Mientras los colectivos de Salta sufren por la deuda y la falta de gasoil, Nación oficializó un nuevo esquema de subsidios para el AMBA que incluye un pago millonario y un aumento a partir de noviembre. El gobernador Sáenz explotó contra el criterio de distribución y lanzó una dura advertencia sobre el federalismo. ¿Qué pasará con las provincias?
Mientras las empresas de colectivos de Salta siguen remando con deudas y falta de gasoil, el Gobierno nacional oficializó una nueva estructura de costos para las 104 líneas del AMBA y autorizó un pago millonario a las prestatarias. La decisión desató la furia del gobernador Gustavo Sáenz, que no se guardó nada.
La Resolución 80/2026, publicada en el Boletín Oficial, fija las compensaciones que recibirán las empresas de jurisdicción nacional entre octubre de 2026 y enero de 2027. Además, contempla un incremento de entre 10% y 15% en los subsidios a partir de noviembre, tras el acuerdo entre la Secretaría de Transporte y las cámaras del sector.
El pago autorizado asciende a $38.840 millones por diferencias de recaudación, según el texto oficial.
El descargo de Sáenz
El gobernador salteño reaccionó con dureza en sus redes sociales. Cuestionó que las provincias del interior deban sostener el transporte con recursos propios mientras Nación refuerza las compensaciones para el sistema porteño y bonaerense.
"Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte en el AMBA, mientras Salta y las provincias del interior seguimos haciendo un enorme esfuerzo para sostener el servicio", escribió Sáenz.
Y agregó: "Recursos hay, evidentemente, pero no se distribuyen de manera equitativa".
El mandatario consideró que hay una contradicción entre el discurso de austeridad fiscal y el aumento de las compensaciones al transporte metropolitano.
"No se puede hablar de equilibrio fiscal y federalismo cuando se beneficia a unos y se perjudica a otros. ¿Hasta cuándo va a haber argentinos de primera y de segunda?", planteó.
Sáenz recordó que, desde la eliminación de los subsidios nacionales al transporte urbano del interior, la Provincia asumió parte del esfuerzo para sostener el servicio y contener el impacto en los usuarios.
"No estamos pidiendo privilegios. Estamos reclamando igualdad de oportunidades y una distribución justa de los recursos", sostuvo.
Y cerró con un mensaje directo: "El federalismo no se declama, se demuestra con hechos".
La crisis de Saeta que golpea a los salteños
La reacción del gobernador llega después de que el sistema de transporte del área metropolitana de Salta volviera a estar al borde del colapso.
Las empresas de los corredores 1 al 8 habían anunciado una reducción de frecuencias por las dificultades para abastecerse de gasoil. Atribuyeron el problema a atrasos en los pagos de Saeta de septiembre y octubre, y advirtieron que la situación había agotado su capacidad de crédito.
Finalmente, la medida quedó desactivada después de que el Gobierno provincial asegurara que los colectivos circularían con normalidad. Sin embargo, no se informaron públicamente los mecanismos para garantizar el abastecimiento ni cómo se resolverían los pagos reclamados.
No es la primera vez que el servicio queda en jaque. En mayo, las empresas denunciaron que se les adeudaba más del 60% de los certificados de abril. El conflicto derivó en junio en la suspensión de los servicios nocturnos entre las 23.30 y las 5.30, que se levantó tras un acuerdo.
En agosto, las operadoras advirtieron que la deuda acumulada rondaba los $14.000 millones y reclamaron fondos comprometidos por la Provincia. En septiembre volvieron a alertar por la falta de combustible y fijaron plazos para una eventual suspensión.
Qué incluye la nueva resolución para el AMBA
La norma establece la estructura de costos para los colectivos de jurisdicción nacional, con componentes como salarios, gasoil, GNC, seguros, vigilancia y mantenimiento de las unidades.
Por primera vez, incorpora los costos de la transición hacia colectivos a GNC y eléctricos. El esquema prevé la amortización de las inversiones para instalar estaciones de carga y recarga, además del costo financiero por la compra o reconversión de unidades.
El Gobierno justificó el cambio en la necesidad de calcular el costo total por kilómetro de cada tecnología, considerando no solo el precio de la energía sino también el rendimiento, el mantenimiento y la infraestructura.
Las compensaciones se financiarán con recursos del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y partidas presupuestarias transferidas al fideicomiso administrado por el Banco Nación. La resolución también establece que el financiamiento corresponde a la Nación, y elimina el desglose anterior que detallaba aportes por jurisdicción.
