Donald Trump llegó al poder con la promesa de cerrar las puertas a quienes buscan emigrar o encontrar refugio en el país y de poner en marcha la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos. En sus primeros 100 días en la Casa Blanca, que se cumplieron el miércoles pasado, el presidente forzó los límites del Ejecutivo para cumplir con su palabra, firmando más de 170 decretos y empujando a otras agencias, como el Pentágono o el Departamento de Justicia, a involucrarse en la gestión migratoria. La administración recurrió a las fuerzas armadas, agencias y bases de datos federales, y a las fuerzas del orden estatales y locales, además de invocar leyes solo usadas en tiempos de guerra para lograr los cambios más radicales en materia migratoria.
La “crimigración” avanza
Lady Junek Vargas León, Maestra en Estudios Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entiende que se consolidó una narrativa de “crimigración” con la llegada de Trump a EE.UU. “La política migratoria actual no solo está dirigida a frenar la llegada de nuevos migrantes, sino a reconfigurar el sistema para facilitar una ‘normalización’ de la deportación masiva”, explica León en diálogo con Página/12. Por su parte Michelle Mittelstadt, Directora de Comunicación del Instituto de Política Migratoria, sostiene: “Este ha sido uno de los períodos más trascendentales, si no el más trascendental, en la política migratoria en décadas. La administración ha cumplido sus promesas de generar conmoción e inundar la zona al impulsar cambios que afectan a todos los ámbitos del sistema migratorio estadounidense”.
El gobierno de Trump saca pecho del aumento en las detenciones de migrantes, que se duplicaron en comparación con la administración anterior de un promedio de 310 al día a más de 650, según cifras del Migration Policy Institute. Tomando datos del Registro Federal y algunos medios de comunicación, Trump parece estar en camino de deportar a aproximadamente medio millón de personas este año, una cifra menor a las 685 mil deportaciones registradas en 2024 bajo la presidencia de Joe Biden y bastante lejos del millón prometido por el magnate republicano.
Según filtraciones a la prensa estadounidense, la distancia entre expectativa y realidad generó cierto malestar puertas adentro del gobierno, que decidió contraatacar lanzando una campaña promoviendo la “autodeportación”: que los migrantes decidan por cuenta propia volver a sus países de origen. Se dieron decenas de casos de detenciones de ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y migrantes con un estatus legal. Para León, el gobierno de Trump “busca crear un ambiente de terror e incertidumbre entre los migrantes, en lugar de abordar de manera estructural los problemas migratorios a largo plazo”.
La resistencia frente al acoso
La administración de Trump también revocó una serie de programas y beneficios migratorios creados por su antecesor, entre ellos el parole humanitario para Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, el estatus de protección temporal y la aplicación CBP One, que permitía pedir cita para entrar de manera legal por la frontera. Frente a la opacidad de los datos oficiales, León cree que existen “indicios claros de que se están ejecutando operativos masivos de detención y deportación, especialmente en comunidades vulnerables y con recursos legales limitados”. Allí es donde surgen acciones de resistencia como la organización Unión del Barrio, que patrulla las calles de San Diego y Los Ángeles para identificar potenciales redadas.
“El objetivo es no ver nada, pero si vemos algo informamos a la comunidad. Hacemos esto todos los días en áreas diferentes de Los Ángeles, siete días a la semana, y atendemos el teléfono 24 horas al día”, explica Ron Gochez, miembro de la organización, durante un recorrido por el sur de Los Ángeles, una región de clase trabajadora con fuerte presencia de inmigrantes. Los activistas se reúnen a las 5:30 de la mañana y salen en busca de autos con vidrios polarizados, de modelos determinados, estacionados en doble fila, u otras características que indiquen que podría tratarse de agentes del servicio de inmigración. Al final de los recorridos, Unión del Barrio coloca las imágenes en redes sociales para que los vecinos sepan si su área está libre de redadas.
La narrativa del migrante como “enemigo extranjero”
En febrero, el gobierno de Trump empezó a usar la base naval estadounidense en Guantánamo en Cuba para retener migrantes, trasladándolos desde centros de detención en Estados Unidos. Inicialmente las autoridades enviaron ahí a 178 migrantes venezolanos, que pasaron varias semanas encarcelados antes de ser deportados a Venezuela, provocando el rechazo de organismos internacionales. Desde entonces las autoridades trasladaron discretamente a más personas a la base para luego enviarlos a otros países. Actualmente están detenidas allí 45 personas, según el diario The New York Times.
El uso de la base naval de Guantánamo como espacio de detención migratoria no es nuevo, recuerda León, y “retomar este modelo no es solo una decisión operativa, es una declaración política sobre cómo se concibe a las personas migrantes: no como sujetos de derechos, sino como amenazas a contener”. A mediados de marzo Trump decidió invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa poco conocida y usada en el pasado solo en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de migrantes hacia una megacárcel en El Salvador. En total el gobierno ya envió a más de 200 personas al país centroamericano, sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte ni comunicarse con sus familias o abogados.
El jueves pasado un juez federal de Texas consideró ilegal el uso que Trump hace de esta ley del siglo XVIII para deportar a presuntos pandilleros venezolanos. La Corte Suprema y varios tribunales de distrito paralizaron temporalmente las expulsiones en virtud de esta ley alegando falta de garantías procesales, pero Rodríguez es el primer juez federal que considera que su uso es ilegal. “El presidente no puede declarar sumariamente que una nación o gobierno extranjero amenazó o perpetró una invasión o incursión depredadora en EE.UU.”, concluyó Rodríguez en su dictamen de 36 páginas.
Según Mittelstadt, “la deslocalización de migrantes a prisión en El Salvador, y los rumores sobre la posible consideración de enviar migrantes y solicitantes de asilo a países como Ruanda y Libia, marcan una ruptura radical con las prácticas anteriores de EE.UU. y plantean dudas sobre su compromiso con la defensa de los derechos humanos fundamentales”. A los fallos adversos en la justicia, el Ejecutivo responde tildando a los jueces de “insubordinados” y “radicales de izquierda” y dos viernes atrás el FBI detuvo a una magistrada de menor instancia en Wisconsin acusándola de impedir el arresto de un migrante indocumentado.
Una política con efectos “devastadores”
El caso de uno de los hombres enviado a la megacárcel del CECOT, Kilmar Ábrego García, se convirtió en una bandera de la oposición demócrata y las agrupaciones defensoras de derechos humanos. La Corte ordenó al gobierno facilitar su retorno, pero tanto Estados Unidos como El Salvador se resisten. El migrante de origen salvadoreño estaba afincado en EE.UU. desde hace más de una década y tenía un estatus legal que lo protegía de la deportación. El gobierno, sin embargo, lo arrestó y lo deportó, acusándolo sin pruebas de formar parte de la pandilla MS-13.
Los juristas advierten sobre una inminente crisis constitucional si el poder ejecutivo no acata las decisiones judiciales. “Hasta el momento, si bien el presidente expresó su profunda frustración por las limitaciones de los tribunales a las acciones migratorias de su administración, también ha afirmado que respeta a la Corte Suprema”, explica Mittelstadt. Para Junek la narrativa de la ‘crimigración’ implementada por Trump “tiene efectos profundos en las comunidades migrantes, muchas veces más devastadores que los operativos mismos”. La especialista en migración internacional por el Colegio de la Frontera Norte cree que “en lugar de ser un fenómeno de derechos humanos, la migración se está tratando como una cuestión de seguridad nacional y control territorial”.
Fuente: pagina12.com.ar