El gobierno de Donald Trump anunció la creación de una segunda zona militar restringida en la frontera con México, según informó el Comando Norte de Estados Unidos. En concreto, el Pentágono tomará control sobre una estrecha franja de terreno a lo largo de la frontera, con una extensión de más de 100 kilómetros, y pasará a formar parte de la base de Fort Bliss, cerca de El Paso.
El objetivo, argumentó el Comando Norte, es controlar la actividad ilegal en la frontera. El gobierno estadounidense incrementó la presencia militar en el área, desplegando a cientos de soldados, para impedir la entrada de migrantes y solicitantes de asilo al país. El pasado 11 de abril, Trump autorizó al Ejército a tomar control sobre terrenos federales en la frontera sur, con el fin de avanzar en su política migratoria.
El control fronterizo
En una orden presidencial, Trump pidió a los secretarios de Defensa, Seguridad Nacional, Interior y Agricultura que faciliten el traspaso de los terrenos públicos para permitir actividades militares en unas instalaciones que pasan a la jurisdicción del Pentágono. El traspaso de terreno mencionó en ese entonces solamente a la llamada “Reserva Roosevelt”, una estrecha porción de tierra de 20 metros de ancho que se extiende paralela a la frontera con México por unos mil kilómetros desde Nuevo México a California.
La toma de control del terreno por parte del Ejército se suma a la cada vez mayor presencia del Pentágono en la gestión de los organismos de migración. Desde la llegada de Trump al poder, el Pentágono ha desplegado miles de soldados en la frontera sur y el gobierno ha usado aviones militares para trasladar a migrantes venezolanos a la base naval de Guantánamo en Cuba. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó la semana pasada la frontera para destacar su autoridad sobre las franjas. “Esto es propiedad del Departamento de Defensa”, indicó el funcionario en un comunicado de prensa.
Al menos 82 migrantes fueron acusados el jueves de traspasar la zona militar restringida en Nuevo México, lo que los expone a posibles penas de hasta un año de prisión, sumado a los posibles castigos por ingresar de forma indocumentada al país. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que los cargos, presentados en un tribunal federal de Nuevo México, representan “el primer uso a gran escala de una novedosa ley penal dirigida al ingreso no autorizado a propiedades militares” estadounidenses.
Otro traspié judicial para Trump
En paralelo a la creación de la zona militar anunciada por el gobierno de Trump, un juez federal de Texas consideró ilegal el uso que el magnate hace de una ley del siglo XVIII para deportar a presuntos pandilleros venezolanos. El magistrado Fernando Rodríguez, designado por el propio Trump, bloqueó cualquier deportación desde su distrito del sur de Texas de presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua en virtud de la Ley de enemigos extranjeros de 1798.
La Corte Suprema y varios tribunales de distrito frenaron temporalmente las expulsiones en virtud de esta ley alegando falta de garantías procesales, pero Rodríguez es el primer juez federal que considera que su uso es ilegal. El 15 de marzo Trump invocó esta ley para enviar a presuntos pandilleros venezolanos a una megaprisión de El Salvador, que se prestó a encarcelarlos a cambio de seis millones de dólares, según la Casa Blanca. Hasta ese día la ley solo se había usado en tiempos de guerra, sobre todo para confinar a ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
“El presidente no puede declarar sumariamente que una nación o gobierno extranjero ha amenazado o perpetrado una invasión o incursión depredadora en Estados Unidos”, concluyó el juez Rodríguez en su dictamen de 36 páginas. “Permitir que el presidente defina unilateralmente las condiciones en las que puede invocar la ley y luego declarar sumariamente que esas condiciones existen, eliminaría todas las limitaciones a la autoridad del poder ejecutivo”, agregó.
“El gobierno no tiene autoridad legal, en virtud de la ley de enemigos extranjeros, para detener a extranjeros venezolanos, trasladarlos dentro de Estados Unidos o expulsarlos del país”, remarcó el magistrado norteamericano. Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que presentó la demanda para detener las expulsiones, aplaudió el fallo. De todos modos Trump puede seguir deportando migrantes en situación irregular aplicando las leyes migratorias, como han hecho a lo largo de las décadas gobiernos tanto demócratas como republicanos.
Fuente: pagina12.com.ar