Narcolavado en Santa Cruz: el camión y los contratos que ahora van a desmenuzar los peritos
El camión, los contratos y los celulares secuestrados en Santa Cruz ya están sobre la mesa de los peritos. La causa que apunta a Lázaro Báez entra en su etapa más fina y lo que aparezca en esos archivos puede terminar de reconstruir la ruta del dinero.
La causa que tiene en la mira a Lázaro Báez como supuesto jefe de una red de narcotráfico y lavado de activos cumple dos semanas desde el primer gran despliegue y entra en su etapa más fina: desde este lunes, los peritos del fiscal Julio Zárate empiezan a abrir y cruzar el material secuestrado en la última oleada de allanamientos.
El viernes 20 de noviembre, siete registros se concretaron en cuatro puntos de Santa Cruz. La Jefatura de Región VII de Gendarmería Nacional, dependiente de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad Nacional, reportó formalmente las medidas a las 17:35.
Todo quedó encuadrado en el Legajo Fiscal Coirón N° 169831/26 y en el expediente FCR 17493/2026/2. Las diligencias incluyeron además la notificación de estrictas restricciones judiciales para los involucrados y se extendieron cientos de kilómetros por la provincia, con resultados distintos pero complementarios.
Qué encontraron en cada ciudad
En 28 de Noviembre, los equipos federales secuestraron equipamiento informático y de telefonía, documentación de interés, dinero en efectivo, un camión y un acoplado. Para los investigadores, ese vehículo de carga pesada y los papeles asociados tienen un valor estratégico: permiten reconstruir la trazabilidad de los activos, los circuitos reales de transporte y el resguardo patrimonial de bienes que debían estar alcanzados por medidas cautelares.
En El Calafate la comisión incautó un rifle y municiones. En Río Turbio el saldo incluyó armas de fuego, municiones y dispositivos electrónicos; en esa jurisdicción, además, se dejó sin efecto uno de los procedimientos previstos por expresa disposición fiscal.
Hacia el norte santacruceño, en Pico Truncado, la requisa permitió recoger un rifle, municiones, una mira telescópica y contratos privados, un respaldo documental clave para seguir el rastro de acuerdos comerciales, cesiones, arrendamientos o eventuales estructuras de cobertura. Otros domicilios inspeccionados en esa ciudad no arrojaron novedades de relevancia.
El inventario completo
El balance consolidado de los siete operativos totalizó seis rifles y una pistola, junto a cincuenta y tres municiones, el camión con su acoplado, dinero en distintas monedas y abundante documentación.
A ese conjunto físico se suma un caudal determinante de soportes digitales: una computadora de escritorio, seis notebooks, siete teléfonos celulares, dos tablets y otros aparatos electrónicos. La extracción forense y el posterior entrecruzamiento de ese material serán centrales para reconstruir conversaciones, planillas contables y nexos operativos entre los actores investigados.
En el terreno hubo una articulación técnica de alto nivel entre fuerzas federales. Participaron la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales, personal de UNIPROUSHUAIA y los especialistas de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses “Santa Cruz” de Gendarmería Nacional, que brindaron apoyo especializado a la Prefectura Naval Argentina (PNA).
La causa madre: 27 allanamientos y la celda de Ezeiza
El avance de estas diligencias se apoya sobre lo recolectado durante el estallido inicial del lunes 9 de noviembre, cuando veintisiete allanamientos en Santa Cruz, la provincia de Buenos Aires y la propia celda de Lázaro Báez en el penal federal de Ezeiza dejaron al descubierto cómo el empresario habría seguido administrando, desde su lugar de reclusión, campos, hacienda y fondos alcanzados por embargos, decomisos y restricciones judiciales.
En aquel primer relevamiento rural se contabilizaron noventa y seis bovinos y doscientos tres ovinos en la estancia La Entrerriana, además de mil trescientos ocho ovinos y seis bovinos en el establecimiento Alquinta. Por eso el juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, ordenó preservar estrictamente las condiciones sanitarias y de alimentación de toda la hacienda.
La Justicia dispuso además la clausura preventiva del Lubricentro Truck y del Lavadero Esperanza Trucks, dos comercios investigados como presuntos puntos clave para el movimiento de dinero y el acopio de estupefacientes.
Quiénes están detenidos y quiénes siguen el proceso en libertad
Por esta megacausa permanecen detenidos Lázaro Báez junto a su pareja Claudia Insaurralde, Cristian Sebastián Ibáñez, Fausto Ignacio Devetac, Jorge Manuel Ulloa, Jorge Elías Agustín Agüero y Oscar Raúl Núñez.
En tanto, Valentina Micaela Devetac, Paula Beatriz Godfrid, Mauro Gastón Trevisan Godfrid y Diego Ernesto Navarro transitan el proceso en libertad, aunque sujetos a rigurosas reglas de conducta, presentaciones periódicas ante los estrados judiciales, prohibición de salida del país y la orden expresa de evitar todo contacto entre sí o con los demás imputados.
Las escuchas que sostienen la hipótesis
La solidez de la hipótesis acusatoria quedó expuesta en las escuchas incorporadas al legajo, donde se registró a Báez impartiendo directivas precisas desde Ezeiza a Cristian Ibáñez y Claudia Insaurralde sobre el manejo de estancias, personal, alquileres, cobros y operaciones ganaderas.
En uno de esos registros de audio, el empresario afirmó: “El dueño de la historia soy yo”. En otra comunicación ordenó definir quién debía administrar la estancia La Entrerriana y advirtió que iba a “supervisar los dos lados”.
A ello se sumó el secuestro en su celda de al menos veinticinco hojas manuscritas y un cuaderno con nombres propios, proveedores, abogados, cuentas y referencias detalladas a operaciones y deudas, junto con contratos de arrendamiento y listados de deudores.
Con el eco aún fresco de los allanamientos del viernes en las cuatro ciudades santacruceñas, la pesquisa federal entra en el terreno más revelador. Cuando los peritos comiencen a abrir los discos rígidos, los celulares y los contratos incautados, la Justicia buscará determinar si detrás de cada camión, cada arma y cada arrendamiento se escondía el engranaje financiero y operativo de una red que pretendía seguir operando en las sombras.