En la lógica de Donald Trump, la construcción de un extranjero no deseado se profundiza. La retórica del presidente de Estados Unidos lo define con un viejo significante, pero le da un nuevo sentido y lo amplía a más personas. Utiliza un par de palabras como sinónimos: criminal y terrorista. Desde el 20 de febrero pasado, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que se definía a ocho cárteles de las drogas con base en Latinoamérica como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por su sigla en inglés) la campaña se radicalizó. Ahora están casi al mismo nivel que Al Qaeda, el Estado Islámico o Boko Haram.
“La intención de designar a estos cárteles y organizaciones transnacionales como terroristas es proteger a nuestra nación, al pueblo estadounidense y a nuestro hemisferio. Esto significa poner fin a las campañas de violencia y terror de estos despiadados grupos, tanto en Estados Unidos como a escala internacional. Estas designaciones proporcionan a las fuerzas del orden herramientas adicionales para detener a estos grupos”, decía el texto firmado por Rubio.
En las dos líneas finales del comunicado está lo más novedoso y sutil. ¿A qué se habrá referido con las “herramientas adicionales”? ¿A la extensión del concepto de “extraterritorialidad” que EE.UU aplica en todo el mundo? Como si una ley vigente en cualquier estado de la Unión rigiera a escala planetaria, Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria según Washington, patrocinan todavía hoy el terrorismo. “Esa designación unilateral va en contra de los principios fundamentales del derecho internacional”, aseguró el 8 de febrero un grupo de expertos de Naciones Unidas.
Estados, grupos narcos, organizaciones de otro tipo o individuos de a pie pueden quedar atrapados en esa cosmovisión del gobierno de EE.UU. Los inmigrantes en general ya están bajo esa lupa difusa y en particular, los estudiantes provenientes de otros países que protestan contra la guerra de Israel en Gaza. Podría estimarse que pronto alcanzará ese neomacartismo a todos y todas las disidencias. Una paranoia que no se respiraba desde la Guerra Fría o más cerca en el tiempo, desde el ataque a las Torres Gemelas del 11-S del 2001 cuando la islamofobia se instaló con fuerza hasta nuestros días.
Bajo una ley del siglo XVIII
EE.UU ya vivió esa etapa en distintos momentos de su historia. Bajo la aplicación de una ley del siglo XVIII, llamada de Enemigos Extranjeros y que se remonta a 1798, se persiguió, detuvo y confinó en campos de concentración a ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo una decena de centros de detención desde Tule Lake en California hasta Heart Mountain en Wyoming y Minidoka en Idaho. Siempre en terrenos fiscales y alejados de centros urbanos. Para no verlos.
Hoy se interna a inmigrantes presuntamente indocumentados en dependencias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Desde esas instalaciones son deportados a sus países de origen o se los transporta encadenados y con grilletes en los tobillos hacia los aviones de carga que los convertirán en detenidos sin derecho alguno en la cárcel de Guantánamo, territorio usurpado a Cuba o el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) que construyó el presidente Nayib Bukele en El Salvador. El nuevo “dictador más cool del mundo” como se autoproclamó el carcelero top.
Asociado política y comercialmente con su admirado Trump, los expulsados de Estados Unidos que recibe Bukele son sometidos al mismo trato que decenas de miles de salvadoreños en el CECOT. En marzo pasado, Kristi Noem, responsable del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU, posó delante de detenidos hacinados en aquella megaprisión construida a 60 kilómetros de San Salvador.
Con sadismo que pretendía ser aleccionador, se filmó diciendo a cámara: “Entiendan. Esta cárcel es una de nuestras herramientas para quienes vienen ilegalmente a nuestro país”. Ya la ocupan decenas de venezolanos que fueron deportados hacia allí a cambio de 20 mil dólares por año que recibirá de Washington el gobierno del dictador autopercibido cool.
Algunos de los confinados en el CECOT pertenecen a uno de los ocho grupos narcos que Trump definió por decreto como terroristas. Se trata del Tren de Aragua, originario de Venezuela, y acaso el más joven entre todos los demás Cárteles que colocó el presidente de EE.UU en su lista. Seis son mexicanos: el Cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Noreste (CN), antes llamado Los Zetas, el del Golfo (CDG), la Nueva Familia Michoacana (LNFM) y Cárteles Unidos (CU). El restante nació en Estados Unidos entre migrantes salvadoreños: es la Mara Salvatrucha (MS-13). Todo indica que el Cártel de Sinaloa es la organización más poderosa entre las rotuladas como terroristas. Su presencia se extiende a más de cien países.
Pese a que Estados Unidos detuvo a sus dos principales cabecillas, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada y a varios de sus familiares más cercanos, este grupo narco no ha sido desarticulado y sigue operando, ahora sin descanso pero bajo acecho del gobierno mexicano en su reducto principal, Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. Su principal negocio es la fabricación y venta de fentanilo, un opioide sintético de alta letalidad. Casi 10 mil kilos de la droga fueron incautados en las fronteras de Estados Unidos durante el año fiscal 2024, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés).
La política antidrogas de EE.UU llevó a decir al principal asesor del magnate, Elon Musk, que los miembros de los cárteles ahora definidos como terroristas, podrían ser atacados con drones como en una guerra convencional.
Bajo la coartada de perseguir esas organizaciones del narcotráfico, Trump no solo responsabiliza a Canadá y México por la penetración del fentanilo en su país y castigó a sus vecinos con la suba de aranceles. Su prédica contra los migrantes ha ido mucho más allá. Se delata cuando extiende de modo impreciso y ampliado la definición de criminal a centenares de miles de extranjeros que viven en EE.UU.
Noam Chomsky señala: “tenemos que comprender claramente la malignidad de Trump, pero también, mucho más: la podredumbre de la que creció, la estructura institucional sobre la que descansa y el clima cultural ideológico que la sustenta”.
Explicar el concepto de terrorista que aplica Estados Unidos resulta intrincado. Si se refiere a hechos, el 11 de septiembre de 2001 ingresó a esa categoría el ataque a las Torres Gemelas. Nadie lo discute. Marcó un antes y un después en la Guerra contra el terrorismo que llevó adelante Washington, aún con coartadas falsas como las armas de destrucción masiva que mantenía presuntamente en secreto Irak. Pero ¿por qué no son considerados terroristas quienes cometen masacres sistémicas de estudiantes en las universidades , escuelas o la vía pública en EE.UU? La diferencia la establece una razón política. Como ahora es política la extensión del significante terrorista a narcotraficantes o a cualquiera que se aproxime a su periferia. Sobre todo si es migrante, latino y no tiene papeles.
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Fuente: pagina12.com.ar