Murió atado en una residencia y ahora exigen tratar la 'Ley Fede' en Córdoba

La muerte de Federico Almada, un joven de 25 años con autismo, destapó una urgente demanda: la legisladora Nancy Almada reclamó que la Unicameral trate sin demora la 'Ley Fede', un proyecto que busca capacitar a todos los agentes del Estado en el abordaje del TEA. El cuerpo fue hallado con signos de haber estado atado, según confirmó la propia parlamentaria.

Federico, sobrino de la legisladora del Frente Cívico, falleció el pasado miércoles 5 de agosto en la residencia Sumak, ubicada en la localidad de Valle Hermoso. Su familia lo había trasladado allí apenas dos semanas antes, después de que el hogar de día de Malvinas Argentinas al que concurría le comunicara que ya no podía continuar asistiendo.

¿Qué dijo la fiscalía?

La fiscal Silvana Pen inició una investigación de oficio para determinar las causas del deceso y las responsabilidades del caso. Según reveló Almada en Ahora Noticias, por los SRT, al momento de su muerte el joven "se encontraba atado".

La legisladora fue contundente al analizar lo ocurrido: "En todos los casos que vemos es falta de capacitación, falta de entender el espectro autista, cómo funcionan los niños con neurodivergencia. No sé cuál es el control en la capacitación de las enfermeras o los acompañantes terapéuticos; a veces sale más barato la precarización laboral".

También apuntó contra el oficialismo: si "los proyectos los presenta la oposición, no los trata. O lo toman, hacen un proyecto igual y lo presentan ellos. A mí no me interesa quién lo presente, me interesa que se pueda hacer una política pública que realmente le sirva a la gente y que no tengamos que lamentar lo que nosotros estamos pasando. No era ningún pedido extremo de dinero; era pedir la capacitación de absolutamente todas las personas, como se hace con la Ley Micaela o la Ley Yolanda".

Los ejes de la 'Ley Fede'

El proyecto busca establecer una política pública integral, permanente y transversal en toda la provincia. Su objetivo central: garantizar la concientización, formación, atención y protección de los derechos de las personas con TEA, promoviendo una sociedad inclusiva y respetuosa de la neurodiversidad.

Entre los puntos más salientes se destacan:

Formación obligatoria: Capacitación periódica y certificada para agentes de los tres poderes del Estado, profesionales de la salud, docentes, fuerzas de seguridad y personal de atención al público en empresas privadas.

Seguridad y Fuerzas Policiales: Formación obligatoria y continua para la Policía de la Provincia de Córdoba, más la creación de un Protocolo de Intervención Policial ante personas con TEA para evitar el uso desproporcionado de la fuerza o malas interpretaciones en situaciones de crisis.

Capacitación en escuelas: Incorporación de contenidos pedagógicos en todos los niveles educativos para fomentar la empatía y prevenir la estigmatización.

Inclusión laboral y tecnologías de apoyo: Programas de empleo adaptado, incentivos para empresas, ajustes razonables y acceso gratuito o subsidiado a sistemas de comunicación aumentativa.

Salud e Investigación: Creación del Centro Provincial de Investigación y Atención Integral del TEA (bajo el Ministerio de Salud) y del Observatorio Provincial de Inclusión y Derechos de las Personas con TEA.

Prohibición de prácticas coercitivas: Veto explícito a tratamientos abusivos, invasivos o punitivos que no respeten la dignidad e integridad del paciente.

Un pedido urgente

Tras la trágica pérdida, Almada exigirá formalmente al bloque oficialista que abra la discusión de la norma en las comisiones de la Unicameral. La intención es que el Estado provincial asuma la responsabilidad de adaptar entornos y servicios para casos similares en Córdoba.