Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, aplicó de inmediato políticas en contra de la migración irregular, tal como había prometido en reiteradas ocasiones durante la campaña electoral. Aunque muchos apoyan las medidas del magnate, también existen voces diversas en el mundo del espectáculo, la política y las ONG que se oponen a las iniciativas del nuevo gobierno. Incluso hay diferencias dentro del propio Partido Republicano en el estado de Florida sobre cuáles son las mejores (y más duras) medidas a implementar.
“Deporten a Selena Gómez”
La actriz y cantante estadounidense Selena Gómez compartió el lunes un breve video en su cuenta de Instagram en el que lloraba debido a las órdenes de deportación masivas de inmigrantes indocumentados hacia México. “Solo quería decir que lo siento mucho, toda mi gente está siendo atacada, los niños… no lo entiendo”, expresó Gómez, de ascendencia mexicana. “Lo siento mucho, ojalá pudiera hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo”, sentenció la actriz.
Las palabras de Gómez no tardaron en llegar a los oídos de los republicanos, quienes la criticaron. Uno de los casos más recientes ocurrió el viernes por la noche, cuando la administración Trump publicó en las redes sociales de la Casa Blanca un video titulado “Madres de víctimas de extranjeros ilegales critican a Selena Gómez”. “Al ver su video, es difícil creer que sea realmente genuina y real porque ella es una actriz”, consideró Alexis Nungaray, una de las tres madres que aparecen en la publicación.
“Selena Gómez apoya a los ilegales en vez de apoyar a Estados Unidos porque es descendiente de tercera generación de inmigrantes ilegales mexicanos que recibieron la ciudadanía gracias a la amnistía de 1987”, indicó por su parte el excandidato al Senado de Estados Unidos, Sam Parker, en la red social X, uno de los primeros en pronunciarse. “Deporten a Selena Gómez”, apuntó Parker en otro posteo.
División entre los demócratas
En la otra vereda política, son muchos los demócratas que expresaron su rechazo a las políticas migratorias de Trump. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, anunció el martes que la policía local no cooperará con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para expulsar a las personas que no tengan sus papeles en regla.
“Quiero hablarle directamente a la gente que está indocumentada. Los queremos, nos importan. En la ciudad de Minneapolis te defenderemos y haremos todo lo que esté en nuestro poder para ayudar. Porque no sos un extranjero en nuestra ciudad, sos un vecino”, subrayó Frey en una conferencia de prensa.
Los demócratas en estados como Connecticut, Hawai, Massachusetts, Nuevo México, Oregon y Washington están respaldando medidas para expandir la atención médica y la educación superior para migrantes, restringir la posibilidad de que los propietarios de viviendas pregunten por el estatus migratorio o bloquear los acuerdos gubernamentales para abrir nuevos centros de detención de migrantes, informó la prensa estadounidense.
Aún así también hay dentro del Partido Demócrata políticos que apoyan algunas de las medidas de Trump. El mandatario firmó el miércoles la Ley Laken Riley, la primera legislación que recibe su firma desde su regreso a la Casa Blanca, la cual permitirá la detención de inmigrantes indocumentados acusados de hurto y robo. La iniciativa fue aprobada la semana anterior en la Cámara de Representantes con un total de 263 votos a favor, entre los cuales se incluyen 46 demócratas, y 156 en contra. El Senado la había aprobado previamente con 64 votos a favor, de los cuales 12 fueron de senadores demócratas, y 35 en contra.
En defensa de los migrantes
También existen diversas ONG que se oponen a las políticas migratorias de Trump, incluso desde antes de su asunción. Un ejemplo reciente ocurrió el viernes, cuando el Comité Estadounidense para los Refugiados e Inmigrantes (USCRI) se pronunció en contra de la directiva del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), que autoriza a las autoridades federales de inmigración a arrestar a personas en lugares cercanos a instituciones como iglesias, escuelas y hospitales. Esta medida marca un cambio respecto a la política histórica de evitar los llamados “lugares sensibles”.
“Esta decisión no sólo ignora la dignidad y los derechos de los inmigrantes, sino que también debilita el tejido social que une a nuestra nación”, dijo Eskinder Negash, presidente y director ejecutivo de USCRI, en un comunicado. “Las escuelas son lugares de aprendizaje, los hospitales son lugares de sanación y los lugares de culto son santuarios de fe y consuelo. Convertirlos en sitios de acciones de cumplimiento de la ley envía un mensaje escalofriante de que estos valores son menos importantes que el cumplimiento de la ley de inmigración”, remarcó.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la principal ONG en defensa de los inmigrantes en Estados Unidos, demandó a Trump dos días después de su asunción debido a su política de deportaciones inmediatas. Anand Balakrishnan, uno de los abogados que presentó la denuncia, señaló que esta medida vulnera la Quinta Enmienda, que garantiza el derecho a un proceso legal justo, así como las leyes de Inmigración y Nacionalidad y de Procedimiento Administrativo. En un comunicado la ACLU mencionó que, bajo esta política, los inmigrantes contarían con menos garantías procesales para luchar contra su deportación que las que se aplican para impugnar una simple multa de tráfico.
El caso de Florida
La Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) es una de las organizaciones que lucha contra las políticas migratorias que se pretenden imponer en ese estado. “Estamos peleando contra una ley antiinmigrante impulsada por la legislatura estatal y otra propuesta por el gobernador, que están en competencia por ver cuál es más antiinmigrante”, explicó a Página/12 Thomas Kennedy, migrante argentino y portavoz de la coalición.
Precisamente el miércoles el gobernador de Florida, Ron DeSantis, prometió vetar el proyecto legislativo, el cual fue aprobado por la mayoría republicana, al considerarlo débil. Según la prensa estadounidense, el proyecto de ley asigna 500 millones de dólares para reforzar la coordinación entre las autoridades estatales, locales y las fuerzas policiales federales. También implicaría mayores sanciones penales para los inmigrantes sin permiso de estancia en el país que cometan delitos en Estados Unidos, y cede la autoridad de supervisión de los procedimientos de inmigración, originalmente en manos de DeSantis, al comisionado de Agricultura del estado.
Kennedy indicó que entre los migrantes hay personas que no se atreven a ir a trabajar por miedo a una redada, aunque también destacó que existe mucha preparación. “La gente sabe más sobre sus derechos: qué hacer si la policía va a la casa, si hay una redada, si están detenidos… Obviamente, nuestras organizaciones han tenido mucha preparación y ya hemos vivido la primera administración (de Trump). Hay miedo, pero no incertidumbre”, detalló.
El endurecimiento de algunas medidas
Entre las nuevas medidas generales contra la inmigración anunciadas esta semana, Trump revocó la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, lo que les permitía trabajar y residir legalmente en el país. Además afirmó que planea utilizar la base militar de Guantánamo con el objetivo de retener al menos a 30 mil personas en situación irregular en Estados Unidos que las autoridades buscan deportar a sus países de origen.
“Guantánamo tendría que haberse cerrado hace años y que se use para albergar migrantes es realmente un retroceso grave”, remarcó Kennedy. “Es terrible, primero porque es un lugar donde se ha torturado gente, se han violado derechos civiles, han detenido gente sin ningún tipo de cargos por tiempos indefinidos… es un campo de concentración en el sentido literal de la palabra”, agregó el migrante argentino.
Fuente: pagina12.com.ar