Los gobiernos de Colombia y Venezuela anunciaron este viernes el lanzamiento de una operación militar conjunta en Catatumbo, escenario estas últimas semanas de una escalada de combates entre grupos armados ilegales que sumen a la región en una de sus peores crisis humanitarias de la historia reciente. A mitad de enero el Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacó a disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo armado rival que no firmó el acuerdo de paz de 2016, así como a civiles. Los enfrentamientos en el Catatumbo, en el nordeste de Colombia, dejan 54 muertos, 11 heridos, 12 desaparecidos y 48 mil desplazados desde que estalló la violencia en esta región con vastas plantaciones de coca.
“Una frontera sin mafias”
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que se trata de una “operación militar antinarcóticos” conjunta con las autoridades venezolanas en la zona fronteriza de la región que comparten ambos países. En ese sentido, Petro explicó que confía en que esta colaboración militar combata de manera efectiva el ELN, guerrilla con la que el gobierno de Colombia suspendió cualquier tipo de negociación tras el estallido de la crisis hace un par de semanas. “Una frontera sin mafias debe ser el objetivo final para tranquilidad de la población, la paz y la soberanía”, dijo el mandatario colombiano en su cuenta de X.
Por su parte Nicolás Maduro detalló que la operación arrancó este viernes por la madrugada. “Desde las regiones del norte de Táchira colindantes con Norte de Santander hasta las regiones de Zulia, cercana toda esa zona de ríos por donde pasa el Catatumbo. Allí vamos con toda la fuerza militar”, dijo el mandatario venezolano, quien explicó que más allá de las operaciones militares, ambos gobiernos están coordinando una idea de desarrollo para la región “con un carácter profundamente humano” con el fin de subsanar la ausencia histórica del Estado en estas regiones y de la que se aprovecharon estos grupos armados.
Los ejercicios en esta zona se realizan tres veces al año, según el gobierno, aunque el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, explicó que en esta oportunidad buscan “evitar” que los grupos armados que se enfrentan en Colombia tengan acceso al territorio venezolano. El ministro se refirió a los combates como un “conflicto territorial en las rutas del narcotráfico” y dijo que estas situaciones en la frontera representan “grandes amenazas” porque buscan “propiciar la guerra civil”, la “fragmentación del Estado”, el desorden y el caos.
La región de Catatumbo fue tradicionalmente un bastión de la guerrilla del ELN, que vio peligrar su control ante el aumento cada vez mayor del Frente 33 de las disidencias de las FARC. Se trata de un área que incluye una quincena de municipios colombianos y hace frontera con Venezuela. Su riqueza en recursos minerales y sus ideales condiciones climáticas para el cultivo de coca la convierte en una de las más disputadas por los grupos armados irregulares.
Indígenas bajo confinamiento
La Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC) advirtió que un número indefinido de miembros del pueblo Barí están confinados en el Catatumbo. “Su libre locomoción, su movilidad, están restringidos. Hay señalamientos de uno y otro grupo armado de que son colaboradores del uno o del otro y eso lleva a una situación de riesgo, a que cualquier grupo armado tome acciones de hecho y vulnere sus derechos humanos”, afirmó el consejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Gerardo Jumi Tapia.
El pueblo Barí vive en las selvas de Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, en la frontera con Venezuela, una de las zonas afectadas por la violencia guerrillera. El peligro al que están expuestos los obligó a no movilizarse, pero decidieron tomar acción y por eso se declararon en “asamblea permanente” porque también les preocupa que con el decreto de conmoción interior del gobierno, algunas autoridades puedan violar sus derechos humanos.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró el viernes la conmoción interior, que durará 90 días y se extenderá a 16 municipios del departamento de Norte de Santander, entre ellos los 11 del Catatumbo afectados por los enfrentamientos; a Cúcuta, capital departamental, y a dos del departamento del Cesar, que están recibiendo desplazados. “La declaración de conmoción interior no puede afectar los derechos de los pueblos indígenas de los pueblos del Catatumbo”, señaló Jumi Tapia sobre esta medida con la que el gobierno busca atender de mejor forma la crisis.
En un comunicado, la ONG Save The Children indicó que unos 710 colegios del Catatumbo están ahora clausurados hasta, al menos, el próximo 10 de febrero a fin de mantener a salvo a niños y profesores, ya que la región afronta significativas amenazas a la seguridad, como un repunte en los asesinatos y en los secuestros. En varios distritos, las autoridades colombianas impusieron toques de queda nocturnos para evitar ataques, según señala la nota.
Save the Children sostiene que los 46 mil menores que no van al colegio son vulnerables de quedar sin escolarizar en el largo plazo o de ser reclutados por grupos armados y recuerda que 20 niños fueron rescatados por el Ejército colombiano en las últimas semanas tras haber sido reclutados de sus pueblos. Tres niños figuran además entre los 80 civiles que fueron asesinados en actos violentos desde el pasado 15 de enero.
Fuente: pagina12.com.ar