Municipalidad clausura natatorio de barrio Sur tras muerte de joven con discapacidad en Tucumán
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán clausuró el natatorio del IND en barrio Sur por falta de habilitación, tras la muerte por ahogamiento de un joven con discapacidad. La investigación judicial avanza.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ordenó el cierre de la pileta del IND en barrio Sur, donde Gabriel Palavecino murió ahogado en noviembre. La medida, tomada casi dos meses después de la tragedia, se basó en la falta de habilitación municipal, un requisito obligatorio para todos los establecimientos de este tipo en la capital tucumana.
El natatorio, ubicado en calle Congreso 669, operaba sin la autorización correspondiente mientras avanza la investigación judicial por el fallecimiento del joven de 32 años con retraso madurativo. La clausura se ejecutó por la ausencia de este permiso fundamental.
Una tragedia evitable
Gabriel Sebastián Palavecino falleció por asfixia por inmersión durante una clase de natación. Testimonios y cámaras de seguridad revelaron que permaneció sumergido aproximadamente cinco minutos sin que el personal a cargo interviniera a tiempo.
La autopsia confirmó la causa de muerte. Las imágenes incorporadas a la causa judicial muestran la ausencia de un guardavidas en el sector y la falta de asistencia inmediata al joven, quien fue retirado del agua sin signos vitales.
Denuncias por abandono e irregularidades
La familia de la víctima, que había contratado un acompañante profesional por recomendación médica, denunció graves irregularidades. Afirmaron que el establecimiento no solicitó estudios médicos previos ni evaluó la condición física de Gabriel, quien no sabía nadar con soltura.
El abogado de la familia, Marco Rossi, calificó el hecho como un caso de abandono de persona. “La muerte de Gabriel se podría haber evitado. No hubo asistencia, no hubo control y no hubo protocolos mínimos de seguridad”, sostuvo el letrado.
Exigencias de seguridad incumplidas
En San Miguel de Tucumán, las piletas deben cumplir con la Resolución 508/SPS/2020. Esta normativa exige, además de la habilitación municipal, personal capacitado como guardavidas, controles médicos, análisis periódicos del agua, infraestructura adecuada y planes de higiene y seguridad.
La clausura dispuesta por el municipio responde específicamente a la falta de la habilitación comercial obligatoria. El caso es investigado por la Fiscalía de Homicidios I, y aunque aún no hay imputados, la familia adelantó que iniciará acciones civiles contra los responsables.
La investigación busca determinar las responsabilidades por la muerte de Palavecino, ocurrida en un establecimiento que funcionaba al margen de la ley en el corazón de la capital tucumana.