Murió tras un parto fallido en el Hospital Lucio Molas: la Justicia condenó a la Provincia y le ordenó pagar en tiempo récord

La Cámara de Apelaciones de Santa Rosa confirmó la responsabilidad del Hospital Lucio Molas en la muerte de una joven de 20 años, ocurrida en 2019, y le ordenó a la Provincia pagar una millonaria indemnización en solo 30 días. El fallo, que además declaró inaplicable una ley que permitía demorar el pago, marca un precedente contundente en casos de mala praxis.

Una cadena de negligencias fatales

El trágico desenlace se produjo en agosto de 2019, cuando la víctima, embarazada de su primer hijo, ingresó al hospital público derivada de una clínica privada con un cuadro de preeclampsia severa. A pesar de la gravedad del diagnóstico y de las alertas clínicas, los médicos decidieron postergar la cesárea de urgencia para intentar un parto vaginal y, de manera inexplicable, suspendieron la administración de sulfato de magnesio, un medicamento esencial para prevenir convulsiones.

Horas más tarde, la paciente sufrió un ataque de eclampsia, perdió el conocimiento y entró en paro cardiorrespiratorio. Permaneció 16 días en terapia intensiva, hasta que finalmente falleció. Los profesionales lograron salvar al bebé mediante una cesárea de extrema urgencia en medio de las maniobras de reanimación.

La Justicia desestimó los argumentos del Estado

El fallo, firmado por las juezas Laura B. Torres y Marina E. Alvarez, desechó por completo la defensa del Estado provincial, que intentó justificar la actuación médica calificándola de razonable. Los peritajes realizados demostraron de manera científica que la demora en interrumpir el embarazo y la suspensión injustificada del anticonvulsivo fueron las causas directas del trágico desenlace.

Además de ratificar la mala praxis, el tribunal de alzada incrementó las indemnizaciones fijadas en primera instancia, que habían sido consideradas insuficientes por la familia. Las magistradas reconocieron el valor económico de las tareas de cuidado que la joven iba a realizar en el hogar y elevaron sustancialmente la compensación por daño moral para el viudo y su pequeño hijo, quienes tuvieron que mudarse a otra provincia para recomenzar sus vidas.

Un golpe a los privilegios del Estado

Uno de los puntos más salientes de la resolución fue la declaración de inaplicabilidad de la Ley Provincial 1745, que otorgaba al Estado pampeano un período de gracia de 365 días para pagar cualquier condena judicial firme. Las juezas consideraron que, en este contexto, aplicar ese plazo resultaba irrazonable e inhumano, teniendo en cuenta la tragedia vivida y el interés superior del niño huérfano.

Por ello, ordenaron que la millonaria indemnización se abone en un plazo perentorio de 30 días. “Imponerle a ese niño la espera de un año para percibir esa indemnización a su favor no resultaría en ajuste con las directrices constitucionales”, sentenció el tribunal.