“Hay un pibe en Retiro que le dicen el Loquillo del Alto Palermo y hace violar a un nene de cuatro años en una casilla. Me quiere mandar a matar”, exclamó ante una periodista de un canal de noticias N. B. M. G., de 43 años y en situación de calle. La cronista, que recorría las calles de la ciudad de Buenos Aires para hablar con los pasajeros que se habían quedado sin transporte por el último paro de colectivos, le recomendó que hiciera la denuncia. “No puedo, está arreglado con la policía”.
El viernes pasado, a las 20, 30 horas después de haber aparecido en las cámaras del canal Todo Noticias (TN), N. B. M. G. era detenida por personal de la Policía de la Ciudad en la puerta de un banco de Recoleta. Tenía un pedido de captura por haber “reducido a la servidumbre” a sus hijos y por permitir que su pareja abusara sexualmente de los niños.
Según un expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION, N. B. M. G. y su pareja, solo identificado como C. A. V., obligan a los niños, que en ese momento tenían 13 y 7 años, a mendigar. De la investigación participaron detectives de la División Delitos Contra la Integridad Sexual y de la División Delitos contra Grupos Vulnerables de la Policía de la Ciudad.
“Los niños, por imposición de los imputados, debían pedir dinero en la calle, para lo cual limpiaban los vidrios de los autos y realizaban malabares. Una de las niñas, de 13 años, era obligada a realizar distintas tareas para conseguir dinero como cantar en los trenes o pedir limosna a los peatones, lo que solía hacer en la zona de Galerías Pacífico, en el barrio de San Nicolás, para lo cual, conforme se lo imponían, debía fingir padecer una discapacidad (debía permanecer sentada todo el día y simular que poseía un retraso madurativo y que no podía caminar) con el fin de que le dieran más dinero. La totalidad del dinero recaudado por los niños debía ser entregado a los sospechosos, quienes solían utilizarlo presuntamente para la compra de sustancias estupefacientes”, sostuvo el juez en lo criminal y correccional porteño Martín Yadarola, en la resolución donde, el 8 de enero pasado, procesó con prisión preventiva C. A. V., de 29 años, por los delitos de reducción a la servidumbre, abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de cuatro personas menores de 13 años de edad y robo agravado.
La investigación que derivó en el procesamiento de C. A. V. y la detención de N. B. M. G. comenzó el 2 de junio de 2019 cuando la mujer y sus cuatro hijos fueron trasladados de urgencia al Hospital Rivadavia por personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) para que le realizaran una “evolución interdisciplinaria” tras advertir que N. B. M. G. cruzara, junto a los niños, en forma imprudente la avenida Santa Fe por la zona de Plaza Italia de esta ciudad, con el semáforo habilitado para que circulen los vehículos, poniendo en riesgo la vida de los niños”, según surge en el expediente judicial.
Pocas horas después, se comprobó que tres de los menores [los que eran obligados a mendigar], un niño y dos niñas de entre 13 y 7 años, “se hallaban indocumentados, no estaban escolarizados, no poseían controles de salud ni vacunas”. La cuarta víctima era un bebe que en ese momento, según la evaluación médica, tenía un año de vida. “Se constató que la imputada se encontraba bajo los efectos del consumo problemático de alcohol y otras sustancias psicoactivas”, según surge en el expediente judicial
Los niños de entre 13 y 7 años son hijos que N. B. M. G. tuvo con una anterior pareja. El bebé es fruto de la relación con C. A. V.; los cuatro menores ahora está en proceso de adopción, explicaron fuentes judiciales.
“El trámite de la causa se demoró porque las víctimas no estaban en condiciones de declarar (de hacer la cámara Gesell). Entonces se decidió esperar a que estuvieran bien y que se avanzara en el proceso de adopción”, explicó una calificada fuente judicial.
Para resolver la situación procesal de C. A. V., el juez Yadarola tuvo en cuenta no solo el relato que hicieron las víctimas en Cámara Gesell, sino también los testimonios de las licenciadas en psicología, psiquiatría y otros auxiliares de justicia que participaron de la investigación.
Por ejemplo, en la citada resolución se hizo referencia a lo que recordó el niño que en ese momento tenía 9 años. “Acá me quemó. Estábamos cocinando chancho en una lata, me quemó con el encendedor. Él me dijo que no diga nada, que me quemé solo. Cuando estábamos en el cajero [C. A. V.] me metió el dedo en el trasero, también a mis hermanas, pero mi mamá les decía que no diga nada”, según consta en el expediente judicial.
“Se observó en forma palmaria la necesidad del niño de explicitar tales episodios sexuales y de maltrato vivenciados de manera espontánea que, según los estudios preliminares, evidenciaban continuidad temporal en su discurso, acompañados de material gráfico que vislumbraba indicadores emocionales de agresividad, angustia y ansiedad”, explicó el magistrado.
Cuando los niños se referían al “cajero automático” era porque dormían en un banco situado en avenida Santa Fe al 3300, en Palermo. Los abusos sexuales habrían ocurrido entre enero y junio de 2019.
“C. A. V. aprovechó la situación de convivencia preexistente y la guarda provisoria que tuviera de las víctimas en ausencia de otras personas mayores de edad, cuando quedaban a su respectivo cuidado, pudiendo tales episodios haber influido en el normal desarrollo de la sexualidad de los niños. En dicho contexto, el encausado habría accedido carnalmente a los damnificados. La madre de los niños los forzaba a soportar tales abusos y al silencio”, según la imputación que hizo la Justicia.
Los testimonios de los niños sobre los abusos y su sufrimiento cotidiano son estremecedores. “Siempre andábamos por la calle, un día de lluvia nos mojamos, no nos veíamos bien, no dormíamos bien, no nos alimentábamos bien, andábamos todo sucio, no nos podíamos bañar”; “Pedíamos plata en los autos, no sé, hacíamos algún malabar… toda la plata que ganaba se la tenía que dar a mi mamá… a ellos [a sus hermanos] le pegaban, le enseñaban cosas feas, hasta le enseñaban que entren a los quioscos a robar”, sostuvo una de las víctimas.
Hasta el momento la madre de los niños no pudo ser indagada. Su defensa argumentó que no está en condiciones de declarar. El juez Yadarola ordenó que sea evaluada por un equipo médico, según informaron a LA NACION fuentes judiciales.
Fuentes de la Policía de la Ciudad explicaron que el Ministerio Público Fiscal inició una investigación de oficio para que se determine si tienen veracidad los dichos que la sospechosa hizo ante la periodista de TN.
Conocé The Trust ProjectFuente: tn.com.ar