo y antecedentes judiciales, aunque el planteo de La Libertad Avanza busca discutir su aplicación y llevar el debate al ámbito provincial.

El argumento central es que el sistema puede marcar una diferencia entre quienes tienen capacidad económica para pagar las multas y quienes no, aun cuando la infracción sea discutida o todavía no esté firme.