Multas por menstruar y pagos en cripto: la red de explotación sexual que operaba desde San Juan

El fiscal federal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez pidieron 12 años de prisión para el abogado Gustavo Antonio de la Fuente y el colombiano John Sebastián Quevedo Medina, acusados de explotar sexualmente a al menos 37 mujeres a través de estudios webcam en San Juan. Los hechos ocurrieron entre marzo de 2022 y julio de 2024.

Las víctimas eran captadas con falsas promesas de trabajo como modelos para la firma “Belle Argentina”, mediante publicaciones en redes sociales, tarjetas promocionales y un sistema de referidos que premiaba a quienes sumaran nuevas mujeres. Una vez dentro, debían producir contenido sexual en vivo y ceder los derechos de sus imágenes, que se comercializaban en plataformas como Stripchat, Camsoda, Cam4, Chaturbate, XLove, Bongacams, Streamray y Streamate.

¿Cómo funcionaba el esquema?

Las transmisiones se realizaban en habitaciones numeradas con carteles de “room”. Los pagos de los usuarios se hacían mediante “tokens” y criptomonedas en billeteras virtuales. Según los testimonios, los acusados retenían al menos el 50% de las ganancias y aplicaban descuentos arbitrarios bajo conceptos como “horas incumplidas”, “multas”, “cansancio”, “menstruación” o “llegadas tarde”. Además, pagaban un “extra” por reclutar a más mujeres, creando una estructura piramidal.

La explotación incluía dispositivos sexuales interactivos controlados a distancia por los usuarios, lo que, según la fiscalía, les daba acceso directo sobre el cuerpo de las chicas. Cada mujer debía transmitir siete horas diarias, seis días a la semana, con solo un día de falta de pago por mes durante el período menstrual.

El rol de los acusados

El fiscal Alcaraz calificó el caso como una “modalidad de criminalidad organizada” que trasladó la explotación sexual a entornos digitales. La captación se hacía con publicaciones en Facebook e Instagram de “Belle Argentina”, con frases como “no le tengas miedo a la explicites” o “estás a un paso de que te pueda cambiar la vida”. Las víctimas eran alojadas en departamentos donde se realizaban entrevistas, capacitaciones y producción de contenido, prometiéndoles ingresos en dólares o euros que nunca llegaban.

Virginia Rodríguez remarcó que los imputados se aprovecharon de la “pobreza estructural” de las víctimas y que la organización “obtenía múltiples ganancias a costa de convertirlas en objetos”. El abogado De la Fuente era el jefe de la estructura, encargado de los pagos y de dar apariencia de legalidad mediante contratos.

El pedido de condena y reparación

El Ministerio Público Fiscal solicitó el decomiso de seis inmuebles y tres vehículos, y una reparación integral para las víctimas por más de 1.152 millones de pesos. También pidió la eliminación inmediata de todo el contenido producido en plataformas digitales y la difusión de la sentencia con mensajes de prevención. El fiscal Alcaraz advirtió que “la digitalización y el uso de activos virtuales como medio de pago amplían el alcance territorial de estas organizaciones y multiplican su capacidad de obtener ganancias”. El debate oral comenzó el 21 de mayo y el veredicto se conocerá el próximo 2 de julio. Ambos imputados permanecen en prisión domiciliaria.