Nación paga el boleto del centro y Corrientes pone la cara: la asimetría que indigna al interior
Mientras Nación aumenta los subsidios al AMBA, en Corrientes los pasajeros siguen pagando tarifas más caras y viajando en peores condiciones. ¿Hasta cuándo el interior va a financiar el boleto del centro?
El Gobierno nacional decidió aumentar los subsidios para los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una medida que evidencia un doble criterio: mientras el centro recibe compensaciones, el interior debe arreglárselas con recursos provinciales y municipales. Los trabajadores, estudiantes y jubilados de Corrientes reclaman la misma protección que los pasajeros porteños.
El incremento beneficia a 104 líneas de jurisdicción nacional que entre enero y el 19 de octubre acumularon $679.000 millones. Las cámaras empresarias, en tanto, venían reclamando $150.000 millones adicionales por año. Para los especialistas, la transparencia exige saber cuánto se pagó y qué recibió cada operador.
Un fondo que dejó de existir
En febrero de 2024 se eliminó el Fondo Compensador al Transporte Público del Interior. Desde entonces, ciudades como Corrientes sostienen sus servicios con tarifas y recursos propios, mientras se consolida una Argentina macrocéfala donde lo que pasa en el centro es nacional y lo del interior se trata como un problema local.
Las consecuencias van más allá del boleto: la provincia que subsidia el transporte resigna otras políticas, el pasajero pierde poder adquisitivo y la reducción de frecuencias empeora el acceso al trabajo, la educación y la salud. Nadie debería decidir sin criterios objetivos qué pasajeros reciben compensación y cuáles soportan el ajuste.
El Congreso, en deuda con el federalismo
La responsabilidad también alcanza al Congreso, que debe sancionar un régimen federal de financiamiento con una fórmula pública basada en demanda, vulnerabilidad social, distancias y capacidad fiscal. Las empresas, por su parte, deberían acreditar kilómetros, pasajeros y frecuencias: el dinero público tiene que traducirse en prestaciones comprobables.
Si la Nación retira un aporte y el costo reaparece en una provincia, un municipio o una familia, alguien debe explicar quién lo paga. Mientras el presupuesto trate de manera distinta a ciudadanos con necesidades semejantes, el interior seguirá discriminado en algo tan elemental como viajar a trabajar o a estudiar. La igualdad que promete la Constitución quedará en deuda con quienes viven lejos del centro del poder: el domicilio de un argentino no puede determinar cuánto vale su necesidad de viajar.