Murúa habló en Tribunales y apuntó contra el Gobierno: «Me necesitaban incriminar»
La excoordinadora de Comedores Escolares de Concordia declaró en Tribunales y apuntó contra el Gobierno de Frigerio: dice que la apartaron con una «supuesta auditoría» para incriminarla y avanzar con Teknofood. La Fiscalía, en cambio, la imputa por direccionamiento de compras. ¿Qué pasó con los fondos que debían alimentar a los alumnos?
La excoordinadora de Comedores Escolares de Concordia, Silvina Murúa, declaró este martes en la causa que investiga el presunto desvío de fondos destinados a las escuelas y no se guardó nada. Según su versión, no solo rechazó las acusaciones en su contra sino que involucró al Gobierno de Rogelio Frigerio en una maniobra para dejarla expuesta.
«Yo ya no quiero esperar más, ya no me puedo callar más, no aguanto más una piña. A mí ya me mataron», expresó Murúa al explicar por qué decidió presentarse después de aguardar, según ella, el resultado de las pericias sobre el teléfono del comerciante Iñaki Partarrié.
Su defensa sostiene que Murúa descubrió un mecanismo de retornos que ya funcionaba cuando asumió, que lo denunció ante los responsables políticos del área y que, cuando el problema creció, la apartaron con una «supuesta auditoría» para convertirla en el fusible de una estructura integrada por proveedores, funcionarios y responsables de las tarjetas. El objetivo final, según su relato, era avanzar con Teknofood.
La hipótesis de la Fiscalía
El planteo de Murúa choca de frente con la acusación fiscal. En el legajo 7046/25, la Fiscalía le atribuye a ella, a sus hermanos Adrián y Vanesa, a su cuñado Esteban Godoy y a Julián Quiroga haber participado en un esquema de direccionamiento de compras que habría alcanzado a más de treinta establecimientos y beneficiado a Ahora Voy SRL y Partarrié Distribuciones SAS.
Las imputaciones se formalizaron en mayo de 2026. Murúa, en cambio, afirma que la investigación penal está prácticamente detenida y que falta una pericia que considera clave: la del teléfono de Partarrié.
El origen del conflicto
Murúa sitúa el comienzo de su historia en febrero de 2024, poco después de asumir la Coordinación. Asegura que ya conocía algunas prácticas irregulares porque su madre, docente, había detectado situaciones similares en una escuela y terminó cambiándose de establecimiento por las presiones que recibió.
«Cuando a mí me ofrecen este puesto, yo no lo quería porque sabía cómo se manejaban y sabía que era un ambiente muy complicado. Yo sola no iba a estar ahí adentro porque a mí me iban a destrozar», explicó. En ese marco, reconoció que una de las condiciones que puso para aceptar el cargo fue que sus hermanos pudieran incorporarse al área.
Según su relato, el primero en conocer las irregularidades fue el diputado provincial Marcelo «Mono» López, con quien mantenía una relación de confianza política y personal. «Yo asumí en enero. En febrero yo ya le conté a López todo esto. Me hizo esperar, presentamos la denuncia», sostuvo, y agregó que el legislador le pedía tiempo y le respondía que iban a encontrar una solución.
López no dio su versión en el relato que se conoció. La primera presentación ante la Fiscalía de Concordia, entonces a cargo de Martín Núñez, quedó en el centro de la disputa sobre quién supo antes y quién tardó en actuar.
Una grieta que incomoda
El caso deja al descubierto una fractura incómoda: de un lado, una exfuncionaria que dice haber advertido y haber sido descartada; del otro, una Fiscalía que la imputa por el mismo esquema que, según ella, intentó denunciar. En Concordia, la discusión ya no pasa solo por los comedores escolares: es por quién pudo, quién quiso y quién terminó pagando el costo político de una alimentación que, según la investigación, no coincidía con lo facturado.